Eliminar la Ley 22 estaría en la agenda del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) si las aspiraciones de administrar el país se concretaran, estableció el licenciado Juan Dalmau, excandidato a la gobernación.
Dalmau planteó que la Ley 22, relacionada con el traslado de inversionistas a la Isla, es “una mala política contributiva”.
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“Nosotros eliminaríamos la Ley 22. De hecho, hemos presentado legislación durante este cuatrienio para para eliminarla”, señaló.
Criticó que bajo la Ley 22 los extranjeros, contrario a los locales que compren inmuebles en la Isla, no pagan todas las contribuciones municipales y estatales que impone el gobierno.
“Con la ley 22, basta con que compres un inmueble en Puerto Rico siendo extranjero y no te tocan ni con el pétalo de una rosa. Si tu vas a comprar un inmueble en Puerto Rico, vas a tener que pagar todas las contribuciones tanto municipales como estatales y por lo tanto es un sistema penalizante en donde los economistas han planteado que un país que tiene un problema fiscal, cómo es posible que tenga como una de sus políticas para atraer capital, dar exenciones fiscales. Eso es una mala política contributiva y además una política desigual para el que quiera invertir desde Puerto Rico”, sostuvo.
Pero, ¿cuál sería la propuesta para incentivar que llegue capital extranjero?
Dalmau indicó que la propuesta sería establecer una tasa contributiva uniforme, que le permitiría crear un fondo para la inversión extranjera con beneficios no contributivos.
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“Creo que para atraer capital extranjero, estableciendo esa tasa contributiva uniforme permite que aquellas empresas que en Puerto Rico son exentas, que el año pasado se llevaron en ganancias $37 mil millones, pagando un 10%, tendríamos un ingreso de $3.700.000.000. Con parte de ese ingreso nosotros podemos, además de solventar la reducción contributiva de las empresa puertorriqueña, se puede crear un fondo para la inversión extranjera con beneficios no contributivos Lo que se hace en Irlanda, lo que se hace en otros países del mundo, se ha hecho también en Singapur”, comparó.
Explicó que con el beneficio no contributivo, el Estado tendría varias opciones para incentivar al extrajero, entre ellas, que le pueda otorgar financiamiento para el establecimiento de tecnología, de energía renovable, financiamiento para expansión de infraestructura con intereses prestatarios que sean preferenciales, adiestramiento a la mano de obra.
“El gobierno le está dando unos beneficios a las empresas que les reduce sus costos operacionales. Pero no son beneficios contributivos porque el país necesita tener un ingreso necesario para los servicios a la ciudadanía”, manifestó.
En cuanto a la Ley 20, relacionada con la exportación de servicios, entiende que necesita ser enmendada para crear mejores condiciones competitivas con quien viene a dar servicio del extranjero desde Puerto Rico.
“Nosotros creemos en que sí hay que modelar el sistema económico de tal forma que no sea la Ley de la jungla, porque eso sería en detrimento de aquellos empresarios pequeños y medianos que desean crecer, en donde tendrían que enfrentarse a estas mega empresas, particularmente aquellas que vienen del extranjero, que los desplazan. Por eso es que yo creo en establecer medidas que sean equitativas con respecto a que el empresario puertorriqueño pueda desarrollarse económicamente y que no se penaliza al extranjero, pero que tenga que también aportar en justicia lo que no está aportando en estos momentos. Aquí la política económica ha sido la de Teodoro Moscoso, que es que al extranjero no lo toca ni con el pétalo de una rosa. Lo tratan como vaca sagrada”, puntualizó.
