Un informe de la Contraloría de Puerto Rico que fue referido al Departamento de Justicia reveló que el Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR) pagó más de un millón de dólares a la Autoridad de Alianzas Público Privadas (AAPP) sin un contrato escrito.
Según la auditoría, el DCR pagó un total de $1,691,571 a la agencia gubernamental el 13 de septiembre del 2018 por el reembolso de gastos incurridos en el análisis del desarrollo de dos instituciones correccionales, bajo la modalidad de alianzas público-privadas. El mismo incluía $1,383,124 de los trabajos realizados por la Autoridad relacionado con el proyecto, $165,974 por cargos por servicios y $142,473 por intereses de la línea de crédito.
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El análisis de la Contraloría indica que el Departamento de Corrección no formalizó un contrato escrito de asistencia con la Autoridad.
“La ausencia de contratos escritos, puede propiciar que se presenten reclamaciones fraudulentas e ilegales”, advirtió la Contraloría en el informe.
Además, la auditoría también reveló que el Departamento de Corrección y Rehabilitación no ha utilizado el equipo tecnológico de dos de los siete laboratorios educativos, adquiridos por trescientos trece mil, setecientos siete dólares, a pesar de haber transcurrido más de dos años desde su instalación.
“Esto no solo supone un despilfarro de recursos, sino que priva a los internos de la oportunidad de adquirir nuevas habilidades y conocimientos”, añade el informe de la Contraloría.
El informe también evidenció el pago de diecisiete mil, ochocientos sesenta dólares a un contratista por horas de adiestramiento no realizados.
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Se detectaron, además, múltiples desviaciones de la reglamentación en relación a los contratos de servicios profesionales y consultivos y deficiencias en el procesamiento de facturas para pago.
Finalmente, el informe destacó un caso en el que una contratista facturó diecisiete mil, seiscientos setenta y dos dólares por trabajos en horarios que confligían con otros trabajos facturados a otras entidades gubernamentales.
“Estas situaciones se remitieron a la consideración del secretario de Justicia el 12 de mayo de 2022″, concluyó la Contraloría.
