La Asociación de Miembros de la Policía de Puerto Rico y la Coalición Civil María 2017 solicitaron a la legislatura la creación de una Junta Reguladora que investigue las acciones de la Oficina Central de Recuperación, Reconstrucción y Resiliencia (COR3, por sus siglas en inglés), que dirige Manuel Laboy.
Según ambas entidades, su petición radica en que la COR3 “ha tomado decisiones arbitrarias que no están respaldadas por legislación o reglamentos del gobierno”. Al mismo tiempo, denuncian que se ha puesto en riesgo millones de dólares que el Gobierno Federal asignó a la Isla.
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“Miles de iglesias, cientos de organizaciones sin fines de lucro y la propia Asociación de Miembros de la Policía de Puerto Rico hemos sido víctimas de la burocracia selectiva del COR3. En nuestro caso, llevamos más de cinco años sometiendo documentos que nos han requerido y hoy nos enteramos que nuestra reclamación descansa dentro de una gaveta en un escritorio en la oficina del COR3. Más aún, nos estamos enterando que esta oficina ha trabajado miles de casos en forma selectiva, deteniendo información e informes que deberían haber sido enviados y endosados a la Agencia Federal de Emergencia para su trámite correspondiente”, señaló José J. Taboada de Jesús, presidente de la AMPPR.
Al momento, el Senado de Puerto Rico desarrolla una serie de vistas públicas para atender la Resolución del Senado 154, que investiga el cumplimiento de COR3 en el proceso de recuperación luego de los huracanes Irma y María.
“Para nosotros es urgente atender las necesidades más apremiantes de nuestras comunidades, municipios y entidades gubernamentales, y acercándonos al sexto aniversario de los huracanes Irma y María. Este Senado de Puerto Rico investiga el estatus de los esfuerzos de recuperación, reconstrucción o resiliencia de COR3, incluyendo el uso de los fondos y proyectos relacionados, misión que tiene la medida que sirve de base para llevar a cabo la audiencia conjunta de las Comisiones de Cumplimiento y Reestructuración; y de Proyectos Estratégicos y Energía que preside la senadora Marially González Huertas y este servidor”, argumentó el senador Javier Aponte Dalmau.
Aún así, Taboada de Jesús, cuyo reclamo de fondos asciende a $5 millones dólares, recalcó que el COR3 “han sido un desastres” al igual que el huracán María.
“Al día de hoy no hemos recibido ninguna contestación de FEMA. Llevamos años luchando. Nuestras oficinas-refugio fueron destruidas por el huracán María. No se nos ha brindado la colaboración, ni el deseo de ser la mano amiga. Estamos ante un organismo del gobierno que, en vez de facilitar, destruye y se toman decisiones para las cuales no tienen ninguna autoridad legal o asignada por la legislatura”, ratificó el teniente.
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De igual manera, Iván Casal, asesor y portavoz de la Coalición Civil María 2017, indicó que la creación del COR3 sin legislación ha creado “una desorganización y duplicidad de trabajo lo que están poniendo en riesgo los dineros que en derecho le corresponden a los sub-recipientes”.
“Estamos ante la posibilidad real que tengamos que devolver o se pierdan miles de millones de dólares asignados para la reconstrucción de Puerto Rico. La legislatura debe dar paso a la creación de una Junta Reguladora que pueda estar sobre el COR3, que incluya a profesionales y expertos en la materia (...) La prioridad debe ser reenfocar la oficina para agilizar los reembolsos y asistir a los sub-recipientes para que puedan culminar sus proyectos en cumplimiento con las regulaciones federales”, concluyó Casal.
