El Senado de Puerto Rico aprobó una medida que pretende definir requisitos específicos en los contratos de servicios de placas solares al crear la Ley de Protección al Consumidor Solar.
Se trata del Proyecto del Senado 1047, que propone crear esta ley para establecer los derechos del consumidor para ejercer una cancelación en su contrato. También, dispone sobre una garantía mínima para cobijar a los consumidores ante el instalador del equipo; establece un proceso para asegurar que todo consumidor sea escuchado y atendido en el Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO); y estatuye las responsabilidades del Gobierno para educar sobre los derechos y otras medidas protectoras.
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“Esto nace del sentir de cientos de puertorriqueños por las interrupciones constantes con el servicio de energía eléctrica. Para muchas familias, la vida de algún cercano depende de este servicio para su oxigenación. Miles de familias han invertido en placas solares para no depender de LUMA. Esto significa un sacrificio económico que ha impactado el bolsillo del consumidor. Por esto, trabajamos el Proyecto del Senado 1047 para permitirle a los consumidores estar protegidos y tener garantías ante la adquisición de este producto”, resaltó la senadora Gretchen Hau, autora de la medida.
Otra de las medidas aprobadas fue el Proyecto del Senado 1069, de la autoría del presidente del Senado, José Luis Dalmau Santiago y de la senadora del distrito de Arecibo, Elizabeth Rosa Vélez, que propone crear la Ley para Fomentar la Adquisición de un Vehículo Eléctrico en Puerto Rico, a los fines de que sea política pública promover la adquisición de “Electric Vehicle”, “Plug-in Hybrid Electric Vehicle”, y “Battery Electric Vehicle”, y crear campañas de orientación sobre las ventajas medioambientales y los incentivos contributivos; fomentar la instalación de estaciones de cargadores eléctricos públicos en todos los municipios de Puerto Rico, a los fines de incentivar la adquisición de vehículos que utilicen combustibles fósiles.
Según la exposición de motivos de la medida, en Puerto Rico se creó la Ley para el Fomento de los Vehículos Impulsados Mayormente por Electricidad, a los fines de promover la más eficaz conservación de los recursos naturales. No obstante, también dispone que la Asamblea Legislativa debe fomentar la construcción de estaciones de recarga en todos los municipios, y realizar una campaña de orientación en aras de fomentar la adquisición de vehículos eléctricos y cumplir con la política pública de la Ley para el Fomento de los Vehículos Impulsados Mayormente por Electricidad.
“No cabe duda de que uno de los factores más importante con relación a las consecuencias del cambio climático es el automóvil por la quema de combustible. El cambio climático es uno de los grandes problemas de la humanidad. A Puerto Rico le afecta directamente por las consecuencias en cuanto a la elevación del nivel del mar porque somos una isla”, comentó el senador del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC), Rafael Bernabe Riefkohl.
Por otro lado, el cuerpo legislativo avaló la Resolución Conjunta del Senado 391 que propone asignar al Fondo de Asistencia de Emergencia Municipal, administrado por el Departamento de Hacienda, la cantidad de $562 millones provenientes de la Infrastructure Investment and Jobs Act, para distribuirlo entre los 78 municipios para mejoras en los puentes y carreteras.
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La pieza legislativa, de la autoría del presidente Dalmau Santiago, expone que los municipios han sido quienes responden a las emergencias y desastres naturales, pues están más cercanos a la ciudadanía. No obstante, se reconoce la estrechez económica que enfrentan los pueblos y las dificultades que no han sido impedimento para que puedan cumplir con sus responsabilidades y deberes.
“En Puerto Rico, existen 282 puentes y 1,492 millas de autopistas en pésimas condiciones. Por lo que se asignan dichos fondos para reconstruir carreteras y se incluye la mayor inversión individual dedicada a puentes desde la construcción del sistema de carreteras”, añade la exposición de motivos.
Entre las medidas aprobadas durante los trabajos de hoy se encuentra el informe conjunto de la Resolución Conjunta del Senado 214, que busca ordenar a la Administración de Seguros de Salud (ASES), a la Oficina de Medicaid adscrita al Departamento de Salud, al Departamento de la Familia y al Departamento de la Vivienda que procedan a realizar los trámites para las correspondientes enmiendas a los planes estatales sometidos ante las agencias del gobierno federal, a los fines de prevenir que los aumentos al salario mínimo no excluyan automáticamente a miles de puertorriqueños participantes de los programas de beneficencia social administrados por estos departamentos y agencias.
Además, la Cámara Alta aprobó la Resolución del Senado 716 que propone ordenar a la Comisión de Bienestar Social y Asuntos de la Vejez realizar una investigación sobre la actual política pública de Puerto Rico relacionada con identificar y cuantificar la población existente de pacientes diagnosticados con algún tipo de demencia, accesibilidad y cantidad de los servicios públicos y privados necesarios para atenderles y tratarles.
También, el Senado aprobó el Proyecto del Senado 1094, la Resolución del Senado 777, el segundo informe del Proyecto del Senado 228 y el Proyecto de la Cámara 294, y el Proyecto de la Cámara 1276.
