La Alianza Energética de los Empleados y Jubilados de la Autoridad de Energía Eléctrica denunció que las cuentas del Sistema de Retiro de Empleados de la Autoridad de Energía Eléctrica (SRAEE) quedarán en cero cuando se hagan los pagos del fin de este mes de mayo.
En un comunicado de prensa, este organismo caloficó como “una estrategia concertada y maliciosa entre el gobernador de Puerto Rico, Pedro Pierluisi Urrutia; la Junta de Control Fiscal (JCF) y Omar Marrero, Director Ejecutivo de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (AAFAF)” la eliminación del fondo de pensiones del SRAEE.
PUBLICIDAD
“El gobernador Pierluisi y el Sr. Omar Marrero no quieren que el Sistema de Retiro (SRAEE) se mantenga vivo, quieren desaparecerlo. Por eso, los $64 millones de dólares que la Junta de Control Fiscal (JCF) autorizó transferir del presupuesto de la AEE a nuestro Sistema de Retiro para cubrir los meses de mayo y junio no han sido depositados. Esos millones de dólares se encuentran en las arcas de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), la misma que nos adeuda alrededor de $950 millones”, expusieron en su denuncia.
Johnny Rodríguez Ortiz, presidente de la Asociación de Jubilados de la Autoridad de Energía Eléctrica (AJAEE) y miembro de la Alianza, explicó que “por eso, la Autoridad solicitó el balance disponible en el fondo de pensiones para completar la nomina del 30 de mayo y tan pronto se cobren esos cheques, el fondo quedaría prácticamente en cero, impidiendo que el Sistema de Retiro cumpla con otras obligaciones contractuales, tales como los gastos funerarios de un miembro, liquidaciones de años de sueldos, entre otros”.
Rodríguez destacó que “esperamos que el Sistema de Retiro reciba el dinero necesario para cubrir las pensiones tres días antes de que salgan los cheques de nuestros pensionados, recordando que el lunes, 29 de mayo es feriado y los cheques deben estar depositados y disponibles el martes, 30 de mayo en las cuentas de los jubilados”.
“Estamos bajo la impresión de que la JCF va a ceder ante las exigencias de los bonistas, aumentando la oferta y disfrazando públicamente esa cantidad adicional, como el dinero para el pago de las pensiones”, manifestó el presidente de AJAEE.
“Los miembros que respaldamos estas declaraciones denunciamos el abuso emocional y desasociego que este gobierno continúa provocando a nuestros jubilados, muchos de ellos mayores de 90 años y otros con su salud comprometida, quienes diariamente llaman a nuestras oficinas para que le demos certeza de si su pensión estará disponible a fin de mes. Respuesta que no tenemos porque el gobierno se niega a proveernos esa información y continúa haciéndonos promesas falsas”.
PUBLICIDAD
Este documento está suscrito por: Josué Mitjá González, presidente de la UTIER; Ronald Vázquez, presidente del Capítulo e Jubilados de la UTIER; Johnny Rodríguez Ortiz, presidente Asociación de Jubilados de la AEE; Rafael Hernández Trujillo, presidente Distrito Autónomo Antonio Luchetti y Abraham García Román, presidente Asociación Gerenciales AEE.
¿Qué es el Plan de Ajuste a la deuda de la AEE?
La Junta de Supervisión Fiscal sometió el Plan de Ajuste de la Deuda (PAD) para la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) en diciembre del 2022 ante la jueza Laura Taylor Swain que preside los procesos de quiebra de Puerto Rico bajo la ley especial federal PROMESA. El documento de 114 páginas e incluye cargos adicionales a los abonados por 35 años que se reflejarán en la factura. La deuda a reestructurarse en la corporación pública es de unos $12,000 millones. El Plan propone distribuir entre los bonistas un instrumento de valor contingente (IVC). Si la AEE reembolsa sus nuevos bonos antes de los 35 años previstos, los bonistas recibirían los ingresos de la tarifa de conexión y el cargo volumétrico hasta el año 35, si la AEE supera las proyecciones de su Plan Fiscal Certificado. Para la mayoría de los acreedores, la AEE emitirá nuevos bonos con una tasa de interés anual del 6 por ciento pagados mediante un cargo híbrido que consiste en una tarifa fija de conexión y un cargo volumétrico que se añadirá a las facturas de electricidad de los clientes de la AEE en función de su consumo eléctrico. Los 800 millones de dólares estimados en Acreencias Generales No Garantizadas recibirán distribuciones basadas en el resultado del litigio de los bonistas. Además, el Plan contempla la emisión por parte de la AEE al Estado Libre Asociado de 400 millones de dólares en bonos a cambio de efectivo para financiar los pagos de los gastos administrativos, algunos de los cuales podrían ser reembolsados por la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA). El Plan propone ofrecer a los retirados de la AEE el mismo trato que a los retirados del Estado Libre Asociado en virtud del Plan de Ajuste del Título III del Gobierno de Puerto Rico. Dependiendo del resultado del litigio de los bonistas, el Sistema de Pensiones de la AEE también podría recibir parte de los fondos que, de otro modo, se pagarían a los bonistas. Este verano del 2023 sería la vista de confirmación del PAD de la AEE.
El contrato suplementario de LUMA Energy —empresa encargada de la transmisión y distribución de energía en Puerto Rico— se extendió por un año adicional, mientras se dilucida el PAD de la AEE. LUMA se reservó el derecho a salir del contrato dependiendo del resultado de la reestructuración de la deuda de la AEE.
Perjudicial para Puerto Rico Plan de Ajuste de la Deuda de la AEE
Un panel de tres peritos coincidió ayer en que, de ser aprobado por la magistrada Laura Taylor Swain, el Plan de Ajuste (PAD) para la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) propuesto por la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) sería nefasto para Puerto Rico. Durante una conferencia de prensa desde el Colegio de Abogados de Puerto Rico, los economistas José Alameda y Ramón Cao, en compañía de Tom Sanzillo, director de análisis financiero del Instituto de Economía Energética y Análisis Financiero (IEEFA, en inglés) advirtieron sobre la inviabilidad del acuerdo y las consecuencias del aumento proyectado a la tarifa de energía.
“Aumentos en las tarifas de la magnitud que contempla la Junta impactarían negativamente la economía pues disminuiría el nivel de actividad económica a lo largo del tiempo lo que también redundaría en una reducción de más de 75,000 empleos para el año 2030″, advirtió Cao.
El economista indicó además que en su análisis encontró varios puntos preocupantes del PAD, entre estos que el mismo está basado en una serie de supuestos que no son “económicamente razonables” y que tampoco considera los efectos macroeconómicos que tendría en la isla.
Por otro lado, Alameda, quien también es especialista en asuntos fiscales, coincidió en que la imposición del cargo heredado crea una carga adicional para los residentes, así como para los sectores industriales y comerciales reduciendo los ingresos del gobierno central.
“Cuando se considera el impacto del Legacy Charge junto con el pago de la deuda del gobierno central y las transferencias al Commonwealth Trust Fund, se vuelve insostenible el Plan Fiscal propuesto por el gobierno central”, señaló.
De otra parte, Sanzillo, quien además es experto en asuntos energéticos y financieros, aseguró que el PAD propuesto no es viable y no proporciona los recursos capitales y operacionales necesarios para garantizar un servicio eléctrico confiable y asequible para Puerto Rico.
