TEL AVIV, Israel (AP) — El parlamento de Israel aprobó el jueves la primera de las leyes que conforman la polémica reforma del sistema judicial, mientras los manifestantes contrarios a los cambios volvieron a salir a la calle para llamar la atención sobre una medida que consideran que llevará el país a la autocracia.
La coalición del primer ministro, Benjamin Netanyahu, aprobó una norma que protegería al líder israelí de ser considerado no apto para gobernar por su juicio por corrupción y por las denuncias de conflicto de intereses por su implicación en la reforma. Los críticos señalan que la ley está hecha a la medida de Netanyahu, fomenta la corrupción y aumenta la profunda separación entre israelíes por la reforma judicial.
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Los cambios han dividido a la nación entre quienes consideran que están despojando a Israel de sus ideales democráticos y quienes piensan que el país ha estado controlado por una judicatura liberal. El plan del gobierno ha sumido al país en una de sus peores crisis internas en sus casi 75 años de historia.
“Israel será o un estado judío, democrático y progresista, o uno religioso, totalitario, fracasado, aislado y cerrado. Nos están llevando hacia ahí", afirmó Tzipi Livni, exministra de Exteriores que respalda el movimiento de protesta, en declaraciones a la Radio del Ejército israelí.
La oposición está arraigada en amplios sectores de la sociedad, incluyendo líderes empresariales y altos funcionarios judiciales. Hasta el ejército se vio arrastrado luego de que algunos reservistas se nieguen a presentarse al servicio por los cambios. Los aliados internacionales también han mostrado preocupación.
Los manifestantes iniciaron el jueves la cuarta jornada de protestas entre semana. Bloquearon las principales carreteras, prendieron fuego a neumáticos cerca de un importante puerto y colocaron una gran bandera israelí y una copia de la Declaración de Independencia sobre los muros de la Ciudad Vieja de Jerusalén. La policía reportó varias detenciones en todo el país. Entre los arrestados estaba Shikma Bressler, una de las líderes de las movilizaciones, indicaron los organizadores.
Para más tarde en el día había previstas protestas en una gran ciudad ultraortodoxa próxima a Tel Aviv. Los organizadores del acto dijeron que buscan hacer que la comunidad comprenda que sus derechos están en peligro con la reforma. Los líderes ultraordoxos, por su parte, consideran la movilización en su comunidad como una provocación.
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La crisis ha acentuado la antigua división entre los israelíes judíos laicos y los religiosos por el papel que debería tener la religión en su vida cotidiana. Los legisladores ultraortodoxos del gobierno son los principales impulsores de la reforma porque creen que los tribunales son una amenaza para su modo de vida tradicional. Por contra, los opositores laicos temen que pueda abrir la puerta a la coerción religiosa.
Además de en las manifestaciones del jueves, decenas de miles de personas llevan más de dos meses acudiendo a protestas semanales los sábados por la noche.
A principios de mes, el ejecutivo de Netanyahu rechazó una propuesta de compromiso que buscaba aliviar la crisis alegando que ralentizaría el ritmo de los cambios, retrasando la mayoría de ellos para después del receso legislativo de un mes en abril.
El Knesset, que tiene 120 escaños, aprobó la ley para proteger a Netanyahu por 61 votos a favor y 47 en contra.
El texto estipula que un primer ministro solo puede ser considerado no apto para gobernar por motivos de salud o mentales, y que solo él o su gobierno pueden tomar esa decisión. La ley llega tras los crecientes llamados de los opositores para que el fiscal general declare a Netanyahu no apto por sus problemas legales. El fiscal ya le prohibió participar en la reforma alegando que podría incurrir en un conflicto de intereses debido a su proceso por corrupción.
El Movimiento por un Gobierno de Calidad en Israel, una organización en defensa del buen gobierno, anunció que recurrirá la norma ante los tribunales.
Netanyahu está siendo juzgado por supuesto fraude, abuso de confianza y aceptación de sobornos en una serie de escándalos que implican a colaboradores adinerados y a poderosos magnates de los medios. El primer ministro niega haber cometido delito alguno y rechaza las críticas que aseguran que los cambios impulsados por su ejecutivo podrían darle una vía de escape a las acusaciones.
Según el gobierno, los cambios buscan corregir un desequilibrio que ha dado a los tribunales demasiado poder en la forma de dirigir el país.
Los críticos sostienen que la reforma cambiará el sistema de garantías y equilibrios, otorgando al primer ministro y a su ejecutivo, el más derechista en la historia del país, un poder ilimitado y eliminando la supervisión judicial.
Los grupos de defensa de los derechos y los palestinos sostienen que los valores democráticos de Israel llevan mucho tiempo empañados por la ocupación indefinida, desde hace 55 años, de los territorios en los que los palestinos quieren crear un estado independiente, y por el trato que reciben los ciudadanos palestino-israelíes, que sufren discriminación en muchas esferas.
