Del CPI
Una pequeña compañía de tecnología llamada SupportPR, de un donante y colaborador del gobernador Pedro Pierluisi, ha dominado y establecido pautas de contratación en los trabajos de tecnología en el Departamento de Salud (DS) desde la pandemia y que superan los $144 millones.
Por lo menos, la mitad de esos pagos han ido a parar a compañías vinculadas a donantes del Gobernador y de otros políticos del Partido Nuevo Progresista (PNP), según surge del registro de donantes de la Oficina del Contralor Electoral (OCE).
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Los contratos de SupportPR forman parte de un costoso patrón en las contrataciones de servicios de tecnología en Salud que poco han mejorado el rendimiento o datos disponibles, reveló una investigación del Centro de Periodismo Investigativo (CPI), que encontró además, posibles cobros inflados, duplicidad de servicios y contrataciones innecesarias. Mientras tanto, el área de Planificación, Evaluación y Estadística de Salud, a la que pertenece la división interna de tecnología de la agencia que agoniza, tiene un presupuesto anual de apenas $4.4 millones.
SupportPR también está al centro de una investigación que realizan la Oficina del Inspector General del Departamento de Salud Federal (HHS-OIG en inglés) y la Fiscalía Federal sobre posible malversación de fondos federales por parte de esta y al menos otras seis compañías, revelaron al CPI fuentes allegadas a la pesquisa. El Negociado Federal de Investigaciones (FBI en inglés) también ha tomado interés en el caso por un posible cruce con el caso de corrupción de los primos Pierluisi, según supo el CPI. Las tres agencias dijeron que no pueden confirmar ni negar la existencia de investigaciones en torno al asunto.
La investigación de HHS-OIG incluye los contratos de Orsys Consulting, Nagnoi, Intervoice Communication of Puerto Rico, Health Gorilla, NTT Data EAS y Digheontech. Estas empresas, junto a SupportPR, han sumado casi $70 millones en contratos desde el 2020.
El gerente general de SupportPR, Rubén Vázquez Nieves, ni su directora ejecutiva, Yadira Galarza Berríos, estuvieron disponibles para entrevista, expresó la abogada de la compañía, María Domínguez Victoriano.
Digheontech y Health Gorilla fueron las únicas dos compañías que estuvieron disponibles para entrevista. El vicepresidente de Digheontech, Peter Díaz, reconoció que la HHS-OIG les ha solicitado información y aseguró que están colaborando. No obstante, afirmó que si los investigadores hacen su trabajo correctamente, “no vamos a ser tarjeta [objeto de la investigación] porque nosotros no hemos hecho nada ilegal”. Digheontech fue una de las principales empresas que trabajó con el monitoreo y publicación diaria de los datos de COVID-19 durante el pico de la pandemia, así como en el desarrollo y manejo del sistema de control de entrada de visitantes infectados por los aeropuertos del País.
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Por su parte, Javier Jiménez Jirau, vicepresidente de Health Gorilla para América Latina y Asuntos de Gobierno, dijo que la compañía no está siendo investigada por las autoridades federales y que tampoco les han requerido información, ni ningún empleado ha sido entrevistado.
El vicepresidente de Digheontech — que realizaba trabajos de tecnología para el DS desde 2009 por medio de su empresa predecesora UAI Caribbean — sostuvo que Vázquez Nieves intentó imponerle a su empresa que subcontratara a compañías particulares. Díaz dijo que lo usual en la industria es que cada compañía escoge sus propios técnicos de acuerdo a las cotizaciones de tarifas que les presentan.
“Rubén [Vázquez Nieves] llevaba un tiempo en la agencia. Cuando llega [el Secretario] Carlos Mellado [Lopez], él se quedó en la agencia. Pero en ese momento, él [Vázquez Nieves] comienza a tomar control de todas las iniciativas tecnológicas de Salud, que no solo incluían la pandemia, sino también otras áreas como Medicaid, Medicare y otras secciones”, dijo Díaz.
“Lo que no nos parecía agradable, ni nos parecía moral, ni nos parecía legal, era que un asesor estuviera diciendo en específico qué compañías debían hacer qué y que a su vez esas compañías tuvieran algún vínculo o sociedad con él”, dijo Díaz, e indicó que Salud terminó por cancelarle el contrato a Digheontech, a su juicio, por no prestarse para estas movidas. La versión del principal oficial administrativo del DS, Esdras Vélez Rodríguez, y de su ex jefe de informática Rafael Gralau, es que le cancelaron el contrato porque ya no era necesario.
Apuntan a reuniones con Andrés Guillemard
Asimismo, el vicepresidente de Digheontech dijo que, aunque personalmente no ha participado de reuniones con el cuñado del gobernador Pedro Pierluisi, Andrés Guillemard Noble, conoce a contratistas que sí han participado y que aseguran que el abogado es la fuerza detrás de Vázquez Nieves y de la repartición de las contrataciones de tecnología en la agencia. Esta información fue confirmada al CPI por seis fuentes en entrevistas por separado. Guillemard Noble y Mellado López son vecinos y amigos.
“Me ha llegado prueba de referencia, definitivamente, de que él [Guillemard Noble] tiene un gran control sobre este grupo de compañías que entraron a Salud. Inclusive nos llegaron a recomendar que fuéramos a través de él [para conseguir contrataciones posteriores]. La compañía decidió no aceptar ese tipo de recomendación porque no me pareció algo propio, algo moral”, dijo.
Cuatro fuentes que hablaron con el CPI ubican a Guillemard Noble en reuniones sobre asuntos de tecnología y las pugnas en el DS con Vázquez Nieves y otros contratistas, tanto en sus oficinas de Miramar como en el hotel Vanderbilt en Condado. En una de esas reuniones presuntamente estuvo presente también Walter Pierluisi, primo del Gobernador acusado por las autoridades federales, quien ayudaba a agilizar pagos en Salud, según las fuentes.
Guillemard Noble declinó contestar las preguntas del CPI sobre este tema. Vázquez Nieves tampoco contestó si se había reunido con Guillemard Noble.
Díaz también confirmó información provista por fuentes internas con pericia tecnológica en torno al mal uso de dinero en el otorgamiento de contratos porque el DS requirió volver a hacer trabajos que habían sido exitosos en el pasado y que estaban funcionando en el área de tecnología. Igualmente, el DS dejó perder costosos equipos y plataformas desarrolladas por falta de mantenimiento. Por ejemplo, el DS desechó el dashboard que mostraba los datos del COVID-19 durante el 2020, y contrató a Orsys para reemplazarlo con un nuevo despliegue, que incluso contenía menos información que el original.
“O los directivos del Departamento de Salud están siendo negligentes al descartar tecnología existente, tecnología que ya compraron, tecnología que pueden implementar y que ya implementaron, para comprar tecnología nueva para hacer lo mismo, o hay alguna motivación detrás de esto que la desconozco. No puedo decir a ciencia cierta cuál es, pero definitivamente conlleva erogación de fondos públicos, de fondos federales, innecesariamente”, sostuvo Díaz.
Cómo llegó SupportPR a Salud
La historia de SupportPR con el Departamento de Salud comenzó en el verano del 2020 durante la administración de la gobernadora Wanda Vázquez Garced. En abril de ese año, en medio del corre y corre de la emergencia salubrista por la pandemia, el entonces secretario de Salud, Lorenzo González Feliciano, trajo a Johnny Colón González para atender los asuntos administrativos de la agencia. Este funcionario había dirigido la Oficina de Preparación y Coordinación de Respuesta en Salud Pública, mejor conocida como Bioseguridad, durante la primera incumbencia de González Feliciano en la Secretaría de Salud, en el 2012. Colón González contrató casi de inmediato a SupportPR para hacer “una auditoría forense de los sistemas de información” y dar servicios generales de consultoría, reconoció el propio Colón González en entrevista con el CPI. Durante su trayectoría en el servicio público, Colón González ha ocupado diversas posiciones de confianza y como contratista bajo gobiernos novoprogresistas.
Según reveló Colón González, Vázquez Nieves le hizo un acercamiento durante el verano del 2020 para que le ayudara con un proyecto y para que contratara a SupportPR para atender asuntos en la oficina de informática. El secretario González Feliciano accedió a contratarlo. No obstante, el funcionario nunca vio la auditoría forense para la que se contrató a SupportPR porque ya no estaba presente en Salud cuando la empresa la entregó a Cólon González, el 18 de diciembre de 2020, dijo este último. Aunque todavía González Feliciano era el Secretario en propiedad, tampoco supo que Colón González le extendió el contrato un mes más mediante enmienda, el 30 de diciembre de 2020, a 24 horas del cambio de administración de Gobierno y en medio del receso navideño, reconoció.
Menos de un mes después, el 26 de enero de 2021, el secretario Mellado López firmó otra enmienda cambiándole la distribución de horas a SupportPR para que cobrase lo mismo rindiendo menos horas, y agregando una cláusula para que este contrato fuera administrado directamente por el Secretario Auxiliar de Administración. La movida dejó fuera del rol al director de Oficina de Informática y Avances Tecnológicos (OIAT), funcionario a quien en el contrato original se le asignaba el deber de certificar la labor realizada. Ni el entonces secretario auxiliar, Colón González, ni el actual, Vélez Rodríguez, tienen expertise en tecnología.
González Feliciano no accedió a ser entrevistado para esta historia.
Colón González, quien admitió al CPI que era amigo de Mellado y se quedó en su puesto con el cambio de administración, justificó su decisión de extender el contrato señalando que necesitaba que hubiese continuidad en los servicios tecnológicos, dada la precaria situación de personal y peritaje de la OIAT.
Cuando se le preguntó cómo evaluaba los servicios de SupportPR, Colón González dijo que inicialmente quedó satisfecho con la labor de la empresa y que “los trabajos se hicieron”, pero que la dinámica con la compañía cambió tras la llegada del secretario Mellado López. Dijo que Vázquez Nieves comenzó a alinearse con compañías y personas cercanas a la nueva administración de Gobierno con los que no estaba de acuerdo y que coincidieron con un aumento sustancial en el monto de sus contratos.
“La dirección la había asumido el grupo nuevo del secretario Mellado [López] y las decisiones sobre asuntos de la administración, las corría Esdras Vélez, y básicamente el poder decisional, la determinación de las prioridades”, indicó.
Mellado López mantuvo a Colón González en un puesto de confianza como ayudante especial, pero lo puso a cargo de fondos federales, y a los cuatro meses lo removió de esa posición y lo envió a redactar contratos a la Administración de Servicios Médicos (ASEM), donde está al presente, dijo Colón González. El Secretario no contestó la pregunta del CPI de por qué removió al funcionario de estos puestos.
Uno de los actos indebidos que presuntamente presenció Colón González fue que, tras un par de meses frente a la oficina de fondos federales, Vázquez Nieves y su socia encomendaron una auditoría, según él innecesaria, a una empresa de tecnología que, a su juicio, no estaba cualificada. Como resultado, el DS pagó $200,000 en fondos federales provenientes de los Centros para la Prevención y Control de Enfermedades (CDC, en inglés).
“Los fondos se utilizaron de una forma que considero yo impropia y así se lo dejé saber al CDC. Y eso fue la gota que colmó el vaso porque a raíz de eso el Secretario me pidió que saliera”, dijo.
Contratos millonarios innecesarios a conectados
Seis fuentes con conocimiento directo sobre las contrataciones, quienes hablaron bajo condición de anonimato, sostuvieron en entrevistas por separado que muchos de estos contratos son innecesarios y simplemente son concedidos a personas conectadas con los partidos políticos de mayoría. Algunas de las tareas encomendadas son importantes, pero se les asignan a compañías o personas sin la capacidad de hacer adecuadamente el trabajo. Esa incapacidad les obliga a subcontratar servicios a otras personas o empresas para que hagan la labor que tenía que hacer directamente la firma contratada por Salud.
“Se las dan a un pana, que a su vez llama a otro pana para que le ayude, y el trabajo nunca se hace”, dijo una de las fuentes.
Pese a las alegaciones del ex subadministrador del DS Colón González, la investigación del CPI encontró que los problemas con la empresa eran patentes desde la contratación inicial de la empresa bajo su incumbencia. Un análisis de las facturas de SupportPR, así como testimonios de fuentes internas que solicitaron anonimato, apuntan a posibles cobros inflados y por labores innecesarias en la agencia.
El ex administrador de OIAT, Alexander Quevedo, confirmó el análisis del CPI al señalar que este contrato, al igual que el de Digheontech, le fueron impuestos por Colón González y negociados a sus espaldas. Aseguró que, como Jefe de Tecnología del DS, pidió a Colón González las propuestas de ambas empresas para evaluarlas, pero nunca recibió respuesta y poco después fue removido de esta posición por el secretario González Feliciano. Permaneció en otra posición concurrente que ocupaba como Coordinador de Informática Médica de Salud, un nombramiento a siete años.
“En el momento de la pandemia, tal vez, los servicios de Digheontech eran necesarios. Los servicios del señor Rubén Vázquez [SupportPR] no eran necesarios ni para el momento, ni en términos de la cuantía que se le contrató”, afirmó.
Quevedo fue despedido fulminantemente de su último puesto sin explicación mediante una carta firmada por la actual secretaria de la Gobernación, Noelia García, hace tres semanas, dijo al CPI. Mellado López no precisó el porqué fue despedido. Solo dijo que el funcionario fue removido del puesto por el gobernador Pierluisi. Tres fuentes del DS indicaron que González Feliciano ya había comenzado el proceso para remover a Quevedo de la posición, a través del aún director legal de la agencia Miguel Verdiales, y que el abogado recibió el documento “ordenando la remoción de Quevedo” firmado por la entonces gobernadora Wanda Vázquez Garced. Se le preguntó a Mellado López porqué no continuó el proceso y se le pidió copia del documento, y el galeno respondió: “La ex gobernadora no destituyó al Sr. Quevedo”.
Al cierre, Vázquez Garced no había respondido llamada, o mensaje de texto sobre el tema.
Más poder a SupportPR por la vía de enmiendas
El 29 de enero de 2021, un día antes de que expirara la segunda enmienda al contrato de SupportPR, Colón González volvió a enmendar el contrato de esta compañía por tercera ocasión. Esta vez le asignó $2.7 millones, una cifra que representa casi el triple del contrato original.
De la noche a la mañana, SupportPR pasó de haber tenido $684,000 en contratos durante seis años — de 2014 a 2019 — en el Departamento de la Familia, en la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados, y en los municipios de Toa Baja y Naranjito; ninguno en Salud, a obtener casi $10 millones en menos de tres años — de 2020 a 2023 — solo en Salud.
La compañía SupportPR pertenece a Rubén Vázquez Nieves, un colaborador de varias campañas políticas del gobernador Pierluisi y a Yadira Galarza Berríos, una abogada allegada a Mellado López. Vázquez Nieves, ingeniero de profesión, es también amigo de la juventud del cuñado de Pierluisi, Andrés Guillemard Noble, según cuatro fuentes con conocimiento directo de la relación. También, fue donante de la campaña a la gobernación de Pierluisi y apoyó con aplicaciones de anticipo de resultados de votación y proyecciones, indicaron las fuentes. Galarza Berríos fue la asesora legal de Mellado López en 2012 cuando el funcionario fue Procurador del Paciente, y también ha sido donante del gobernador Pierluisi.
Facturación no cuadra con los resultados
La investigación del CPI reveló que la facturación millonaria de esta empresa no es compatible con los trabajos realizados, ni con el personal que la compañía sostiene que hizo las funciones. Por ejemplo, como resultado del primer contrato por el cual SupportPR facturó $1 millón en cuatro meses, la empresa entregó al DS una auditoría forense de 53 páginas, dos manuales de políticas y procedimientos para dos divisiones dentro del Departamento, una “Guía para el manejo de sistemas y equipos y otras medidas de prevención contra el contagio del COVID-19″ y una “Presentación al entonces Secretario con recomendaciones y plan de implementación”, según un documento de trámite obtenido por el CPI.
Además, las facturas incluyen cobros por miles de horas de trabajos administrativos, de monitoreo y seguimiento, y de manejo de proyectos, labores que no son la razón de ser de las contrataciones de servicios tecnológicos, por tarifas que son hasta 10 veces mayores a las que Salud y otras agencias de Gobierno pagan a sus empleados por este tipo de trabajo. Un análisis de las primeras tres facturas sometidas por la empresa arrojó 2,024 horas por este tipo de trabajos administrativos, más de una tercera parte del monto total de las facturas. En contraste, por ejecución de proyectos, se cobró 288 horas, y por análisis de software, solo nueve horas.
Según las facturas, así como los informes de facturación y pago presentados al DS, desde agosto del 2020 hasta julio del 2022, SupportPR facturó desde $120,000 hasta $915,000 mensuales por servicios presuntamente prestados por hasta 40 personas que cobran tarifas de entre $50 y $125 la hora. Al menos cuatro fuentes internas indicaron que SupportPR cuenta con un solo experto en tecnología, el propio dueño, Vázquez Nieves. El CPI hizo una búsqueda de todas las personas a nombre de las cuales SupportPR facturó a Salud y solo pudo encontrar dos que se identifican públicamente como trabajadores de la compañía: Vázquez Nieves y Galarza Berríos.
Una tercera persona, un ex agente del FBI y ex asesor de seguridad del depuesto gobernador Ricardo Rosselló Neváres, Héctor G. González Arroyo, también era presentado como uno de los trabajadores fijos de la empresa, aseguraron fuentes, pero en realidad era un contratista que, según el Registro de Corporaciones, tiene una empresa de seguridad, International Intelligence Group.
Un contratista de la empresa afirmó que SupportPR “no tiene ningún empleado, trabajan con contratistas, proyecto a proyecto”.
“Support contrata contratistas, corporaciones, y/o individuos a necesidad de servicio de los contratos”, respondió por escrito la licenciada Domínguez Victoriano a nombre de la compañía cuando se le preguntó si tenían algún empleado.
Los contratos de SupportPR contienen cláusulas contradictorias y vagas sobre la subcontratación. Por un lado el DS le prohíbe la subcontratación de labores “esenciales”, pero no detalla qué significa esto, y por el otro, le permite la subcontratación de “servicios personales y profesionales”.
El CPI encontró que la mayoría de las personas que SupportPR consigna en las facturas como que, a través de la empresa, rindieron hasta más de 40 horas de servicios a la semana al DS, se identifican en sus perfiles profesionales y de redes sociales como empleados de Orsys Consulting, que es la otra compañía de tecnología que a la vez tenía $6 millones en contratos con DS.
Entre ellos, uno de los dos dueños de Orsys, Willian Suárez Sagayo, quien aparece consistentemente en las facturas de SupportPR prestando hasta 250 horas mensuales por servicios al DS. El jefe de informática de Salud en aquel momento, Rafael Graulau, dijo al CPI que para él Suárez Sagayo trabajaba para SupportPR y que desconocía de su relación con Orsys. Graulau era el responsable de supervisar ambos contratos. Otros dos programadores de la agencia se encargaban también de fiscalizar las 37 compañías contratadas.
Suárez Sagayo, también donante de Pierluisi, fue contactado por el CPI, pero rechazó contestar preguntas sobre el aparente conflicto entre la facturación simultánea por sus trabajos con ambas compañías. Tampoco estuvo disponible para explicar cómo algunos de sus empleados en Orsys eran incluidos a la vez en las facturas de SupportPR.
Otras de las personas que figuran en las facturas de SupportPR se identifican como empleados o exempleados o contratistas de Triple S, Lift, Systech Consulting, Deeplogics Labs y hasta con la Autoridad de Energía Eléctrica. Algunos, e incluso como propietarios de sus compañías. Ninguno menciona en su historial laboral a SupportPR.
“Eran él [Vázquez Nieves] y tres más, pero facturaban como 100″, dijo una fuente con conocimiento directo que pidió permanecer en el anonimato. Otras cuatro fuentes confirmaron por separado esta información e incluso indicaron que cuando Colón González le firmó el contrato de servicios, Vázquez Nieves no tenía ni siquiera oficina propia y que operaba desde el Departamento de Salud.
Cuando el CPI le preguntó a Graulau sobre el hecho de que SupportPR facturaba servicios presuntamente prestados por decenas de personas, algunos de ellos, Orsys Consulting, se mostró sorprendido. Dijo que no es normal que una compañía contratada por el DS subcontrate a personas que trabajan para otra empresa contratada por el DS.
“Yo soy uno que he visto situaciones donde pueden subcontratar [personal] de otra empresa, pero subcontratar a alguien que es dueño de un[a compañía] contratista, ya eso le puedo garantizar que no [lo he visto]”, indicó Graulau.
De una revisión de las facturas, el CPI también detectó miles de dólares en facturaciones por servicios prestados por personas cuyas formaciones profesionales parecen incompatibles con los servicios prestados. Este es el caso, por ejemplo, de González Arroyo quien estudió mercadeo, y ocupacionalmente se ha dedicado a la consultoría en seguridad, pero a través de SupportPR facturó cientos de horas a Salud por hacer análisis de datos.
González Arroyo no quiso contestar preguntas sobre el tema, pero un contratista de SupportPR indicó al CPI que el ex agente no tiene preparación en asuntos de tecnología y manejo de datos, y sus labores eran administrativas y dar seguimiento a trabajos asignados.
De otra parte, el CPI también encontró que el DS asignó labores repetidas, redundantes y enmiendas que elevaron exponencialmente el poder de facturación de SupportPR por ciertas tareas. Por ejemplo, una de las enmiendas les permitía facturar hasta $150,000 por participar en reuniones presenciales o virtuales. Antes solo podían cobrar hasta $32,000 por la asistencia a reuniones.
Además, dos enmiendas al contrato le permitían a la compañía facturar horas adicionales por tareas de auditoría forense, a pesar de que ya SupportPR había finalizado la auditoría y entregado un informe de hallazgos el 18 de diciembre de 2020.
El principal oficial de administración de Salud, Esdras Vélez Rodríguez, ni su jefe y ex jefe de tecnología pudieron precisar al CPI qué otros servicios de auditoría hizo SupportPR después de entregar el informe, si alguno.
“Bueno, si estamos hablando de auditoría forense como tal, que yo tenga conocimiento, yo solamente los envolví a ellos en un proceso de auditoría forense, uno en particular. Yo no les puedo decir a ustedes de varias, no tengo conocimiento de eso”, indicó Graulau, quien en la entrevista dijo que solamente tiene conocimiento de una sola auditoría forense.
Estas dos enmiendas que permitían facturar horas adicionales a SupportPR para tareas de auditoría fueron firmadas por Mellado López y Colón González, el 26 y 29 de enero de 2021, respectivamente.
El informe final de la presunta auditoría de SupportPR, que no tiene el rigor y detalle usual de una auditoría, según tres expertos consultados que pidieron protección de su identidad, hace imputaciones que tendrían consecuencias “catastróficas” para el DS si no son atendidas. No obstante, son situaciones vagamente descritas y sin pormenorizar, detallar o apoyar con evidencia.
Un auditor forense consultado para esta historia, quien pidió no ser identificado porque la empresa para la cual trabaja les prohíbe hacer expresiones públicas, indicó que una auditoría forense tiene que cumplir con estándares éticos y profesionales. Entre ellos, investigar un asunto particular en torno a una sospecha de desvío de normas, por parte de un profesional certificado en la materia evaluada, contra un marco reglamentario o de prácticas profesionales específicas, y todo esto debe estar descrito en una metodología. Además, la auditoría debe llegar a una conclusión concreta y asignar responsabilidades, si procede. El informe final de la presunta auditoría forense de SupportPR no cumple en ninguna forma con estas normas.
“Muchas veces me llamaban para que hiciera eso mismo [una evaluación amplia] en agencias, y yo decía que no. Realmente eso no es ético”, dijo el auditor.
La “auditoría forense” de SupportPR entra a evaluar áreas que no le fueron solicitadas, como la Oficina de Asuntos Externos que maneja los entre $450 millones y $800 millones en fondos federales que ha recibido Salud anualmente desde el 2020. El informe dedica casi una quinta parte de sus páginas a proponer “proyectos nuevos”. Lista 181 “proyectos nuevos” en una amplia gama de áreas programáticas, la mayoría ajenas al tema tecnológico. Las propuestas de SupportPR cubren áreas que abarcan desde el cuidado a los adultos mayores hasta los hospitales y los laboratorios, así como establecer un sistema de rastreo de contactos y rehacer el dashboard de datos de Covid-19, sistemas que existían y habían funcionando durante la etapa más crítica de la pandemia.
Vázquez Nieves y Galarza Berríos declinaron una petición de entrevista tramitada a través de la abogada y ex fiscal federal María Domínguez Victoriano, quien dedica gran parte de su práctica a los casos penales. Aunque aclaró que es abogada de la corporación, no de Vázquez en su carácter personal, indicó al CPI que estará atendiendo las peticiones de información o prensa que el CPI quiera hacerle a Vázquez.
El CPI le solicitó a Domínguez Victoriano la entrevista con los principales ejecutivos para discutir todos los asuntos de facturación y labores rendidas al DS a cambio de los casi $10 millones en contratos, así como las alegaciones de sus conexiones políticas e influencias en el DS planteadas en esta historia, pero Domínguez Victoriano dijo que no darían entrevista.
“Nos sentimos tranquilos que Support ni sus principales han incurrido en ninguna conducta delictiva y seguiremos colaborando con las gestiones investigativas”, sostuvo la licenciada Domínguez Victoriano en declaraciones escritas.
Mellado López responde, pero no contesta
Mellado López dijo mediante su directora de comunicaciones, Lisdián Acevedo, que no daría entrevista al CPI sobre el tema de esta historia.
Delegó en su principal oficial administrativo, Vélez Rodríguez, en el jefe de OIAT, Hiram Rivera, y en el exjefe de OIAT, hoy empleado del Programa de Medicaid, Rafael Graulau, el responder las preguntas del CPI. El CPI le envió preguntas por escrito, pero la mayoría de sus respuestas fueron evasivas o incompletas. Entre ellas, si es amigo de Guillemard Noble y quién le recomendó a Vélez Rodríguez para el puesto. La respuesta fue: “Se contrató luego de un proceso de evaluación por su experiencia de muchos años en administración pública”. Tampoco precisó por qué removió a Colón González de su puesto.
Aseguró que Guillemard Noble “no dispone o tiene injerencia de contratación alguna” en Salud, y que Walter Pierluisi tampoco tiene ningún rol en la agencia.
Todos defendieron como apropiada la contratación de SupportPR y Vélez Rodríguez aseguró que todas las contrataciones de tecnología de la agencia, durante su incumbencia, han ido a licitación, cuando la reglamentación vigente lo exige, sin la intervención de influencias políticas o favoritismos. Sin embargo, a pesar de haber tenido 13 días para entregarla, no proveyeron información y evidencia de cuáles de las 37 compañías contratadas pasaron por algún proceso competitivo.
Vélez Rodríguez reconoció que la HHS-OIG les ha hecho innumerables requerimientos de información, pero aseguró desconocer que haya una investigación federal en curso en torno a las contrataciones de tecnología.
“El Secretario, como es una persona transparente, tiene comunicaciones con la HHS-OIG constantemente. Así que el tipo de conversación que haya tenido o no tenga, pues no es algo que nos consta, pero el hecho de que él conversa a menudo con dicha agencia es algo normal y típico”, agregó cuando se le preguntó si Mellado López ha sido entrevistado.
Graulau, por su parte, reconoció que al llegar a la OIAT “había mucho que mejorar”, y dijo que mantuvo la contratación a SupportPR porque “estaba muy familiarizado con el esquema que había en OIAT, las necesidades y los recursos eran muy competentes”. También, dijo que, pese a la escasez de personal en OIAT, durante su incumbencia, era capaz de fiscalizar adecuadamente a SupportPR y a todas las compañías.
Hiram Rivera, director actual de OIAT, dijo al CPI que la Oficina cuenta con 12 empleados, incluyéndolo, y reconoció que hacen falta más trabajadores.
“No tenemos personal suficiente para atender todo lo que son las necesidades tecnológicas”, sostuvo.
De otra parte, Graulau reconoció que muchas de las costosas contrataciones de tecnología del DS pueden y deben ser asumidas internamente por la agencia a un menor costo, incluyendo la compra de servidores propios y espacio de almacenamiento de datos.
