La Oficina de Ética Gubernamental (OEG) archivó una investigación contra, Yaminelle Márquez Canales, auditora senior de la entidad gubernamental tras una querella radicada por Raúl “Raulie” Maldonado que alegaba posibles violaciones a la Ley de Ética Gubernamental contra la funcionaria tuvo a su cargo la auditoría forense contra el padre del querellante en un caso que culminó en acusaciones del Fiscal Especial Independiente (FEI).
La querella denunciaba la participación de la funcionaria en la corporación Casa Montessori Mis Pequeñas Manos, Inc. que tiene contratos con el municipio de Luquillo y la Administración para el Desarrollo Integral de la Niñez (ACUDEN).
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Según documentos del Departamento de Estado, la auditora de la OEG es vicepresidenta del colegio. La corporación en la cual tiene Marquéz Canales tiene un puesto ejecutivo que certifica sus finanzas, mantiene varios contratos con entidades gubernamentales. Se trata de dos contratos de arrendamiento por $1 con el municipio de Luquillo y uno con ACUDEN del Departamento de la Familia por $532,956.29 de Fondos Federales.
En la querella, Maldonado planteaba posibles violaciones a la Ley de Ética Gubernamental, pues mientras Márquez Canales ejerce su puesto de Auditora Senior en la Área de Auditoría de Informes Financieros de la Oficina de Ética Gubernamental mantiene contratos con entidades dirigidas por funcionarios que ella debe auditar en la OEG.
Sin embargo, la investigación de la OEG concluyó que desde el 2012 Márquez Canales tiene autorización de la OEG para desempeñar funciones adicionales en la corporación privada sin fines de lucro, fuera de horas laborables y de la que no devenga salario, solo recibe un plan médico suplementario de cáncer y seguro de vida privado.
La OEG indicó que como parte de la investigación entrevistó a personal de diversos niveles de la estructura corporativa, maestros, asistentes, personal de manteamiento y miembros de la Junta de Directores de la Corporación. Ninguno de los entrevistados identificó a Márquez Canales realizando gestiones para la Casa Montessori Mis Pequeñas Manos Inc. en horario laborable, tanto así que la mayoría de las personas relacionadas a la Corporación no la conocen, explicó el Director Ejecutivo. De otra parte, se entrevistaron a compañeros y supervisores de trabajo de la auditora, ninguno expresó que Márquez Canales no cumpliera con su jornada de trabajo ni la han visto realizar gestiones no relacionadas a su función gubernamental.
Según se desprende de la investigación de la licenciada Salabarría Belardo de la OEG, el 3 de agosto de 2022, la presidenta de la Corporación Casa Montessori Mis Pequeñas Manos Inc., Ivelisse Hernández Rivera, presentó una solicitud de fondos al Programa de Estabilización de Centros y Hogares de Cuido Licenciados de ACUDEN. Esta solicitud era para sufragar, entre otras cosas, gastos operacionales, servicios de agua, luz, limpieza y compra de equipo. El 29 de agosto de 2022, se otorgó un contrato de delegación de fondos a la corporación por parte de ACUDEN. De las entrevistas realizadas al personal de ACUDEN y de la evaluación del expediente de contratación, surge que la única gestión realizada por Márquez Canales en el riguroso proceso de solicitud de fondos fue una Resolución Corporativa que autorizaba a la presidenta Hernández Rivera, a comparecer a nombre de la corporación durante todo el proceso. De otra parte, ninguno de los servidores públicos vinculados al proceso mediante el cual se le otorgaron fondos a la Corporación, tienen la obligación de rendir informes financieros, a excepción del Administrador de ACUDEN y la Secretaria de la Familia. De acuerdo con las certificaciones y entrevistas realizadas al personal encargado de estos informes financieros en el Área de Auditoría de la OEG, Márquez Canales no es parte del equipo de trabajo que audita a estos dos jefes de agencia, por lo que no se configura un conflicto de intereses, indicó el Director Ejecutivo.
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La OEG indicó que surge de la investigación que el 1 de octubre de 2018, el Municipio de Luquillo otorgó a la Corporación, sin subasta, un contrato de arrendamiento por la escuela elemental ubicada en el Municipio. El propósito del contrato fue proveer los servicios educativos a través del método Montessori y con ello reactivar un centro educativo de nivel preescolar a superior que estaba deteriorado y abandonado. La Corporación se haría cargo de todas las reparaciones y mejoras para colocar la facilidad en óptimas condiciones para recibir a los niños. En el contrato se estableció que el canon de arrendamiento sería de $1,000, pero por todos los trámites de mejoras, el Municipio concedió que los primeros años solo se pagara $1.
La Ley de Municipios Autónomos vigente al momento de otorgarse el contrato, en su Artículo 9.011, permitía que el Municipio pudiera realizar un arrendamiento sin subasta cuando el interés público así lo requiera. Para esos casos, el Municipio, mediante una ordenanza, podía reglamentar el arrendamiento a base de un canon razonable sin sujeción al requisito de subasta pública. En la investigación se pudo constatar que la auditora de la OEG y vicepresidenta de la Corporación no tuvo participación alguna en la contratación entre la Casa Montessori Mis Pequeñas Manos Inc. y el Municipio de Luquillo, ni tampoco forma parte del equipo de auditores a cargo de auditar los informes financieros de los servidores públicos del Municipio involucrados en el Contrato, señaló Pérez Vargas.
Según la agencia gubernamental, al no existir evidencia que sustente violaciones a la Ley Orgánica de la OEG, ni prueba clara, robusta y convincente que justifiquen una querella contra la auditora de la OEG, se procede al archivo de la investigación.
