El Departamento de Justicia presentó 17 cargos criminales en el Tribunal de Primera Instancia de Caguas contra el Hogar Huellas de Aguas Buenas, y su propietaria, Zulma Morales Sierra, quien es enfermera de profesión.
Entre los 13 cargos imputados a Morales Sierra, en violación al Código Penal de Puerto Rico, se encuentran maltrato a personas de edad avanzada, negligencia en el cuidado de personas de edad avanzada, explotación financiera, apropiación ilegal, fraude y archivo de documentos o datos falsos. Mientras, la institución enfrenta apropiación ilegal y fraude.
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El caso se originó tras un referido presentado por los padres de dos adultas, de 42 y 38 años, con discapacidad, quienes denunciaron serios actos de maltrato, abuso y negligencia hacia sus hijas ocurridos en la institución de cuidado de larga duración, durante el periodo del 11 de septiembre del 2020 al 16 de abril de 2021. Estos señalaron que tales descuidos se reflejaban en quebrantos de salud de ambas mujeres.
La fiscal Janice Maymi Camacho explicó en la sala del tribunal que debido a la negligencia y el abuso que padecieron ambas mujeres en el hogar estas sufrieron desnutrición y sus cuerpos y salud se deterioraron, mientras la operadora y administradora de la entidad recibía los pagos de los padres de las mujeres por servicios que no brindaba.
“Se le imputa haberse apropiado, mediante fraude y engaño, de $18,900 por servicios de cuidado a dos adultas con incapacidad que se comprometieron a ofrecer y no prestaron”, indicó.
De acuerdo con la investigación de la agente de la Unidad de Control de Fraude al Medicaid, Loraine Hernández Rodríguez, la dueña del hogar engañó a los padres de las dos hermanas al hacerles creer que tenía la autorización del Departamento de la Familia para recibir en su institución a las mujeres y ofrecerles las atenciones y servicios especiales que requerían debido a sus impedimentos.
La pesquisa también reveló que, en el curso de una investigación del Departamento de la Familia, Morales Sierra poseyó y circuló unos documentos clínicos con la intención de acreditar el buen estado de salud de ambas adultas y servicios de salud brindados en el Hogar, con conocimiento que su contenido es un dato falso. La imputada, enfermera de profesión, tenía conocimiento pleno de que la información en los documentos eran falsos, pero logró que estos fueran aceptados, registrados y así incorporados como parte del expediente por el Departamento, según la investigación.
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“Este es un caso muy lamentable por los daños ocasionados a dos víctimas vulnerables. Confiamos en que al final del proceso se les haga justicia a estas y a sus familiares, quienes también han sufrido por las actuaciones ilegales de la parte imputada”, expresó el secretario de Justicia, Domingo Emanuelli Hernández.
Tras escuchar la prueba presentada por el Departamento de Justicia, la jueza Yaritza Santiago San Antonio, del Tribunal de Primera Instancia de Caguas, determinó causa probable para arresto por todos los cargos, según imputados por el Ministerio Público.
La fianza global impuesta a Morales Sierra fue de $39,000.00, la cual prestó. La mujer deberá permanecerá bajo supervisión electrónica.
La vista preliminar fue pautada para el 15 de mayo.
La Unidad de Control de Fraude al Medicaid de Puerto Rico recibe el 75% de su financiamiento del Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos. Lo anterior, en virtud de una subvención que totaliza $1,235,287.16 para el año fiscal federal 2022-2023. El 25% restante, que totaliza $308,821.79 para el año fiscal 2022-2023, es financiado por el Gobierno de Puerto Rico.
