El Tribunal Supremo de los Estados Unidos revocó la determinación del Tribunal de Apelaciones de Boston que le quitaba “inmunidad” a la Junta de Control Fiscal ante las solicitudes de información que han realizado organizaciones periodísticas en Puerto Rico.
En una votación de 8-1, los jueces revocaron un fallo de la corte de apelaciones a favor del Centro de Periodismo Investigativo, que ha reportado extensamente sobre la crisis fiscal y la reestructuración de la deuda de Puerto Rico.
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La opinión de 11 páginas fue escrita por la jueza Elena Kagan y solo hubo una disidencia por parte del juez Clarence Thomas, el caso ahora vuelve al tribunal inferior para ser resuelto bajo la determinación de que la Junta de Control Fiscal tiene inmunidad.
“Nada en PROMESA hace inequívocamente clara la intención del Congreso de derogar la inmunidad soberana de la Junta. El estatuto no despoja explícitamente a la Junta de inmunidad ni autoriza expresamente la presentación de demandas contra la Junta. Y sus disposiciones de revisión judicial y protecciones de responsabilidad son compatibles con la inmunidad soberana de retención general de la Junta”, lee la opinión escrita por la jueza Kagan.
El pasado mes de enero, los nueve jueces del Tribunal Supremo de los Estados Unidos escucharon ayer los argumentos del Centro de Periodismo Investigativo (CPI) y de la Junta de Control Fiscal (JCF) sobre la “inmunidad soberana” que alega tener ese organismo que fue impuesto por el Congreso de EE. UU. para controlar las finanzas públicas y manejar el proceso de quiebra.
El gobierno estadounidense, a través de la Oficina del Procurador General de Estados Unidos, argumentó ante el máximo foro judicial en ese momento que la determinación que el Tribunal tome en este caso tendrá efecto sobre los demás territorios.
La Junta de Control Fiscal acudió ante el Supremo federal en busca que del máximo foto revocara al Primer Circuito que le dio la razón al Centro de Periodismo Investigativo indicando que a la Junta no le asiste la inmunidad soberana.
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El grupo de reporteros pretende obtener una variedad de documentos, incluyendo comunicaciones entre los miembros de la junta y funcionarios estadounidenses y puertorriqueños.
La junta alega que es parte del gobierno de Puerto Rico y por ello goza de la misma protección ante demandas federales que el gobierno.
Pero la Corte Federal de Apelaciones del 1er Circuito con sede en Boston, la cual incluye a Puerto Rico, dictaminó que la ley de 2016, conocida como PROMESA, eliminó la inmunidad de las demandas y permitió que procedieran los reclamos del grupo de reporteros.
Lourdes Rosado, presidenta del grupo de defensa de los derechos civiles LatinoJustice PRLDEF, dijo en un comunicado que la decisión de la corte “permite que este organismo antidemocrático continúe ocultando información vital sobre sus decisiones y acciones que afectan la economía de Puerto Rico y la vida de millones de personas”.
Por su parte, la directora del Centro de Periodismo Investigativo, Carla Minet, repudió la determinación del Supremo que afecta a Puerto Rico.
“La Junta no quiere darnos los documentos públicos y el Tribunal Supremo federal hoy les permite esto. Es una opinión judicial muy débil, porque su argumento principal y neurálgico es asumir que la Junta tiene inmunidad, sin entrar en los méritos de si realmente tiene esa protección. Las consecuencias que tiene esta decisión del Tribunal Supremo son perversas para el pueblo de Puerto Rico”, dijo Minet.
Además, está evaluando alternativas para una posible respuesta a la determinación del alto foro.
“Rechazamos de la manera más enérgica posible que el Tribunal Supremo federal haya tomado una decisión que pisotea los derechos de los puertorriqueños. Estamos ante otro capítulo más de la relación colonial entre Puerto Rico y Estados Unidos, esta vez, con el resultado de obstaculizar la transparencia gubernamental y la rendición de cuentas en nuestro País”, añadió Carla Minet.
Por su parte, el cofundador del CPI y director del Programa de Transparencia, Oscar Serrano, manifestó: “Dentro de la trayectoria de la Ley PROMESA, esta decisión es una prueba más de la intención de Estados Unidos de validar y defender el carácter colonial de Puerto Rico y a la Junta, sin distinción de partido político. La Ley PROMESA fue un acto de demócratas y republicanos, y esta decisión es una decisión de jueces republicanos y demócratas, con la participación de la única jueza puertorriqueña en el Tribunal Supremo”.
Reacciona la Junta de Control Fiscal
La Junta de Control Fiscal (JCF) celebró este jueves la decisión del Tribunal Supremo de Estados Unidos de afirmar su inmunidad soberana como entidad del Gobierno de Puerto Rico.
“La Junta acoge con satisfacción la decisión de hoy del Tribunal Supremo de los Estados Unidos de afirmar la inmunidad soberana de la Junta”, declaró David Skeel, presidente de la entidad en declaraciones escritas.
Además, añadió que: “Es un principio fundamental del federalismo que una ley federal no abroga la inmunidad soberana, a menos que la intención del Congreso de abrogar sea ‘inequívocamente clara’ en el texto de la ley”.
