Frustrada por chocar contra una pared de prejuicios a la hora de buscar un hogar para ella y su hijo, una mujer recurre a las redes sociales para retratar a quienes simplemente rechazan rentarle un techo a una madre soltera.
El caso de esta mujer, que documenta con pantallazos de conversaciones escritas entre ella y dueños de propiedades en alquiler, no es uno aislado. En un mercado complicado para conseguir vivienda accesible, las madres solteras tienden a ser discriminadas por los arrendadores. La licenciada Ariadna Godreau Aubert, fundadora y directora ejecutiva de Ayuda Legal Puerto Rico (ALPR), explicó lo que es el discrimen de estatus familiar y las protecciones que existen para quienes lo sufren.
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“Básicamente, cuanto tú tienes una propiedad, existen algunas razones por las que tú podrías tener ‘peros’, como el número de personas que viven en un apartamento. Eso podría ser una razón válida y razonable, pero no es razonable que la persona no quiera niños. Si bien podría, por ejemplo, decir ‘no quiero animales’, no puede hacer lo mismo con los niños, porque existen protecciones para las familias que tienen menores de edad”, explicó la abogada.
Godreau Aubert dijo que en Puerto Rico hay un gran desconocimiento sobre la ley federal de Vivienda Justa, que prohíbe el discrimen por estatus familiar. Esto significa que todos los arrendadores que publican anuncios en los que especifican que no aceptan niños o que sean solo para parejas sin menores, potencialmente, podrían estar violentando esta ley.
“Estos casos se ven mucho con madres jefas de familias. Por ejemplo, un casero que pide que los ingresos no sean solo de la pensión: es una práctica que tiene un impacto particular que afecta a madres que tienen niños pequeños porque es posible que el principal ingreso de esa casa sea la pensión de alimentos de los niños”, abundó.
Otra practica discriminatoria sería cobrarle, por ejemplo, $50 más por tener un niño pequeño. Según la abogada este es un trato que “limita, excluye y que afecta el derecho a la vivienda de esa madre”.
Godreau Aubert puntualizó que personas que se hayan sentido discriminadas tienen acceso a los mecanismos que establece el Departamento de Vivienda federal, que aplican tanto en el sector privado como en el público. “El hecho de que sea un realtor privado el que esté alquilando no lo exime de la ley, al contrario, la activa”, explicó.
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Sin embargo, la ley tiene excepciones en su aplicación. Estas incluyen a los caseros que están alquilando sin que medie un corredor de bienes raíces, residencias que le pertenecen a una iglesia u organización que solo permite la entrada a sus miembros, como conventos y égidas, y ocupaciones transitorias, como hoteles.
“Pero ese casero que alquila por sí mismo, vamos a ver que el ámbito de aplicación de la vivienda justa es más limitado, pero podrían aplicar otras legislaciones antidiscrimen”, argumentó.
La ALPR realizó un censo de alquileres dignos en el año 2022. Participaron sobre 400 personas que, en su mayoría, eran mujeres. Se concluyó que la situación de alquiler se vio afectada por los desastres naturales, la falta de trabajo y el no poder negociar un contrato.
Más compleja la situación en la ruralía
Jenniffer Berríos Rubert, de Casa Pensamiento de Mujeres en Aibonito, aseguró que la situación es mucho más difícil para las mujeres de los pueblos del interior de Puerto Rico. Berríos comentó que lo más que complica la situación es la poca cantidad de alquileres accesibles. “Ya no estamos hablando ni de estatutos económicos; es que no hay disponibilidad de vivienda”, argumentó.
Recalcó que “hay escasez de trabajo, no hay muchas ventajas de competencia, y es aún más difícil que una madre soltera que tiene que mantener a su hijo pueda pagar una renta de $1,000 o más. A veces les piden que como mínimo cobren $800 al mes”.
Berríos Rubert aseguró que, con la llegada de los alquileres a corto plazo, se ha dificultado más conseguir alquilar una casa o un apartamento. “Ahora los alquileres lo hacen más para [rentas a corto plazo, como el caso de la plataforma] Airbnb que para vivirlo. Se consiguen más Airbnb que alquileres o incluso casas para comprar”, expresó Berríos Rubert.
De igual forma, Vilma González, directora de la coalición Coordinadora Paz para las Mujeres, dijo que ha visto lo difícil que se hace acceder a vivienda o poder agilizar el proceso de mover a una mujer a una vivienda segura mediante programas de subsidios gubernamentales por la dificultad de acceso.
“Sabemos que se han estado dando unos cambios bastantes drásticos a medida que ha ido creciendo el asunto de los Airbnb. Muchas de las personas que tienen propiedades prefieren ponerlos bajo ese concepto que darlos en alquiler, a través de Plan 8, por darte un ejemplo”, añadió González.
Doble discrimen para las mujeres inmigrantes
“Si con las puertorriqueñas es difícil, con las inmigrantes todavía es peor”. Así lo aseguró Romelinda Grullón, directora del Centro de la Mujer Dominicana.
Grullón señaló factores como la falta de vivienda de interés social, pero también subrayó los precios en sectores donde se concentran comunidades de inmigrantes.
“Y lo difícil que se le hace a una mujer inmigrante poder tener una renta porque tiene que cumplir con un serie de documentos que le piden, y de trabajo, de pruebas y a veces eso amerita que el precio de la vivienda, como tiene menos control, pues que sea mucho más costosa. No hay una regulación y, en el caso de los inmigrantes, pues a veces se le hace más difícil, ya que tienen que hacer un tipo de contrato con el dueño o con la dueña y hay una serie de de documentos que no los tienen. Eso muchas veces hace que le aumenten más las renta. Hay que estar vigilantes porque en medio de todo eso hay mucho discrimen”, explicó Grullón.
En Puerto Rico, el 45.1 % de las familias están lideradas por madres solteras.
