Los ojos y oidos de la Oficina del Contralor Electoral y del Departamento de Justicia (DJ), se mantienen bien atentos a la figura del alcalde de San Juan, Miguel Romero, luego de que su nombre saliera a relucir durante el testimonio del empresario y abogado, Oscar Santamaría, en el juicio contra el ahora convicto exalcalde de Guaynabo, Ángel Pérez.
Según testificó el contratista, también convicto por corrupción, este realizó dos donaciones contributivas en efectivo a la campaña política del entonces aspirante a alcalde de San Juan, uno por $50,000 y otro de $10,000, no obstante, en la Oficina del Contralor Electoral (OCE) solo se registran $5,000, reportados por la campaña del alcalde.
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Esta información no pasó desapercibida por el contralor electoral, Walter Vélez, quien, aunque no admitió categóricamente que mantenga una investigación sobre estas alegaciones, sí aceptó que la información obtenida tras el testimonio se está analizando en estos momentos.
“Nosotros entramos en conocimiento sobre eso y esa fue una de las razones por las que yo acudí al tribunal. Se estaban planteando unos asuntos que pudieran ser irregularidades a las disposiciones de la Ley del Financiamiento de Campañas Políticas”, indicó a Metro el contralor electoral.
“Nosotros estuvimos allí pendientes a todo el testimonio que brindó el señor Oscar Santamaria, así como el exalcalde de Cataño, y todo ese testimonio se está analizando, se está verificando, se está evaluando legalmente y en su momento nosotros pediremos al Departamento de Justicia federal copia de todos los expedientes de este caso para unirlo a la indagación y al análisis que están haciendo”, añadió Vélez.
Según testificó Santamaría, los donativos fueron entregados a la campaña de Romero durante dos actividades diferentes y entregados a miembros de la campaña política del entonces aspirante a la alcaldía de San Juan, incluyendo al exvicealcalde de San Juan, Alberto Escudero, quien renunció súbitamente en septiembre de 2022 por presuntas razones profesionales.
A preguntas de Metro sobre si este caso podría ser eventualmente referido al DJ, el contralor electoral aseguró que es muy prematuro asegurarlo, toda vez que habría que analizar el asunto con mayor detenimiento.
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Refieren caso a Justicia
El secretario del DJ, Domingo Emmanuelli, confirmó a Metro que Justicia recibió una carta del legislador municipal de San Juan, Manuel Calderón Cerame, refiriendo la información sobre los donativos ilegales a la campaña de Romero.
“Llegó una carta sobre ese asunto y vamos a investigar todo lo que esté a nuestro alcance y referirlo, por ejemplo, a la División de Integridad Pública, para que ellos nos indiquen bajo qué disposiciones de ley se puede investigar, si alguna, y vamos a seguir hacia adelante”, aseguró Emmanuelli.
“Nosotros no vamos a escatimar en persona alguna. Aquel que haya cometido algún delito, vamos a investigarlo y será procesado”, añadió.
Aunque no pudo precisar detalles, el secretario de Justicia aseguró que hay varias investigaciones de funcionarios en curso y destacó que en dos años de gestión como secretario ha referido al Panel de Investigaciones unos 70 casos.
Irán tras el dinero
El sonado caso del convicto exalcalde de Guaynabo ha desatado la discusión pública sobre si se puede o no recuperar el dinero perdido a manos de la corrupción de funcionarios. El propio secretario de Justicia había indicado públicamente que iría tras el dinero mal habido a través de actos de corrupción gubernamental.
Sin embargo, Emmanuelli explicó que el Estado sí tiene garras legales para recuperar el dinero.
“El estado tiene bajo la Ley Anticorrupción de 2018 un mecanismo para radicar una demanda contra aquellos funcionarios públicos, personas privadas o corporaciones que han intervenido negligente o culposamente con dinero del gobierno y esa cantidad sumarla y reclamarla por tres”, aseguró el también abogado sobre las penalidades que se sumarían al dinero que se tiene que reponer.
“La misma ley nos faculta a que, sin prestación de fianza, podamos radicar un remedio provisional y aplicar un posible embargo preventivo o anotar en el registro, hay varios mecanismos que tiene el gobierno en sus manos desde 2018 y queremos ponerlo en vigor”, añadió.
Emmanuelli indicó que la idea es atacar la corrupción no solo desde el punto de vista criminal sino “por donde más les duele, por el bolsillo”.
