En vista pública de la Comisión para el Estudio y Evaluación del Derecho Constitucional Puertorriqueño y Asuntos Electorales, celebrada hoy lunes, el contralor electoral Walter Vélez explicó que la Oficina del Contralor Electoral (OCE) requiere de autonomía fiscal para atender con rapidez los casos de corrupción.
En su ponencia, Walter Vélez Martínez aseguró que la OCE cuenta con plena autonomía administrativa, pero esta no tiene una autonomía presupuestaria que le permita tener un presupuesto consolidado, sino que queda a merced de la segregación presupuestaria que le impone la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP).
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“Esto limita la habilidad de la Oficina de usar su presupuesto de acuerdo con sus necesidades, según avanza el año fiscal. Por lo cual deben crearse condiciones para que la legislación sobre el financiamiento de campañas políticas se aplique eficazmente. El Proyecto atiende este problema disponiendo que el presupuesto de la Oficina será consolidado y desligado de la jurisdicción de la OGP”, lee la ponencia.
El contralor electoral dijo que la OCE ha tenido una serie de recortes presupuestarios que los ha llevado a reducir el personal. Antes contaban con 27 auditores y que actualmente cuentan con 15. Vélez Martínez aseguró que el presupuesto era de $3.7 millones en el momento que asumió su cargo y que actualmente el presupuesto es de $2.4 millones.
El representante José “Conny” Varela, quien preside la comisión, cuestionó la cantidad de dinero requerida por la OCE, a lo que Vélez Martínez respondió que se requería $3.3 millones.
Por otro lado, en las pasadas semanas el contralor electoral, presentó un proyecto para enmendar la Ley 222-2011 conocida como la Ley para la Fiscalización del Financiamiento de las Campañas Políticas. El proyecto propone la limitación de donativos en efectivo, giros, cheques de gerente o de viajero que pueda realizar una persona por un año a un comité político. Y busca evitar los donativos políticos a cambio de acciones oficiales, mejor conocido como pay for play o quid pro quo.
Además, propone un límite $250 que puede donarse a un candidato, comité o partido político.
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Vélez Martínez explicó que dicha limitación es para poder rastrear con mayor efectividad el origen de aquellos donativos mayores de $250.
“Esta limitación en poco o nada afecta a las personas que quieran donar una suma equivalente al límite dispuesto por Ley, toda vez que una persona que tenga, legítimamente, un petty cash de $3,100 o más (que es el límite anual actual) para hacer un donativo en efectivo, seguramente tiene a su haber medios para hacer donativos rastreables como transferencias electrónicas, cheques o tarjetas de crédito”, aseguró. Vélez añadió que el uso de dinero en efectivo para donativos de poca cantidad al año permite que las personas de pocos recursos económicos, que no tienen una cuenta bancaria con chequera ni usan medios de pago electrónicos, puedan hacer sus donativos en apoyo a los comités políticos que les interesen, sin necesidad de incurrir en otras gestiones.
Por su parte, la comisionada electoral del Partido Nuevo Progresista (PNP) Vanessa Santo Domingo señaló que algunas de las medidas contenidas por el Proyecto de la Cámara 1676 que procura enmendar la Ley 222-2011 podrían ser contrarias a la jurisprudencia aplicable. Por tal razón, el PNP no endosa la enmienda como está redactada.
Además, en su ponencia, asegura que la medida no solo limita la cantidad de dinero sino la manera en que una persona puede emitir su donativo y que esto sería inconstitucional.
Sin embargo, la comisionada electoral por el Movimiento Victoria Ciudadana Lillian Aponte Dones, aunque no estuvo presente en la vista, estableció en su ponencia que el MVC favorece las medidas que busquen la mayor fiscalización de campañas políticas y que a su vez eliminen el inversionismo político, y es por esto, que favorece la aprobación del Proyecto de la Cámara 1676.
“Entendemos que es un paso adelante para la transformación que tanto necesita Puerto Rico, aun así, queda mucho por hacer. Reiteramos, que Puerto Rico debe repensar su sistema electoral desde sus raíces. Esto incluye evaluar otras medidas de financiamiento de campañas electorales para hacer las mismas más equitativas, transparentes y libres de toda posible intromisión de actores que buscan favorecerse monetariamente a cambio de donativo”, expuso Aponte Dones en su ponencia.
