SAN DIEGO (AP) — El incendio que mató a por lo menos 38 personas en un centro de detención migratorio de México ocurrió en un momento en que los países del hemisferio occidental están siendo presionados para hacer frente al número extraordinario de personas que huyen de sus patrias.
México ha expandido su red de decenas de centros de detención mientras colabora con Estados Unidos para limitar la movilidad de solicitantes de asilo que atraviesan su territorio para dirigirse a la frontera sur de Estados Unidos, incluyendo a Ciudad Juárez, en donde las autoridades dicen que los migrantes incendiaron colchonetas el lunes en un centro de detención después de enterarse de que serían deportados.
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A continuación, algunas preguntas y respuestas sobre las condiciones y políticas que provocaron uno de los eventos más mortales en un centro de detención migratorio de México.
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¿POR QUÉ ESTABAN DETENIDOS ESTOS MIGRANTES?
Todavía deben darse a conocer los detalles específicos, pero México ha surgido como el tercer destino más popular del mundo para las personas en busca de asilo, después de Estados Unidos y Alemania. No obstante, sigue siendo en gran medida un país de tránsito para quienes van a Estados Unidos.
Las personas en busca de asilo deben quedarse en el estado mexicano en donde lo solicitan, por lo que grandes cantidades de personas están refugiadas en Tapachula, cerca de la frontera de México con Guatemala.
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Decenas de miles también están reunidos en ciudades fronterizas del norte, incluida Ciudad Juárez, a las cuales con frecuencia llegan sin autorización después de terribles travesías o de pagarle a alguien. Una red cada vez más grande de abogados, conocedores de la zona e intermediarios, ha surgido para ofrecer documentos y consejo a los migrantes que pueden pagar para acelerar el sistema.
Se cree que hay más de 2.200 personas en albergues para migrantes en Ciudad Juárez, mientras que una cifra mayor vive en otras partes de la ciudad después de llegar de Guatemala, Venezuela, Nicaragua, Colombia, Ecuador, Perú y El Salvador, según un informe publicado el mes pasado por el Centro Strauss para la Seguridad y Derecho Internacionales de la Universidad de Texas, campus Austin.
El año pasado, México deportó a unas 106.000 personas, de las cuales aproximadamente 8 de cada 10 fueron enviadas a Guatemala u Honduras.
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¿CÓMO INFLUYEN LAS POLÍTICAS ESTADOUNIDENSES?
Los gobiernos de Donald Trump y Joe Biden se han apoyado cada vez más en México para contener el flujo de migrantes que, desde el 2017, ha hecho que Estados Unidos sea el destino más popular del mundo para las personas que buscan asilo, según cifras de la ONU.
Veintiocho de los muertos han sido identificados como ciudadanos guatemaltecos, el grupo más grande de muertos o lesionados en el incendio del lunes, según la fiscalía general de México. Otros eran de Honduras, El Salvador, Venezuela, Colombia y Ecuador.
Los guatemaltecos han sido afectados de forma desproporcionada por una política estadounidense vigente desde marzo de 2020 que regresa a México a las personas que entran sin autorización a Estados Unidos. La práctica suspendió su derecho a solicitar asilo para prevenir la propagación del COVID-19.
México recibe de regreso a los guatemaltecos, así como a personas de ciertas nacionalidades, mientras que los migrantes de otros países con frecuencia son liberados en Estados Unidos en lo que se procesan sus casos en tribunales migratorios. Eso debido a los costos y desafíos diplomáticos de regresarlos a sus naciones de origen.
El gobierno de Biden planea poner fin el 11 de mayo a dicha regla de la época de la pandemia, conocida como Título 42, y reemplazarla con una extensa nueva ley que en gran parte prohíbe dar asilo a cualquiera que atraviese México sin primero buscar protección ahí.
El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos recibió más de 11.000 comentarios sobre la nueva ley antes de la fecha límite del lunes para la retroalimentación pública. La agencia de refugiados de la ONU dijo que “elementos clave de la propuesta son incompatibles con los principios de la ley internacional de refugiados”.
La Federación Estadounidense de Empleados del Gobierno, el principal sindicato que representa a agentes de procesamiento de asilo, se opone al cambio.
La propuesta está sujeta a revisiones según los comentarios públicos y es prácticamente seguro que será impugnada en los tribunales.
Entre la incertidumbre y los cambios rápidos, muchos migrantes están muy frustrados con la aplicación CBPOne, cuyo uso se expandió en enero para otorgar algunas excepciones a las restricciones de asilo. Estados Unidos ha recibido a unos 740 migrantes todos los días en cruces fronterizos a través de CBPOne.
Unos 80 migrantes en Ciudad Juárez que usan CBPOne son recibidos todos los días en El Paso, según el Centro Strauss.
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¿POR QUÉ CIUDAD JUÁREZ?
El gobierno de Biden está bajo intensa presión después de que la cantidad de cruces fronterizos ilegales alcanzara el año pasado su mayor nivel en registro. El tránsito disminuyó mucho desde enero, cuando el gobierno extendió los permisos de entrada humanitarios a cubanos, haitianos, nicaragüenses y venezolanos que lleguen por aeropuerto y cuenten con un patrocinador financiero.
Al mismo tiempo, México acordó comenzar a recibir a personas de esos cuatro países que cruzaban la frontera sin autorización. El secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, dijo el martes en una audiencia del Senado que la aplicación de dicha política a los ciudadanos de esos cuatro países ha sido “tremendamente exitosa”.
Hacia el final del año pasado, El Paso se convirtió en el más transitado de los nueve sectores de la Patrulla Fronteriza a lo largo de la frontera sur de Estados Unidos, lo que provocó que muchos migrantes durmieran al exterior o en albergues saturados después de ser liberados, y por lo cual Biden visitó la frontera por primera vez como presidente.
El Paso, con su extensa red de albergues en Ciudad Juárez, siguió siendo el corredor más transitado para los cruces ilegales en febrero, cuando hubo más de 32.000 detenciones de migrantes. Casi la mitad de esos incidentes involucraron a mexicanos.
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Este despacho fue corregido para mostrar que 8 de cada 10 personas que México deporta son enviadas a Guatemala u Honduras, no cuatro. ___ Los periodistas de The Associated Press María Verza en Ciudad de México y Rebecca Santana en Washington contribuyeron a este despacho.
