Del CPI.
En lo que fue un salón de matemáticas en la Escuela Amalia López de Vilá, en Levittown, ahora hay un hombre en el suelo. A su alrededor, hay documentos escolares que se convirtieron en basura y listas de asistencia que se quedaron allí cuando el Gobierno cerró el plantel en el 2018. También hay excreta seca, jeringuillas usadas y otros materiales que utilizó este hombre para drogarse con “crack”.
“Ya no hay caballos, pero los hubo”, dice Darío Ortiz Seda, un líder comunitario que acompaña al Centro de Periodismo Investigativo (CPI) en un recorrido por las escuelas cerradas en Levittown.
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Es sábado. Al lado de esta escuela arropada por la maleza hay una cancha bajo techo donde jóvenes juegan un torneo de voleibol femenino. Del otro lado del plantel, hay una iglesia, y a vuelta redonda hay un mar de casas.
A unas cuantas calles de aquí está la Escuela John F. Kennedy, también cerrada y abandonada en 2018. De ser una escuela elemental, pasó a ser un campo de gotcha y también un mini vertedero clandestino, al lado de lo que fue un parque bajo techo de pequeñas ligas de béisbol, que según el Municipio costó alrededor de $8 millones, y lleva años abandonado.
La misma suerte de abandono corrió la Escuela María Libertad Gómez en 2016, donde precisamente hay tres hombres, vestidos con ropa militar. Disparan sus pistolas de gotcha contra las paredes, “perfeccionando la puntería” para cuando comience “la cura” sabatina. En los pasillos y salones de esta escuela también hay jeringuillas y caca seca.
“Si no hubiéramos rescatado la Escuela Elemental Lorencita Ramírez de Arellano [que estaba igualmente en desuso], estaría así como el resto de las escuelas abandonadas en Levittown”, asegura Ortiz Seda.
De 23 escuelas que había en Toa Baja, cerraron ocho entre el 2016 y el 2018, cinco de ellas en Levittown. Hoy día, con excepción de la Escuela Elemental Lorencita Ramírez de Arellano, el resto de las escuelas cerradas en Levittown están abandonadas.
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La Escuela Elemental Lorencita Ramírez de Arellano, en Toa Baja, fue rescatada por la comunidad.
La compra de planteles fue impulsada como política pública desde el 2016 mediante una orden ejecutiva del exgobernador Alejandro García Padilla que sirvió de base para las ventas que materializó su sucesor, Ricardo Rosselló Nevares, con la firma de la Ley 26 de 2017. Según las cifras oficiales entre 2016 y 2021 en Puerto Rico se cerraron 480 escuelas públicas.
“Logramos rescatar esa escuela porque nos mantuvimos firmes, con una iniciativa que todavía hoy, a pesar de los múltiples obstáculos gubernamentales, tiene como prioridad ofrecer un servicio genuino a la comunidad”, explica el líder comunitario de Toa Baja.
En la Escuela Elemental Lorencita Ramírez se organizó por primera vez, en 2018, el Movimiento al Rescate de Nuestras Escuelas (MARES), una organización sin fines de lucro, cuya Junta de Directores es presidida por Ortiz Seda.
Al llegar al portón principal de este plantel lo primero que se escucha es el ruido de generadores eléctricos. Hay un voluntario pasando trimer y otro arreglando daños en el techo. Son varios los generadores eléctricos que compraron estos voluntarios. Están distribuidos por todo el plantel, porque luego de rescatar la escuela y habilitarla para ofrecer múltiples talleres educativos, la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) les suspendió el servicio.
Así llevan casi un lustro luchando por la titularidad de la propiedad al tiempo que dan clases de zumba, teatro, educación física, recursos naturales, arte, y ofrecen tutorías gratuitas e imparten talleres agrícolas a la comunidad. “Pero lo que hacen es meternos el pie”, insiste Ortiz Seda.
Burocracia del abandono
En el 2021 el representante por el Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), Denis Márquez Lebrón, junto a la representante por el Partido Popular Democrático (PPD), Deborah Soto Arroyo, presentaron la Resolución Conjunta 28 de la Cámara de Representantes para ordenar al Comité de Evaluación y Disposición de Propiedades Inmuebles (CEDBI), la transferencia de la escuela a MARES, por el valor nominal de $1. La medida recibió un veto de bolsillo del gobernador Pedro Pierluisi en enero de 2022.
El CEDBI se creó con la Ley de Cumplimiento con el Plan FIscal con el fin de “llevar a cabo todas las acciones necesarias para lograr la disposición de los bienes inmuebles”, bajo la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (AAFAF). Entre 2017 y marzo de 2023 el CEDBI aprobó el alquiler de 206 planteles escolares en desuso a los municipios y 82 escuelas a entidades privadas. Según el informe de transición del extinto Subcomité Evaluador de Traspaso de Planteles Escolares, bajo CEDBI, entre 2017 y 2019 se arrendaron 231 planteles por un año y un canon de un dólar mensual. La AAFAF no precisó si las 231 permanecen bajo alquiler al momento.
Asimismo, entre 2018 y marzo de 2023 el CEDBI autorizó 36 transacciones de compraventa de escuelas a entidades privadas y ocho a los municipios, de acuerdo con la información provista.
Desde el 2016, el gobernador García Padilla autorizó la comercialización de los planteles no utilizados por el Departamento de Educación a través de una orden ejecutiva que también requirió al secretario de esa agencia a presentarle al Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP) el inventario de las escuelas disponibles para la venta. Desde 1975, el secretario del DTOP tiene la facultad de vender, permutar, gravar y arrendar cualquier propiedad del Estado que dejé de tener utilidad pública.
En realidad, la venta, permuta o arrendamiento de las escuelas en desuso recae en el DTOP. No obstante, los alcaldes tienen el poder político para emitir recomendaciones, permisos y promover los usos que quieren para las escuelas cerradas dentro de sus municipios.
Unas 844 escuelas (56.9%) son operadas por el Departamento de Educación, mientras que 470 estructuras que antes eran escuelas están cerradas o abandonadas y 170 (11.5%) estructuras son operadas por alguna organización, según un nuevo informe realizado entre marzo y junio de 2022 y presentado esta semana por El Puente: Enlace Latino de Acción Climática de Puerto Rico, en colaboración con el Centro para los Estudios Puertorriqueños del Hunter College de la Universidad de la Ciudad de Nueva York. El Proyecto Inventario de Escuelas Públicas en Puerto Rico (2011-2022), documentó mediante visitas presenciales el estado de 1,492 planteles que están en una lista oficial provista por el Departamento de Educación.
En febrero de 2022, luego de concluida una reunión del Frente Amplio en Defensa de la Educación Pública en La Fortaleza, la presidenta de la Federación de Maestros, Mercedes Martínez, aprovechó la oportunidad para cuestionar al Primer Ejecutivo sobre el veto de bolsillo. La respuesta del Gobernador se limitó a señalar la posibilidad de algún error, y dijo que refirió el caso al CEDBI.
La secretaria de prensa de La Fortaleza, Sheila Angleró Mojica, informó al CPI que “la medida estaba mal redactada, el título no correspondía al resuélvase y eso la hacía inconstitucional”. Especificó que las secciones dos, tres y cuatro no eran compatibles con la sección uno. “Por estar los cuerpos legislativos en receso no se podía devolver para arreglarla. Se habló con los autores en enero de 2022 para que la volvieran a radicar y aprobar”, añadió. La presidenta de la Federación de Maestros negó que la medida tuviera errores y destacó que fue aprobada unánimemente por Cámara y Senado. Puntualizó que cuentan con toda la documentación para completar el proceso a través del CEDBI.
“Bajo la administración del [exSecretario de Educación] Eligio Hernández (2019-2020) logramos varias reuniones. Y llegamos a La Fortaleza para manifestarnos, junto a la presidenta de la Federación de Maestros y otros compañeros. Nos atendieron”, relata Wanda Ivelisse González, secretaria de la organización MARES. “Después de varias reuniones con el Departamento de Educación, durante varias semanas, llegamos a un supuesto acuerdo para que nos cedieran el espacio, pero nos dijeron que teníamos que esperar a que le transfirieran la estructura al Departamento de Educación desde el Departamento de Transportación Obras Públicas. Hasta el sol de hoy”, agrega.
De acuerdo con la lista de planteles escolares en desuso disponibles que informó el CEDBI actualizada en marzo, sólo hay 31 escuelas en todo Puerto Rico que podrían estar disponibles para transacciones de venta, permuta o arrendamiento. Mientras que en la lista de las transacciones de escuelas cerradas aprobadas por el CEDBI hasta diciembre de 2022, hay tres escuelas en este municipio cuyos arrendamientos fueron aprobados.
