Como parte del inicio de vistas públicas de la Comisión de Asuntos de Vida y Familia, que preside la senadora Joanne Rodríguez Veve sobre el Proyecto del Senado 495, el Departamento de Salud (DS) opinó que la legislación sería redudante porque el estado de derecho actual contempla que una menor de edad requiere el consentimiento de uno de sus padres o encargado para realizarse un aborto, mientras el Departamento de la Familia (DF) requirió más análisis sobre la medida.
El Proyecto del Senado 495 busca establecer la “Ley para requerir la intervención de al menos uno de los padres que ostente la patria potestad o del custodio legal de una menor de dieciocho años edad al momento de consentir a realizarse un aborto en Puerto Rico”.
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“Me ha parecido fundamental de esta conversación que hemos tenido con el Departamento de Salud la postura asumida por la representación legal en torno a lo que es la posición del departamento, que actualmente por las disposiciones de ley que se rigen que son el Código Civil y la Ley 27 del 22 de julio de 1992. El Departamento de Salud entiende que para todo procedimiento médico como norma general, incluyendo las terminaciones de embarazo, se requiere actualmente consentimiento de alguno de los padres”, expresó Rodríguez Veve.
Igualmente, la senadora añadió que “por lo tanto, debo entender que quien incumpla con lo que entiende es el estado de derecho, está incumpliendo con la ley y a su vez, entiende el Departamento que este proyecto se tornaría redundante en la medida que usted entiende que esto ya está legislado”, confirmando lo expresado por el licenciado Miguel Verdiales, asesor legal del Departamento de Salud (DS).
A preguntas de la senadora sobre si esta legislación sería redundante, ya que el estado de derecho actual exige que la menor tenga que pedir consentimiento a sus padres, Verdiales contestó que sí. De esta forma, el licenciado hizo referencia a una distinción con el Departamento de Justicia, lo que la senadora mencionó sobre la citación a dicha agencia.
“Me parece totalmente inexcusable que el secretario de Justicia haya enviado una comunicación a través de correo electrónico notificando que solamente comparecería por escrito ante nuestra citación”, expresó la senadora del Proyecto Dignidad, quien añadió que se estaría citando a una próxima vista y de no asistir estaría utilizando las facultades legislativa para que se cumpla.
Además, Greduvel Durán en representación del área de servicios médicos del DS explicó lo requerido por reglamento a una mujer al momento de llegar a una clínica para terminación de embarazo en el Hospital Universitario regido por Ciencias Médicas. El protocolo dice que para embarazos productos de una violación o incesto se requerirá evidencia de dos de las siguientes tres gstiones: trámite con la Policía de Puerto Rico, evaluación del Centro de Ayuda a Víctimas de Violación y un Affidavit debidamente notarizado”.
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Por su parte, Ciení Rodríguez, secretaria interina del Departamento de la Famillia, solicitó que se analice la medida más a fondo. “Este es un problema complejo y cuyas opciones trae diversas repercusiones a las mujeres a corto y largo plazo, y que impacta de manera muy peculiar a cada persona. Recomendamos que antes que el Estado determine legislar sobre este tema para que le sea de aplicación a todos los menores en esta situación, que se tome en cuenta sus circunstancias particulares, el cual conforme ya hemos claramente expuesto, incide sobre el derecho a la intimidad y al de la patria potestad del padre sobre sus hijos”, indicó la secretaria.
La senadora preguntó si el DF recibe referidos por casos de violación o sospecha de esta. La deponente indicó que sí, a través de la línea de maltrato. También, indicó que todo referido recibido de cualquier tipología de maltrato son documentados en el sistema de manejo de casos y trabajadores sociales. Añadió que los referidos son confidenciales y que pueden haber casos de informantes anónimos, pero el DF viene obligado a obrar sobre el referido.
A preguntas de la senadora sobre los referidos de clínicas de aborto, la secretaria interina indicó que en los pasados cinco años no hay referidos registrados de clínicas de aborto como informante directo de alguna violación o sospecha de esta y tampoco una custodia de emergencia. La senadora destacó que el DF no hace ninguna sugerencia en el memorial presentado a la comisión. Ante dicho planteamiento, la secretaria manifestó que requiere mayor análisis de la medida por entender que la misma tiene áreas grises.
Por su parte, el senador del Distrito de Ponce, Ramón Ruíz Nieves cuestionó las acciones del DF ante lo indicado por la secreatria interina en la audiencia, informando que hay 308 casos registrados del pasado años sobre abortos. La secretaria interina indicó de esos casos no tienen visibilidad, porque son reportados por clínicas de aborto. Añadió que para la intervención del DF debe existir un referido.
De igual forma, el senador del Distrito de San Juan, Juan Oscar Morales, preguntó sobre la posición del DF y si la respuesta fue consultada con el Departamento de Justicia. La deponente mencionó que se establece un análisis caso a caso y reconoció que es el planteamiento del Departamento de Justicia.
En su turno, la senadora Ana Irma Rivera Lassén del Movimiento Victoria Ciudadana hizo referencia al caso de jurisprudencia Pueblo vs Duarte y dijo entender que “aquí hay una persecusión a las clínicas de aborto”.
