La organización cívica no partidista y capítulo dominicano de Transparencia Internacional, Participación Ciudadana catalogó la Operación Calamar como un caso de “corrupción a gran escala”, en un resumen de los principales puntos del esquema en el que entre los acusados se encuentra Ángel Donald Guerrero, dueño del Grupo Axis Automotive en Puerto Rico.
El informe se divulgó la semana pasada y fue reseñado ampliamente por los medios de comunicación en República Dominicana.
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Aquí puede leer el informe:
Tras los arrestos en el vecino país, el gobernador de Puerto Rico, Pedro Pierluisi aseguró que habrá cooperación sobre la investigación del caso Calamar y aseguró que el Departamento de Justicia estará a disposición de las autoridades dominicanas por si requiere de su ayuda para esclarecer el caso. “El Gobierno de Puerto Rico va a cooperar con las autoridades del Gobierno dominicano en todo lo que respecte a cualquier vínculo con Puerto Rico”, reiteró Pierluisi.
Metro intentó indagar si ha habido alguna cooperación al momento, pero por ahora se desconoce si ha habido algún requerimiento de información o ayuda en el caso por parte de las autoridades dominicanas.
El también exministro de Hacienda de la República Dominicana, Donald Guerrero, es propietario del Grupo Axis Automotive que es un grupo de concesionarios de automóviles en Puerto Rico entre los que se encuentran Autogermana BMW, Autocentro Toyota, Autocentro Nissan y Autocentro Chryssler. Según las reseñas en medios dominicanos, se sospecha que dichos concesionarios fueron utilizados para desviar parte del dinero de la trama. Sin embarho, la empresa se ha distanciado de dichasconjeturas.
Axis Automotive defendió, en comunicado de prensa, la transparencia e integridad de sus operaciones y aseguró que “como se ha visto año tras año, los concesionarios de la empresa lideran el mercado porque se ciñen minuciosamente a las reglamentaciones financieras del Gobierno Federal de Estados Unidos y porque cumplen con los más altos estándares de calidad, transparencia y contabilidad de la industria”.
En la publicación de la ONG, titulada “Documento sobre la medida de coerción del Ministerio Público” la organización Participación Ciudadana define la “corrupción a gran escala” como “aquellos actos cometidos en los niveles más altos del gobierno que involucran la distorsión de políticas o de funciones centrales del Estado, y que permiten a los líderes beneficiarse a expensas del bien común”. Se ofrece información a detalle sobre la Operación Calamar en la que están imputadas 22 personas y donde se encuentran los 10 testigos más relevantes. Entre las instituciones públicas involucradas se encuentran los Ministerios de Hacienda, el Administrativo de la Presidencia, de Medio Ambiente, Tesorería Nacional, entre otros.
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En la Operación Calamar se realizaron 40 allanamientos por diferentes partes de la República Dominicana en las que arrestaron figuras importantes del gobierno de Danilo Medina, quien fue presidente de la República del 2012 al 2020. Entre ellos, también fueron arrestados Gonzalo Castillo, exministro de Hacienda y José Ramón Peralta, exministro de Administrativo de la Presidencia.
Se les acusa de asociación de malhechores, desfalco, coalición de funcionarios, falsificación de documentos públicos y privados, soborno y financiamiento ilícito de campaña a una escala sin precedente, lavado de activos, entre otros.
Se emplearon tres esquemas para defraudar al gobierno dominicano con montos que sobrepasaron los $19,000 millones de pesos dominicanos, los cuales son cerca de 345.5 millones de dólares.
Yeni Berenice Reynoso la procuradora general adjunta y titular de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público en la República Dominicana, aseguró que el caso Calamar es el más grande en la historia del país.
“No hay forma de que no sea declarado complejo este proceso, es que se tocó el patrimonio público de una forma sin precedentes en la historia del país, hasta el momento, es el caso de más complejidad, de cómo funcionaba”, expresó Reynoso Gómez a la prensa dominicana.
