La publicación del chat de Telegram entre Ricardo Rosselló Nevares y un grupo cercano de colaboradores puso en un momento dado la mirada de las autoridades federales sobre los créditos contributivos otorgados bajo la Ley 60 a Spanish Broadcasting System (SBS) que apuntaban a ser ficha de juego en una estrategia que buscaba incidir sobre la opinión pública durante la administración del renunciante pasado gobernador.
La más reciente secuela del chat fue la convicción federal del productor Sixto Jorge Díaz Colón, también conocido como Sixto George, que, durante el proceso de juicio, dejó al descubierto cómo el primer ejecutivo acordó con el productor trabajar para mejorar su imagen y la de su administración, con la propagación de un mensaje que contrarrestara el apoyo masivo a las protestas que reclamaban su renuncia por el intercambio de mensajes que tuvo con su más cercano grupo de colaboradores.
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Desde febrero de 2019, ya las autoridades federales observaban detenidamente las operaciones del gabinete de Rosselló Nevares, según se desprende de documentos en el caso de Díaz Colón. Como parte de la pesquisa, le seguían el rastro a varios contratos relacionados con intervenciones mediáticas coordinadas por Sixto George, quien laboraba como productor en la cadena SBS, empresa que gozaba de créditos contributivos otorgados por el entonces secretario de Desarrollo Económico y Comercio, Manuel Laboy.
Según información que en 2020 el Departamento de Desarrollo Económico (Ddec) publicó en su página, para los años 2018 y 2019 SBS fue beneficiario de 13 incentivos para ocho de sus programas, bajo lo que fue la Ley -27 de la industria fílmica (hoy Ley 60-2019). El portal no indica el monto del beneficio recibido para los programas La Comay, Paparazzi TV, Informe 79, El Circo, Happy People, Descaraos por la Noche, Conectaos por la Cocina y La Música – incluyendo Los Reyes de la Punta. Como parte de la serie investigativa Sixto Jorge: El Expediente Oculto, realizada en colaboración con el Centro de Periodismo Investigativo (CPI) y la Unidad Investigativa de Las Noticias TeleOnce, se revisaron documentos como la entrevista que realizaron agentes del Negociado de Investigaciones Federales (FBI, por sus siglas en inglés) al exsecretario de Asuntos Públicos de La Fortaleza, Anthony Maceira, quien fue el testigo estrella en el caso contra Díaz Colón.
En los apuntes del agente a cargo de la entrevista a Maceira se destaca que el entrevistado no sabía cómo el exsecretario de Hacienda, Raúl Maldonado, se había recuperado de la “mala prensa” que tuvo por contratos otorgados en su agencia. “Pero él sabía que SBS, la compañía para la cual Sixto trabajaba, tenía créditos contributivos pendientes y que Maldonado le había ayudado a sacarlos”, leen parte de las notas en el documento revisado por Metro. La semana pasada, este diario publicó que las autoridades federales tuvieron a Maldonado bajo la lupa por dos contratos otorgados a empresas en las que Díaz Colón tenía interés propietario.
”Otro posible vínculo entre Maldonado y Sixto era el exsecretario de Asuntos Públicos de La Fortaleza, Ramón Rosario. Después de que Rosario dejó la oficina, creó una empresa, PR Legal, pero su esposa era la dueña. Maldonado le dio a la empresa de Rosario un contrato con el Departamento de Hacienda. Aníbal José Torres (expresidente y exsenador del Partido Popular Democrático) dijo que PR Legal tenía contratos con SBS, una empresa vinculada a Sixto, para ayudar a que se aprobaran los créditos contributivos con los que Maldonado lo estaba ayudando, pero que no se concretó cuando Maldonado fue despedido. Los créditos contributivos eran para el padrino del hijo de Jorge De Castro Font”, leen otras anotaciones de la entrevista del FBI a Maceira.
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Bajo estricto cumplimiento
A través de una breve comunicación escrita, Laboy Rivera, ahora director ejecutivo de la Oficina Central de Recuperación, Reconstrucción y Resiliencia (COR3), reaccionó.
”Bajo mi administración en el DDEC, todo trámite relacionado a los créditos contributivos se realizó bajo estricto cumplimiento de los reglamentos y las estipulaciones dispuestas por la Ley 60-2019, conocida como el ‘Código de Incentivos de Puerto Rico’. Como parte del compromiso de transparencia, en el año 2020 se publicó en el portal del DDEC una lista de empresas e individuos que mantenían beneficios fiscales”, señaló Laboy Rivera.
Previamente, en octubre de 2020, el CPI entrevistó a Laboy Rivera, quien confirmó que en marzo de 2019 “se endosaron varios casos a la empresa SBS, uno de ellos siendo el programa de La Comay”, producido por Kobbo Santarrosa. En ese momento, Laboy Rivera dijo que el programa de La Comay no había recibido ningún desembolso de créditos contributivos. El incentivo consiste en una tasa contributiva preferencial y créditos contributivos, dijo el exsecretario de Desarrollo Económico.
Pero el programa La Comay fue mencionado en las conversaciones grabadas entre Díaz Colón y Maceira que desfilaron como evidencia en el juicio federal en el que el primero resultó convicto. Santarrosa ha negado haber recibido dinero de Díaz Colón para hablar a favor de Rosselló Nevares. Otras figuras mencionadas durante el juicio federal como Jorge Pabón, mejor conocido como “El Molusco”, Angelique Burgos, mejor conocida como “La Burbu”, y Roque José Gallart Ortiz, menor conocido como “Rocky The Kid”, también laboran en espacios mediáticos producidos en SBS.
”Bajo la Ley 60-2019, se refuerza el cumplimiento y fiscalización de todos los incentivos, con un enfoque en la responsabilidad fiscal, retorno de inversión al gobierno y transparencia”, aseguró Laboy al CPI en 2020. El funcionario señaló también que la Ley 60 establece la política pública y los incentivos contributivos para fomentar la atracción de proyectos fílmicos y el crecimiento de esta industria en Puerto Rico.
Sin embargo, durante esa entrevista, Laboy Rivera no fue preciso sobre cuál había sido el retorno de inversión que produjeron los créditos contributivos otorgados a SBS en 2019.
”El retorno de inversión ya está contemplado en el por ciento que dispone la Ley para la otorgación de los créditos contributivos. Como en todos los proyectos que solicitan decretos bajo la Ley 60-2019, en el caso específico de la industria fílmica, se considera la inversión de capital, empleos creados, nómina, noches de hotel, días de filmación, práctica para estudiantes, entre otros”, dijo al CPI entonces.
Metro intentó conseguir sin éxito una reacción de SBS para que aclarara la naturaleza de los incentivos fiscales.
Según la página web del Programa de Desarrollo de la Industria Cinematográfica del DDEC, los proyectos cinematográficos calificados para ser considerados como parte de esta industria incluyen largometrajes y cortometrajes, documentales, programas de televisión, serie en episodios, miniseries, videos musicales, comerciales nacionales e internacionales, videojuegos y posproducción.
El informe dice que 22 decretos fueron aprobados en 2019 por el DDEC bajo la Ley de Incentivos Económicos para la Industria Fílmica de Puerto Rico. No se detalla retorno de inversión ni empleos creados.
Cabildeo intenso
Puerto Rico Legal Advisers, LLC. figura en el registro del Departamento de Estado como una empresa cuya agente residente y oficial autorizada es la abogada Claudia Rodríguez Matos, esposa del exsecretario de Asuntos Públicos de La Fortaleza, Ramón Rosario. La firma fue incorporada en el año 2014.*
Metro contactó al exsenador popular Aníbal José Torres, quien hizo la denuncia sobre el vínculo entre PR Legal Advisers y SBS. “Tiene que haber sido que en alguna de mis conferencias de prensa que traje ese tema de que se estaba utilizando a esa empresa (PR Legal Advisers, LLC.) para que SBS pudiera lograr unos créditos contributivos”, explicó Torres.
”Recuerdo muy bien cuando salió ese tema de que estaban usando cabilderos para que, en este caso, SBS televisión y sus emisoras de radio pudieran tener acceso a esos créditos contributivos. Me llegó la información a la oficina y ahí hice la denuncia pública. Era una fuente confiable. Si yo lo saqué es porque estaba confirmado”, añadió el expresidente del PPD, pero no ofreció detalles adicionales.
Este rotativo también contactó al exconvicto senador Jorge De Castro Font para corroborar la información que figura en el informe del FBI.
”Eso es mentira. Primera vez que escucho eso. No tengo conocimiento de que el padrino de mi hijo haya tenido alguna relación con Sixto George o con el gobierno de Ricardo Rosselló, no me consta. No creo que el padrino de mi hijo necesite créditos fiscales”, aseguró De Castro Font sobre Juan R. Colón, director ejecutivo de La Comprita, una empresa dedicada a la entrega a domicilio que funciona a través de la plataforma Uber Eats.
”Están tirando nombres ahí a lo loco”, añadió el exsenador, quien reconoció que mantuvo contacto con Anthony Maceira durante 2019, pero asegura que jamás hablaron sobre créditos contributivos.
En una breve comunicación telefónica con Ramón Rosario, el también abogado mantuvo distancia del caso de Sixto George aclarando que la empresa que preside su esposa solo asesoró a SBS.
”Puerto Rico Legal asesoró a SBS en el cumplimiento de la auditoría de los créditos que fueron entregados a SBS muchísimos años antes. No fueron créditos contributivos nuevos, fueron créditos contributivos ya otorgados”, indicó el exsecretario de Asuntos Públicos del Gobierno a Metro.
Hacienda es la chequera
En entrevista con Metro, el exsecretario de Hacienda y exdirector de Finanzas del Gobierno, Raúl Maldonado Gautier, confirmó que se le otorgaron créditos contributivos a SBS. No obstante, insistió en que el DH solo actúa como “chequera del gobierno” en la otorgación de créditos contributivos y decretos. El exfuncionario insistió que recae sobre el DDEC y Turismo la aprobación de estos.
”Hacienda, en términos contributivos, es la chequera del gobierno. Tiene que venir aprobado por la División de Filmología del DDEC o por Turismo. Una vez llega a Hacienda, si hay presupuesto, es que paga”, añadió.
El Subtítulo C del Código de Incentivos del Gobierno de Puerto Rico, titulado “Estímulos Monetarios o Créditos Contributivos”, confirma entre las reglas generales para la concesión de estos la autorización del Secretario del DDEC a “establecer mediante el reglamento de incentivos los procesos para la otorgación de los créditos contributivos para programas y proyectos particulares para maximizar su impacto económico, el retorno de inversión fiscal y su rendimiento. Dichos Créditos Contributivos serán otorgados mediante un contrato de incentivos entre el DDEC y el negocio exento”.
En el caso específico de créditos contributivos otorgados a industrias creativas, que es el caso de los otorgados a SBS, la Sección 3050.1 del Código de Incentivos se establece claramente que los beneficios de este tipo podrían ser solicitados por proyectos fílmicos para gastos de producción en Puerto Rico.
Al cuestionar a Maldonado Gautier sobre la justificación de estos créditos a SBS utilizando el estatuto del Código de Incentivos que rige a las producciones fílmicas al SBS ser una empresa productora de programas televisivos y no de producciones fílmicas, el exsecretario de Hacienda explicó que también programas noticiosos e investigativos pueden caer bajo ese renglón.
”Si tú tienes una producción local, un programa que tenga periodistas investigativos, todo ese tipo de programa cae bajo ese renglón. Pero eso lo determinan ellos (el DDEC), porque el ‘expertise’ viene de su área. Cuando llega a Hacienda lo que se verifica es que cumpla con la ley”, dijo Maldonado Gautier.
El actual secretario de Hacienda, Francisco Parés confirmó que esa dependencia solo entra en la parte del pago y no en la otorgación de los créditos contributivos.
*Este dato se agrega, tras un reclamo público de Rosario sobre precisión en la fecha de incorporación de la firma legal.
Aquí la carta que Rosario envió posteriormente a Metro y que publicó en sus espacios digitales:
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