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Alcalde de Ponce se aferra a su silla

“Yo no me escondo. Yo voy a seguir trabajando para que la ciudad de Ponce siga hacia adelante”, manifestó el alcalde

El alcalde de Ponce, Luis Manuel Irizarry Pabón, sostuvo este miércoles que seguirá “trabajando para que la ciudad de Ponce siga hacia adelante”, pese a que el Departamento de Justicia recomendara el mes pasado que se designe un Fiscal Especial Independiente (FEI) para investigarlo por presuntamente solicitar aportaciones de dinero a los empleados de confianza.

“Yo no estoy en contra de que se busque y se investiguen si hubo irregularidades. En su momento, van a salir las personas que defraudaron a la ciudad de Ponce”, indicó el alcalde en un video publicado en redes sociales.

“Aquel que defraude la ciudad de Ponce tiene que tener todo el rechazo y tiene que ser responsable por las acto que haya cometido”, aseguró. “Yo no me escondo. Yo voy a seguir trabajando para que la ciudad de Ponce siga hacia adelante”, añadió el alcalde.

A finales de marzo, el Departamento de Justicia recomendó a la Oficina del Panel sobre el Fiscal Especial Independiente (OPFEI) que se designara un FEI para investigar a Irizarry Pabón por solicitar aportaciones de dinero a los empleados de confianza.

La determinación es el resultado de una investigación preliminar de la División de Integridad Pública y Asuntos del Contralor (DIPAC) del Departamento de Justicia y el Negociado de Investigaciones Especiales.

La prueba recopilada demostró que el alcalde de Ponce, mediante intimidación, logró obtener que sus subalternos proveyesen aportaciones económicas y efectuaran el pago de un préstamo personal, cuyo propósito fue utilizar el dinero para sufragar, parcialmente, los gastos de su campaña política. Asimismo, la evidencia estableció que, previo a asumir el cargo de alcalde de Ponce, este recibió donaciones ilegales que no reportó en los informes trimestrales que presentó en la Oficina del Contralor Electoral de Puerto Rico, entre otras.

“Finalizada la investigación, luego de evaluar la prueba recopilada y tras analizar todo el derecho aplicable, la DIPAC determinó que existe causa suficiente para creer que el alcalde de Ponce incurrió en los delitos de extorsión y enriquecimiento injustificado, artículos 191 y 251 del Código Penal, respectivamente. Igualmente, existe causa suficiente para creer que el alcalde Irizarry Pabón cometió los delitos graves, tipificados en el artículo 4.2 (b) y (m) de la Ley de Ética Gubernamental de Puerto Rico y en el artículo 13.005 de la Ley para la Fiscalización del Financiamiento de Campañas Políticas”, establece el informe emitido por la DIPAC al titular de Justicia.

Emanuelli Hernández acogió la recomendación de la DIPAC, y envió a la OPFEI el informe sobre la investigación preliminar y el expediente.

“En el Departamento de Justicia continuamos combatiendo la corrupción pública que afecta tanto las operaciones gubernamentales como a los ciudadanos. La División de Integridad Pública y Asuntos del Contralor se encuentra muy activa investigando en todos los niveles. Todo aquel que le robe al pueblo o vulnere su confianza tendrá que rendir cuentas”, expresó el secretario de Justicia.

La investigación preliminar del Departamento de Justicia se inició con una comunicación recibida en la Oficina de Contralor de Puerto Rico, que fue referida al secretario de Justicia.

Por ser Irizarry Pabón un funcionario a quien le aplica la Ley Núm. 2-1988, conocida como Ley de la Oficina del Panel sobre el Fiscal Especial Independiente, el secretario de Justicia la refirió a la DIPAC para el desarrollo de la investigación correspondiente.

Debido a que la investigación continúa, ahora ante la consideración de la OPFEI, el secretario y los funcionarios del Departamento de Justicia no emitirán comentarios adicionales sobre este caso.

Bajo la lupa del contralor electoral donaciones que el Alcalde de Ponce habría hecho a su propia campaña política

Irizarry Pabón habría realizado múltiples donativos a su propia campaña política ascendentes a casi $100,000, acción que aunque no es ilegal, ha levantado cuestionamientos en los procesos de auditoría de la campaña, indicó el contralor electoral, Walter Vélez.

Según Las Noticias de TeleOnce, documentos en su poder señalan que los donativos van desde $500 a $15,000, logrando una aportación de $95,519.73.

Cabe señalar que actualmente, el alcalde es eje de una pesquisa por la existencia de un préstamo personal que alegadamente estaba siendo pagado por empleados municipales. Se alega que a través de la Legislatura Municipal, a los empleados se les había realizado un aumento a su salario y posteriormente, se comenzó a solicitar que pagaran el controversial préstamo. La supuesta acción pudiera constituir varios delitos estatales y federales.

“Como contralor es de las cantidades más altas que he visto que ha aportado un candidato a su campaña política y sí levantó bandera y sí se indagó y sí se pidieron informes, estados de cuenta para corroborar de dónde procedía el dinero. Más allá de eso, estamos en unas indagaciones, estamos todavía en una investigación relacionada no necesariamente a estas aportaciones, sino a otras situaciones relacionadas a Ponce”, indicó.

Al ser cuestionado sobre si estas donaciones pudieran estar relacionadas al préstamo por el cual el ejecutivo municipal actualmente es investigado, el contralor dijo no poder comentar sobre el asunto actualmente. Sin embargo no lo descartó.

“Aquí se está haciendo una indagación sobre dinero que se alega llegó al comité de campaña y esas son indagaciones que nosotros tenemos que hacer y corroborar si en efecto se dio o si no se dio”, sostuvo.

Por otro lado, el comisionado electoral del PPD, Ramón Torres, dijo que la controversia sí es un golpe a la institución.

“Políticamente hablando, por supuesto que sí, porque él sigue siendo el alcalde de Ponce, pero el hecho de que se mencione que hay una investigación, políticamente, afecta el partido. Pero el partido está tomando todas las acciones necesarias con mesura y dirigidas a que esto afecte los menos posible”, sostuvo.

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