El director de la Oficina de Incentivos para Negocios en Puerto Rico del Departamento de Desarrollo Económico, Carlos Fontán explicó a Metro Puerto Rico que más de 10,000 puertorriqueños se benefician de los incentivos otorgados bajo la Ley 60 conocida como Ley del Código de Incentivos de Puerto Rico y que la idea de que estos incentivos son solo para los extranjeros es errónea.
Según el Departamento de Desarrollo Económico el objetivo de la ley es impulsar el desarrollo económico en Puerto Rico. Además, provee certeza relacionada con los tipos de incentivos que Puerto Rico ofrece para atraer inversiones y crear empleos en sectores como la manufactura, turismo y agricultura; así como el aeroespacial, biociencias, tecnología, energía renovable, emprendimiento y servicios de exportación. Esta Ley consolidó decenas de decretos, incentivos, subsidios, reembolsos, o beneficios contributivos o financieros existentes, entre los que se encontraban la Ley 20-2012 y la Ley 22-2012.
Sin embargo, Fontán explicó que la Ley estipula que no son elegibles aquellas personas que fueron residentes en Puerto Rico de enero de 2006 a enero del 2012.
“La idea más equivocada que la gente tiene es que esto es para el de afuera y ese mensaje cala tanto que el puertorriqueño dice esto es para el de afuera ni para allá no voy a mirar. Esto me frustra mucho en mi carácter de director, Este mensaje es errado, esto es para todo aquel que cualifique”, añadió.
“La Ley 60 tiene 300 páginas y es elegible todo aquel que cumpla con los requisitos especificados en cada capítulo. Y esto puede ser desde un empresario que tiene menos de 36 años en su casa elaborando aplicaciones, hasta la manufacturera multinacional que está en Puerto Rico manufacturando dispositivos médicos, que el código es bastante amplio”, comentó Carlos Fontán.
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Además, dijo que no se toma en consideración si es una entidad foránea si es doméstica siempre y cuando sea una entidad autorizada para hacer negocios en Puerto Rico.
De igual forma, Fontán aseguró que el año pasado rompieron récord de casos aprobados de jóvenes empresarios, fueron 282 decretos aprobados. “Son 282 jóvenes que están emprendiendo por primera vez su negocio a nivel comercial y ese es el tipo de decreto que se pierde con esta discusión que yo digo que es la fijación que tenemos con el programa este de los inversionistas de la Ley 22″, afirmó y añadió el 40% de los beneficiarios son puertorriqueños
Por otro lado, ante cuestionamientos sobre el pago de planillas de los inversionistas bajo la Ley 22 Carlos Fontán dijo que en el 2020 estos inversionistas pagaron $159.4 millones en contribuciones sobre ingresos.
“Nosotros tenemos más de 40 programas de incentivos y los mas que aportan son las manufactureras, los que exportan servicios y los individuos residentes inversionistas”, explicó, y dijo que esto era así porque los incentivos que ofrece la ley se circunscriben a ingresos provenientes de dividendos, de intereses e ingresos de ganancia capital que provenga de valores.
A manera de ejemplo, el director de la Oficina de Incentivos dijo que, si un individuo se traslada a Puerto Rico y devenga salario, ese salario tributa a tasa ordinaria, si ese individuo adquiere una propiedad y la alquila ese canon de arrendamiento tributa a tasa ordinaria.
El senador del Partido Nuevo Progresista (PNP), Thomas Rivera Schatz, y senador por el Partido Popular Democrático (PPD), Juan Zaragoza presentaron el Proyecto del Senado 684 (PS 864) hacer enmiendas a la Ley 22.
Dentro de las enmiendas se encuentra que los nuevos beneficiarios de la Ley 22 estarían obligados a realizar inversiones en Puerto Rico que sobrepasen el millón de dólares para recibir beneficios mayores a los establecidos actualmente.
Ante esto Fontán dijo que luego de analizarlo emitirá su postura. Sin embargo, aseguró que se han hecho estudios que apuntan que estas leyes han sido efectivo para la economía de Puerto Rico
“Mientas continuemos haciendo estudios y estos estudios establezcan que son beneficios para la economía puertorriqueña estaremos apoyando tanto el programa de ley 22 como cualquier otro tipo de programa de este tipo”, comentó.
Por otro lado, aseguró que no ha recibido ningún tipo de cuestionamiento de parte de la Junta de Supervisión Fiscal en cuanto a los decretos que han sido otorgados.
“La Junta ha levantado bandera cuando se trata de enmendar la ley y cambiar algunas disposiciones pues ya es dentro del ámbito legislativo pues ellos hacen expresiones referentes a esas enmiendas. Pero referente a decretos que nosotros hayamos aprobado ahí no porque eso ya es una ley que esta vinculante y como se evalúan los casos de conformidad a los parámetros que establece la ley pues por lo menos a mí no me han contactado para decirme que algún caso en particular hay que mirarlo porque el decreto no procede”' concluyó Fontán.