La inspectora general, Ivelisse Torres Rivera, informó este sábado que el Fondo Integral para el Desarrollo Agrícola (FIDA), aprobó incentivos por más de 368,463 dólares a solicitantes de ayudas sin que estos cumplieran con los requisitos necesarios y sin controles internos.
“De una muestra de las transacciones realizadas durante los años 2020 al 2021, se examinaron pagos de incentivos de energía renovable mediante un fondo especial aprobado desde el 2012, con fondos estatales. El beneficio a los agricultores estaba condicionado al cumplimiento de ciertas disposiciones que fueron estipuladas en un reglamento promulgado para establecer las normas que regirán el programa de subvenciones de energía renovable (Reglamento 8212)”, dijo Torres Rivera en declaraciones escritas.
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“No obstante, la OIG validó que en el 100 por ciento de la muestra de los expedientes evaluados faltaba la documentación mínima requerida para evaluar la concesión del incentivo y aun así FIDA procedió con la aprobación de los incentivos”, añadió.
La entidad es una subsidiaria de la Autoridad de Tierras y a su vez parte del Departamento de Agricultura de Puerto Rico.
Según Torres Rivera, tales deficiencias provocaron que, en 20 de julio de 2022, se le notificara a FIDA de una orden de paralización para las subvenciones para inversiones en energía renovable al amparo de la Ley 15-2017, con la intención de proteger el interés público.
En la notificación se le ordenó a FIDA, paralizar, inmediatamente, cualquier gestión afirmativa de pago a tres agro empresarios que se encontraban en proceso de desembolso, solicitar a estos agro empresarios el cumplimiento con los requisitos establecidos conforme al estado de derecho vigente, antes de la emisión de cualquier tipo de pago e iniciar un proceso, inmediatamente, para corregir toda actividad mencionada en la relación de hechos determinados.
Mencionó, además, que la oficina identificó otras deficiencias relacionadas a subvenciones concedidas por la entidad sobre distintos programas de auspicios y subvenciones de la entidad, incluyendo los relacionados a la promoción de la marca DelPaís, en la que existe falta de reglamentación y criterios establecidos para la concesión de los incentivos.
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Otro de los hallazgos identificados incide sobre la posible relación conflictiva en las funciones realizadas por una consultora de servicios profesionales. En el contrato formalizado al primero de julio de 2020, se le establecieron funciones a la contratista que incluían realizar inspecciones a los agricultores para validar cumplimientos de reglamentación específicamente aspectos de venta de azúcar y café.
Sin embargo, la misma consultora, a su vez, era parte del comité evaluador de incentivos a los agricultores que tenía el deber de monitorear.
La OIG identificó hallazgos adicionales en la entidad que fueron desglosados en un documento de más 60 páginas y que es público a través de www.oig.pr.gov.
En los otros hallazgos se establecieron: incumplimiento de disposiciones reglamentarias y desviaciones de normas de control interno relacionadas con la solicitud de licencias y autorizaciones de uso de las marcas de fábrica; deficiencias relacionadas con la conservación de los documentos públicos y la ausencia de un área a ser designada para su conservación; e incumplimiento con las disposiciones de la Ley de Rendición de Cuentas y Ejecución de Programas Gubernamentales.
FIDA respondió a cada uno de los hallazgos identificados por la OIG, a través de personal gerencial de la agencia y su directora ejecutiva, y se comprometió a corregir las deficiencias, así como a crear nuevos formularios que permitan establecer mejores controles al momento de evaluar la concesión de beneficios a los agricultores.
De otra parte, aseguró que la consultora de servicios profesionales fue removida del comité evaluador para evitar las situaciones conflictivas.
La OIG requerirá un plan de acción correctiva a la entidad en el que deberá evidenciar las gestiones realizadas para corregir las deficiencias.
