El Senado de Puerto Rico derrotó el Proyecto de la Cámara 1470 que proponía enmendar la Ley de Coparticipación del Sector Público y Privado para la Nueva Operación de Vivienda a los fines de modificar la fórmula para establecer los topes para viviendas unifamiliares y multifamiliares, variar el mecanismo de ajuste administrativo y enmendar secciones para establecer un nuevo límite al precio de compraventa de las propiedades bajo los beneficios del Programa de Impulso a la Vivienda.
“Si nos enfocamos en los topes de vivienda multifamiliar que se mencionan en el proyecto, los precios suben a $250 mil sin modificar las tablas para cualificar que tiene que hacer el Gobierno. Hay unas propuestas que le permiten al Departamento de la Vivienda subir los topes a un 15 por ciento, y permiten que las viviendas en cascos urbanos puedan costar $300 mil. ¿Qué persona puede comprar una vivienda a ese costo? ¿Está la banca preparada para admitir préstamos a esta cantidad de dólares? Esta medida tiene un impacto en el mercado de vivienda, pues los intereses hipotecarios están altos y disminuye la capacidad de personas que pueden cualificar. ¿Debemos subir el tope máximo de vivienda de interés social sin contar con otros sectores? Lo más adecuado es que el Departamento de la Vivienda enmiende las guías”, sostuvo el presidente del Senado, José Luis Dalmau Santiago, en un turno sobre el proyecto de administración.
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En un turno, el senador independiente José Vargas Vidot comentó que la medida complacía a un sector de la construcción que “ya tiene un saco de incentivos. Concurro con lo que ha dicho el presidente. Esta medida lleva mayor posibilidad a la indigencia”, expresó.
En la misma línea, la senadora del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), María de Lourdes Santiago Negrón, dijo que consignaba su voto en contra del PC1470. “Me parece una actitud despegada de la realidad iniciar una conversación sobre viviendas de interés social, mientras por otro lado se persigue una política pública de desplazamiento”.
Por otro lado, se aprobó la Resolución Conjunta del Senado 250, de la autoría del presidente del Senado, que ordena al Departamento de la Vivienda y a la Autoridad para el Financiamiento de la Vivienda a revisar y enmendar las Guías del Programa de Asistencia Directa del Comprador, a los fines de aumentar los límites de ingresos de los participantes elegibles para este programa.
“La Asociación de Constructores de Puerto Rico comentó que, durante el 2021, hubo un incremento de un 16.9 por ciento en el precio de las viviendas disponibles en el mercado de bienes raíces para la venta de las mismas. El valor promedio de las viviendas vendidas durante el pasado año fue de $197 mil, lo que representa un pagaré hipotecario de $830 mensuales durante 30 años. Conforme estos datos, se percibe el disloque entre el valor de la vivienda y los límites de ingreso que establece el Programa de Asistencia Directa al Comprador”, lee la exposición de motivos.
También, el alto cuerpo avaló el Proyecto del Senado 893 que propone establecer la Carta de Derechos y Responsabilidades de las Personas Profesionales del Trabajo Social en Puerto Rico, establecer la facultad del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos para fiscalizar el cumplimiento con las disposiciones de esta ley; reconocer la legitimación activa del Colegio de Profesionales del Trabajo Social de Puerto Rico para instar acciones administrativas o judiciales para exigir su cumplimiento y establecer penalidades.
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“La profesión del Trabajo Social en Puerto Rico constituye un gran impacto tanto en el sector público como privado. Son esenciales en educación y familia para atender problemas sociales en el país. De igual manera, en ejecutar programas de servicios sociales dando énfasis a la rehabilitación. Sin embargo el ejercicio de la profesión enfrenta grandes retos como salarios y condiciones de trabajo. Esto tiene como consecuencia la emigración de estos profesionales a otras jurisdicciones”, resaltó la senadora Rosamar Trujillo Plumey, quien es parte de los autores de la medida.
Del mismo modo, la senadora del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC), Ana Irma Rivera Lassén, se expresó a favor de la medida, y sostuvo que Puerto Rico cuenta con los trabajadores y trabajadoras sociales, pero se les debe mejorar las condiciones de trabajo para que “puedan estar en la defensa de nuestra niñez”.
También, se aprobaron el Proyecto del Senado 1040 y el Segundo Informe del Proyecto del Senado 779 que proponen enmendar la Ley de Vehículos y Tránsito de Puerto Rico.
Otras medidas que fueron aprobadas por la cámara alta fueron el Proyecto del Senado 1016, la Resolución del Senado 604, y el Informe de Conferencia del Proyecto del Senado 717. También, se aprobó, en su reconsideración, el Proyecto del Senado 465, y la Resolución Conjunta de la Cámara 280.
