Ante la proliferación de casos y señalamientos de corrupción a funcionaris del país, el ombudsman de Puerto Rico, Edwin García Feliciano, señala que los procedimientos de auditoría y de supervisión en los municipios y agencias del gobierno deberían servir para disuadirla y pondera la capacitación constante a funcionarios electos como el arma para frenarla.
García Feliciano apunta a que empleados de confianza y de carrera deben ser capaces de enfrentar cualquier tipo de acercamiento indebido y denunciarlo.
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“Combatimos la corrupción después de consumado el delito, pero los esfuerzos preventivos deben ser fortalecidos”, acotó el procurador del ciudadano.
Al reaccionar sobre el historial de casos de corrupción y convicción que se han destapado recientemente, García Feliciano señaló que queda al descubierto un serio problema con el proceso de auditorías internas y externas. Desde diciembre de 2021 se han arrestado y procesado al menos seis alcaldes, así como otros funcionarios públicos que aún siguen sus procesos judiciales.
“Si bien es difícil predecir quién cometerá actos de corrupción, pero los procedimientos de auditoría y de supervisión en los municipios y agencias del gobierno deberían servir para disuadir que el que comenzó a hacerlo, continúe haciéndolo”, indicó.
Resaltó que en los gobiernos estatal y municipal se da todo tipo de auditoría, como auditorías sencillas o “single audits” de la Oficina del Contralor, monitorias de las agencias que otorgan los fondos, auditorías de la Oficina del Inspector General (OIG), y federales, entre otras, sin embargo, ha habido la ausencia preventiva de detectar cualquier viso de ilegalidad antes de que el delito y la pérdida de fondos públicos pueda consumarse.
“¿Cómo es posible que nadie detecte ningún síntoma de corrupción, donde la ha habido?”, expresó con preocupación quien también fuera alcalde de Camuy por 16 años.
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García Feliciano comentó que, aunque los procesos de subastas son controlados por la Junta de Subastas, recientemente la prensa reseñó expresiones de un exalcalde que se declaró culpable ante la Fiscalía Federal, donde dijo que los alcaldes mantienen el poder, porque solo basta con tener a alguien de confianza en esa Junta.
“Este comentario, merece todo nuestro enérgico repudio. Pero nos plantea que, en ninguno de los casos procesados, se ha mencionado a algún otro empleado o funcionario que haya ayudado o haya servido de ‘acomodador’, al que cometió el acto de corrupción. ¿Será acaso que siempre actuaron solos?”, puntualizó el procurador.
“Tal parece que a nadie se le ocurrió indagar sobre este particular”, añadió. El exalcalde estima prudente y necesaria la acción para que sirva de disuasivo para otros.
Recordó que hubo una época en que, por lo bajo, se ignoraba la corrupción después que hubiera obra realizada. “Esta situación ya es cosa del pasado, porque se ha madurado colectivamente y ahora el llamado es a la cero tolerancia”, apuntó.
A su entender, no basta con lo que se hace en la actualidad, y hace falta mucho más en términos de capacitación intensa y constante sobre las modalidades de la corrupción y las penalidades que enfrenta quien las cometa.
“Prevenir la corrupción, protege las contribuciones y servicios que pagamos todos. Pero, además, protege la integridad del carácter y el buen nombre de Puerto Rico, que a orgullo defendemos todos los puertorriqueños”, agregó.