Del CPI
En los siete meses que siguieron la renuncia del exgobernador, Ricardo Rosselló Nevares, su comité político vació las arcas y gastó más de $300,000 del dinero recibido de sus donantes para cubrir gastos como una oficina nueva en Guaynabo, encuestas, servicios profesionales y deudas de viajes del exmandatario durante su tiempo en La Fortaleza.
El comité realizó pagos por servicios que no había pagado durante toda la campaña, como $4,275 quincenales a Raymond Cruz Hernández como administrador, y la misma cifra a Javier Oyola Alemañy, como tesorero del comité. En total, Cruz Hernández cobró $53,810, mientras que Oyola Alemañy recibió $66,275, según la evidencia sometida por el comité a la Oficina del Contralor Electoral (OCE), unas facturas de una página, cada una, que dejan fuera detalles de la labor realizada y la cantidad de horas trabajadas. Antes del Verano del 2019, ninguno de los dos había cobrado por sus servicios al comité de Rosselló Nevares, según los registros oficiales.
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El mismo día que anunció que renunciaba a la gobernación, el comité de Rosselló Nevares pagó más de $68,000 para alquilar y montar una oficina nueva en Metro Office Park en Guaynabo. En octubre de 2019 pagó una encuesta de sobre $36,900 en momentos que Rosselló Nevares auscultaba regresar al ruedo político a tan solo tres meses de su renuncia. En noviembre y diciembre de 2019, el comité pagó $2,250 para editar y traducir las biografías del exmandatario y su esposa, Beatriz Rosselló Areizaga, y $3,600 para manejar redes sociales.
Rosselló Nevares no contestó preguntas del Centro de Periodismo Investigativo (CPI) para esta historia, en la que se examinaron más de 200 transacciones, facturas y cheques cancelados de gastos realizados por el comité del exgobernador desde enero de 2019.
La OCE dió al CPI acceso a los documentos, con excepción de un periodo: el Verano del 2019. El informe de este periodo fue el último que rindió el ex mandatario como candidato a la gobernación e incluye dos pagos de $90,000 por asesoría mediática a favor de D.R. Consulting Corp., una de las empresas ligadas al productor y hoy convicto Sixto Díaz Colón.
Este lunes, el CPI demandó a la OCE para obtener acceso a estos documentos, luego de que la agencia rechazó en múltiples ocasiones su entrega. El juez Alfonso Martínez Piovanetti citó a una vista para el 2 de mayo a las 2:00 de la tarde. La OCE asegura que la información solicitada por el CPI forma parte de una investigación en curso en el Departamento de Justicia, por lo que debe permanecer confidencial.
Justicia no investiga a ningún funcionario público
Desde el 2019, los pagos a D.R. Consulting — realizados apenas unos días después de la publicación del chat de Telegram el 13 de julio — fueron referidos por la OCE al Departamento de Justicia y al Negociado Federal de Investigaciones (FBI, en inglés). Según la OCE, la investigación de la agencia federal acabó en la radicación de cargos contra el productor Sixto Díaz Colón, mientras que una pesquisa de Justicia sigue abierta. La Oficina del Panel sobre el Fiscal Especial Independiente (Opfei) nunca ha sido notificada por Justicia sobre esta investigación, confirmó la presidenta del Panel, Nydia Cotto Vives.
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Por disposición de ley, el Secretario de Justicia tenía 15 días laborables desde que recibió una querella o información para notificarle a la Opfei que iniciaría una investigación preliminar sobre algún funcionario. Eso no ocurrió, según el secretario de Justicia, Domingo Emanuelli, porque la agencia no investiga a ningún funcionario al cual le aplique la ley del FEI.
“[No se notificó] Por una sencilla razón, aquí no hay funcionarios — hasta ahora señalados — que sean de los del Panel del FEI”, dijo el titular de Justicia al CPI.
Del expediente federal del caso contra Díaz Colón se desprende que la contratación y pago a D.R. Consulting fue autorizado por Rosselló Nevares. Ese mismo expediente desvela que — en algún momento — al menos intervinieron o conocían de ese acuerdo el ex ayudante especial en La Fortaleza, Raymond Cruz Hernández; el exsecretario de la Gobernación, Ricardo Llerandi; el exsecretario de Asuntos Públicos, Anthony Maceira; y el exdirector de la Oficina de Asuntos Federales (PRFAA, en inglés), Carlos Mercader, aunque para el Verano del 2019 no ocupaba el cargo.
A pesar de que Justicia recibió un referido de la OCE para investigar este caso, Emanuelli dijo al CPI que refirió el contrato de D.R. Consulting en 2021 a la división de Integridad Pública de la agencia luego de que el mantenedor del programa Jugando Pelota Dura, Ferdinand Pérez, le hablara del asunto.
“Esa investigación sigue en curso, esa investigación es una investigación compleja, o sea que se puede extender a otras áreas, donde hemos utilizado contables y los fiscales están bien activos en ese caso”, dijo Emanuelli. “Ese tipo de caso es tan complejo que puede coger cinco, cuatro o siete años. Lo importante es que no se paralice”, agregó.
Al ser cuestionado sobre el estatus del referido de la OCE, Emanuelli dijo que se mantiene “en plena cooperación y en conversación” con el contralor electoral, Walter Vélez Martínez. En expresiones escritas, el Secretario indicó que la única investigación que tiene en curso la agencia que dirige está relacionada a la información recibida por conducto del programa televisivo y no por el Contralor Electoral.
“La OCE realizó sus funciones, cuyo resultado fue administrativo y es conocido por todo el país”, se indicó en declaraciones escritas.
Rosselló Nevares se quedó sin equipo en su comité
Las transacciones realizadas desde julio del 2019 fueron aprobadas por la OCE, mientras la agencia auditaba los donativos, gastos, cuentas por pagar y activos del comité de Rosselló Nevares. Como resultado de este proceso, la OCE impuso al comité sobre $22,500 en multas — inicialmente eran $75,085, pero el comité aceptó las infracciones, lo que redujo la cuantía — y requirió la devolución de más de $177,150 producto de donativos indebidos, que incluyen $2,400 al recién convicto Oscar Santamaría, un importante contratista gubernamental que se declaró culpable de sobornar a varios alcaldes.
Según la OCE, el proceso de auditoría “se vio retrasado ante la falta de cumplimiento por parte del Comité en proveer documentos y realizar las enmiendas requeridas a los informes de ingresos y gastos dentro de los periodos concedidos”.
En un inicio, la intención del equipo electoral de Rosselló Nevares era disolver el comité inmediatamente. Pero tras la renuncia del exmandatario, el comité cambió de postura y notificó a la OCE que se convertiría en uno de “candidatura no definida”. Este cambio permitió al comité de Rosselló Nevares tener acceso a parte de los casi $2.5 millones de fondos que tenía la campaña al momento de su renuncia a la gobernación. Si al finalizar diciembre de 2019 Rosselló Nevares seguía sin anunciar intención de correr en la contienda electoral del 2020, el comité debía disolverse.
Al ser cuestionado sobre los pagos que comenzaron a recibir Cruz Hernández y Oyola Alemañy a partir del Verano del 2019, el contralor electoral dijo al CPI que “la razón en aquel momento era que [Rosselló Nevares] estaba en un proceso difícil, ya no tenía prácticamente equipo de campaña, tenía esas dos personas y el proceso les tomó mucho tiempo en esta oficina. Esto eran reuniones prácticamente todos los días”.
Defectuosa la Ley Electoral
El funcionario también aseguró que no tiene autoridad para rechazar gastos de un comité por su costo o razonabilidad, mediante, por ejemplo, el uso de tablas o escalas de pago preestablecidas para comparar con las tarifas facturadas. “Nosotros no tenemos manera de decir, por ejemplo, si quieren comprar un vehículo, yo no les puedo decir cómprate un Toyota baratito usado o cómprate un Ferrari”, dijo.
La ley, además, permite que un contratista de un comité político deje fuera detalles en una factura de cuál fue el servicio brindado o cuántas horas trabajó.
“De hecho, la ley dice más. Quizás no me tienen que entregar la factura”, dijo Vélez Martínez al recordar una enmienda a la Ley para la Fiscalización del Financiamiento de Campañas Políticas hecha en el 2018. En aquel momento, un proyecto del entonces presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, que fue aprobado y convertido en ley por Rosselló Nevares, flexibilizó la ley para solo requerir “un recibo, factura o evidencia del método de pago” que respalde cada gasto realizado.
“La ley fue enmendada, y antes decía ‘y’, ahora dice ‘o’. Antes decía ‘factura y cheque cancelado’, ahora dice ‘factura o el pago del cheque cancelado’”, agregó.
El pasado 30 de marzo, la OCE presentó un anteproyecto de ley que busca facultar a la oficina con mayores poderes, como acceso directo a las cuentas bancarias de los comités, límites en los donativos de personas y contratistas del Gobierno, informes de ingresos y gastos más frecuentes, y la creación de un nuevo delito: proveer información falsa al contralor electoral.
A pesar de que la OCE busca atajar “los flancos abiertos [de la ley] que obran contra la transparencia y legitimidad que requiere el financiamiento de campañas” con los cambios sugeridos, la propuesta no incluye volver a exigir una factura para cualquier pago que realice un comité político.
Tesorero levanta bandera sobre cajas enviadas a Virginia
Entre los miles de dólares en pagos que emitió el comité en los meses previos a su disolución, el tesorero Oyola Alemañy objetó pagar el envío de unas cajas a Rosselló Nevares a Virginia a donde se mudó a vivir, “porque no se le representó estar dentro del marco de la ley”. En una carta en papel timbrado con un logo que tiene el nombre Ricardo Rosselló en el que la bandera de Puerto Rico forma la “R” de su apellido, Isaira Ortiz García — cuyo rol en el Comité no se precisó en la misiva — relevó “de toda responsabilidad” a Oyola Alemañy por el contenido de las cajas enviadas el 22 de agosto de 2019.
“Que cualquier reclamación del contenido de esas cajas no es responsabilidad del Sr. Oyola porque no se le representó como estar dentro del marco de la ley. Que el Sr. Javier Oyola Alemañy no estuvo presente durante el empaque, preparación, cierre y envío de dichas cajas, por tanto, su desconocimiento es total y absoluto del contenido y procedencia del contenido de dichas cajas”, puso Ortiz García en la misiva con fecha del 25 de septiembre de 2019 y que está en el expediente que mantiene la OCE.
Oyola Alemañy falleció a consecuencia de una afección cardiaca en abril de 2020, en medio del proceso de disolución del comité, la auditoría de la OCE, y las investigaciones del FBI y Justicia en torno al comité de campaña.
A pesar de la advertencia que hizo Oyola Alemañy sobre la posible ilegalidad del envío, el contralor electoral reconoció que esa carta no fue parte de los documentos referidos a Justicia.
El contenido de las cajas se desconoce. Vélez Martínez dijo que la información que recibió su oficina de parte del comité era que las cajas tenían documentos de Rosselló Nevares “en su carácter oficial”.
El CPI intentó contactar a Ortiz García, quien realizó el envío, pero no obtuvo respuesta.
Enviar las cajas costó $1,469.50 a Ortiz García, quien fue reembolsada por el comité, según se refleja en el Informe de Ingresos y Gastos correspondiente al trimestre de octubre a diciembre de 2019. La descripción de la transacción es “reembolso por envío de documentos de estrategia política y de campaña”.
En la carta que obra en el expediente de la OCE, Ortiz García señala que lo enviado a Rosselló Nevares a Virginia es “parte de su material de trabajo para su campaña”.
“Se le expresó al Sr. Javier Oyola Alemany que el contenido de esas cajas son propiedad del Sr. Ricardo Rosselló Nevares por ser material intrínseco a su candidatura a una posición política a determinarse en el contralor electoral”, añade la misiva.
La comunicación no explica por qué el tesorero del comité, quien era abogado, entendía que enviar ese material a Virginia, donde vivía Rosselló Rosselló Nevares, podía ser ilegal.
En los expedientes del comité en la OCE no consta que Oyola Alemañy haya presentado objeción a un primer envío que hizo Ortiz García a Virginia de dos cajas y cuyas destinataria era la madre del renunciante gobernador, Irma M. Nevares. El paquete se envió por FedEx a un costo de $422.90. El reclamo de ese reembolso se registró en el Informe de Ingresos y Gastos del trimestre de julio a septiembre de 2019 y la descripción fue “reembolso de envío de documentos de campaña al candidato”.
Tras la renuncia, mudaron el comité a una oficina nueva
El 24 de julio de 2019, el mismo día que Rosselló Nevares anunció su renuncia a la gobernación, su comité político firmó un contrato de alquiler por un año para una oficina nueva en Metro Office Park, y pagó $43,685.48 por adelantado. El arrendador fue Twenty One Century Building, una compañía que nombra como personas autorizadas a Andrés Guillemard Ginorio — a quien el comité tuvo que devolverle $5,400, según un informe electoral — , y al abogado Gilberto Marxuach. El acuerdo de renta tiene la firma de este último.
El pago por adelantado se debió a que “las noticias que estaban saliendo” preocuparon al arrendador, que cuestionó la habilidad del comité de pagar la renta más adelante, según el Contralor Electoral.
“Mi recuerdo es, y no quiero equivocarme, que no se cumplió con el año y le devolvieron la parte no utilizada de la renta”, dijo el funcionario.
Esta devolución de dinero, sin embargo, no consta en los informes rendidos por el comité para este periodo.
Según las facturas por consumo de electricidad presentadas por Twenty One Century Building, la oficina estuvo en uso desde septiembre de 2019 hasta marzo de 2020.
Los informes y facturas de gastos del comité de candidatura no definida de Rosselló Nevares muestran que esta oficina tuvo reparaciones y remodelaciones de puertas, alfombras, fue amueblada, equipada y rotulada. Actualmente, allí hay una compañía de dispositivos médicos, según sus documentos corporativos.
Vélez Martínez añadió que “los auditores [de la OCE] fueron e hicieron un inventario del equipo adquirido con donativos de campaña” y que cuando la oficina cerró, el equipo adquirido se devolvió a la OCE que, a su vez, donó a otras agencias como el Departamento de Educación y el Departamento de Recreación y Deportes.
Viajes, vacaciones y arreglos florales a expensas de los donantes
En el verano del 2019, el exgobernador Ricardo Rosselló Nevares pagó $5,076.05 con fondos de su campaña por los boletos aéreos de sus vacaciones familiares en Europa y que canceló luego de varios arrestos en Puerto Rico por corrupción dentro de su administración.
Ya después de publicarse el chat de Telegram y en medio de las protestas que pedían su renuncia, el comité de Rosselló Nevares también pagó $6,623.27 por tres noches — del 17 al 20 de julio — en una junior suite del Hotel San Juan Sheraton que costó más de $1,600 cada noche. La factura — a nombre de Raymond Cruz Hernández — no detalla quién usó esta habitación que tuvo cargos de casi $300 en comida y alcohol.
El 2 de agosto, cuando partió hacia Florida antes de seguir a Virginia, los pasajes de Rosselló Nevares y la ex primera dama también fueron costeados con fondos del comité, al igual que los boletos de Rosselló Arreizaga y los hijos cuando visitaron a Puerto Rico unos meses después, en noviembre. En el primero se pagó $276 gracias a un crédito que cubrió el costo del otro pasaje; los de noviembre costaron $828 cada uno.
Una semana después de la salida de Rosselló Nevares de La Fortaleza, su comité reembolsó a Cruz Hernández con $9,322.32 por haber pagado, en el 2018, cinco estadías en el exclusivo hotel Royal Isabela.
El CPI intentó contactar a Cruz Hernández, pero no obtuvo respuesta.
“El Comité no podrá costear gastos personales o de cualquier otra persona usando dinero del Comité, toda vez que los donantes hicieron donativos para costear gastos con fines electorales”, enfatiza una nota al calce de la determinación de la OCE en diciembre de 2019 relacionada al comité del exgobernador.
Según el Contralor Electoral, el comité justificó el pago de viajes y hoteles alegando que Rosselló Nevares realizó funciones oficiales. En el viaje a Rusia durante el verano del 2018 hubo una invitación de la FIFA para asistir a la final del Mundial de fútbol. En el 2019, a pesar de que aseguró que su viaje era de vacaciones, envió una agenda de una actividad en España de la cual alegadamente participó en funciones oficiales antes de continuar sus vacaciones.
“Lo que pasa es que si un candidato, por ejemplo, tiene un fundraising en Washington y decide viajar hoy para el fundraising y decide quedarse tres días y regresar al tercer día, lo que haga en el medio es bien difícil nosotros entrar, más allá de si vemos un gasto que haga de un asunto personal. Pero más allá de eso, es complicado”, dijo Rolando Torres, quien dirige el programa de auditorías en la OCE.
Pero, aunque hay límites en lo que puede hacer la OCE en términos de pasar juicio sobre gastos, estos nunca pueden ser personales.
Semanas antes de la publicación del chat de Telegram, el comité de Rosselló Nevares pagó más de $1,250 por una docena de arreglos florales, con vino, entre $110 y $250 cada uno, según las facturas revisadas por el CPI. La lista de recipientes incluyó al exalcalde de Aguas Buenas, Javier García, el exrepresentante Néstor Alonso, y al exalcalde de Yauco, Abel Nazario, los tres convictos en casos de corrupción recientes. En ese momento también recibieron arreglos los representantes del PNP, Pichy Torres Zamora y Georgie Navarro — este último con whisky, en vez de vino — , así como los presidentes de la Cámara, Carlos Johnny Méndez, y del Senado, Thomas Rivera Schatz. En las agencias, Rosselló Nevares envió arreglos a la
exsecretaria de Justicia y posterior gobernadora, Wanda Vázquez Garced, al exsecretario de Salud, Rafael Rodríguez Mercado, al exsecretario de Vivienda, Fernando Gil Enseñat, a la ex principal Oficial de Información, Glorimar Ripoll, y al entonces director de Alianzas Público Privadas, Omar Marrero.
Luego de la publicación del chat, en agosto del 2019, el comité pagó $978.98 por nuevos arreglos, pero esta factura es uno de los documentos que la OCE mantiene confidenciales.
