La representante del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC), Mariana Nogales Molinelli, se apuntó una victoria en el Tribunal de Primera Instancia de San Juan luego de que la jueza Iraida Rodríguez Castro emitiera un fallo de “No Ha Lugar” a las denuncias que pesaban contra la representante por un supuesto esquema de evasión contributiva y fraude presentado por el Ministerio Público.
No obstante, la jueza sí encontró causa por los artículos 212 y 269 del Código Penal con respecto a los informes financieros de 2020 donde la prueba mostró que posiblemente se reportó una cantidad menor de ingresos de los realmente reportados y también por Nogales Molinelli no haber divulgado su participación en la corporación familiar como presidenta y tesorera.
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Por otra parte, la jueza desestimó todas las denuncias presentadas por los fiscales del Panel del Fiscal Especial Independiente (PFEI) contra la madre de la representante, Rita Molinelli Freytes y la corporación familiar Ocean Front Villas Corp, en Palmas del Mar, en Humacao.
José Andreu Fuentes, representante legal de Nogales Molinelli, pidió al tribunal que se honrara el derecho a fianza de la representante de manera privada y no a través de la Oficina de Servicios con Antelación al Juicio (OSAJ). También, el abogado de la representante también pidió a la jueza que emitiera una fianza baja ya que Nogales Molinelli, como funcionaria, no representaba un peligro de evasión de juicio.
Durante una vista que más pareció un juicio a fondo que una de Regla 6 de procedimiento criminal, el PFEI falló en presentar una prueba robusta que mostrara más allá de cualquier duda razonable de que la representante mantuvo un esquema de evasión contributiva y fraude junto a su madre utilizando la corporación familiar como parapeto.
Según la teoría del PFEI, la representante, en coordinación y contubernio con Molinelli Freytes, falló en incluir en sus planillas de contribuciones sobre ingresos y en su informe financiero a la Oficina de Ética Gubernamental (OEG) dos propiedades en Palmas del Mar de las cuales se beneficiaba económicamente a través de su renta a corto plazo.
Según había indicado el testigo del PFEI, Jossian Serrano, la representante supuestamente no había reportado un total de $299,930.91 al erario, mientras que Molinelli Freytes falló en reportar $939,797.32. Del mismo modo, Ocean Front Villas Corp presuntamente no había reportado $1,429,676.40.
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“Se dejó de pagar en su totalidad al gobierno $1,419,377 con contribución y penalidades aplicables”, dijo Serrano durante su testimonio.
“Aquí lo que puedo ver es un patrón donde no se reportó la totalidad de los ingresos por los cinco años... Se ve que consecutivamente (no se reportó ingresos) por los tres imputados”, aseguró.
Sin embargo, la defensa fue efectiva en demostrar que las dos propiedades poseen un acuerdo de usufructo entre Nogales Molinelli y Molinelli Freytes y que Ocean Front Beach Villas es una empresa propiedad únicamente de la madre de la representante. No obstante, los abogados fallaron en probar que no existía evidencia para absolver a la funcionaria sobre violación a los dos artículos del Código Penal.
Realidad económica
Antes de que el investigador del DH que testificó por parte del PFEI se sentara en el banquillo, los abogados de defensa intentaron sin éxito que la prensa desalojara la sala con el pretexto de que se haría pública información personal de la contribuyente protegida por el Código de Rentas Internas.
La jueza Rodríguez Castro no dio lugar a la oposición.
Sin embargo, la evidencia presentada por los fiscales arrojó luz sobre varios aspectos de la realidad económica de la representante del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC).
Son dos las propiedades de Nogales Molinelli las que se encuentran en controversia, Villa Crescent Cove #59 y la Beach Villa #144, ambas propiedades ubicadas dentro del exclusivo complejo de vivienda en Humacao, Palmas del Mar.
Según indicaron los fiscales, Villa Crescent Cove fue adquirida a un precio de $410,000 el 10 de abril de 2003, cuando la representante aún era estudiante universitaria, a través de un pareo de un préstamo hipotecario con el Banco Popular de Puerto Rico de $250,000 gestionado por la madre de la representante y $160,000 de los ahorros personales de la entonces estudiante.
Mientras que Beach Villa fue adquirido a un precio de $274,000 el 30 de junio de 2004 a través de otro préstamo hipotecario con la misma institución financiera.
Ambas propiedades son alquiladas a largo plazo según la evidencia presentada, no obstante, la naturaleza del negocio familiar Ocean Front Villas
Asimismo, durante un acalorado contrainterrogatorio a uno de los testigos de la defensa, los fiscales del PFEI produjeron un cheque de $70,000 que fue emitido por Molinelli Freytes a través de su empresa para la compra de una propiedad a uno de los hijos de la representante. El perito de la defensa, Ángel Marzán Santiago, expresidente del Comité de Asuntos Contributivos del Colegio de CPA de Puerto Rico, admitió en sala que el mismo debió haber sido reportado al DH, pero no se hizo.
Reacciones
Uno de los primeros en reaccionar a la determinación de la jueza, lo fue el coordinador electoral del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC), Manuel Natal Albelo, quien aseguró que tanto la colectividad como la representante Nogales quedaron “reivindicados”.
“Hoy tanto la representante Mariana Nogales, como el Movimiento Victoria Ciudadana, han quedado reivindicadas ante un pueblo que se cansó del bipartidismo corrupto y de quienes utilizan el gobierno para su lucro personal”, expresó en Twitter.
