El ingeniero Luis Rivera Siaca -uno de los nombres que afloró luego que el Departamento de Justicia refirió a la Oficina del Fiscal Especial Independiente (PFEI) investigar al exsecretario del Departamento de Educación, Eligio Hernández, por autorizar un millonario pago a locales arrendados cuyos contratos no estaban vigentes- aseguró que al día de hoy la agencia continúa utilizando los locales de su propiedad aunque los pagos de renta cesaron desde junio de 2021.
Rivera Siaca indicó que fue hasta mayo del 2019 que “el DE cumplió fielmente con sus obligaciones contractuales” y desde entonces “se ha visto obligado a llevar a cabo múltiples gestiones con el DE para formalizar un nuevo contrato de arrendamiento”.
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Alega que le tomó 19 meses “durante los cuales el DE continuó ocupando las propiedades de (su firma) LARS, cumpliendo con sus obligaciones de pago mediante órdenes de compra, otorgándose el contrato correspondiente a los 5 pisos del contrato principal el 15 de enero de 2021″.
Sin embargo, asegura que desde junio de 2021 los pagos de renta cesaron, mientras el DE continúa “ocupando y disfrutando de las facilidades”.
Manifestó que ante la falta de pago y las infructuosas reuniones con el DE, LARS recurrió a la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) para solicitar su intervención, “debido a que el DE le comunicó que no se podían hacer los pagos hasta que la Junta no los autorizara”.
Rivera Siaca sostuvo en declaraciones escritas que la Junta, a través de su representante legal, le informó a LARS “que por normativa no podía establecer diálogos con terceros”.
Dijo, además, que en diciembre de 2022, el DE emitió un aviso de subasta formal para el arrendamiento para sus oficinas, actualmente ubicadas en la propiedad de LARS y LARS fue el único licitador. La subasta, supuestamente no se ha adjudicado y Rivera Siaca alega que viola los propios requisitos del Reglamento 9230 de la Administración de Servicios Generales.
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“El DE no ha provisto una solución a la situación que afecta los intereses de LARS y que pone en riesgo las operaciones del DE, a pesar de las gestiones realizadas por LARS y sus representantes, mientras el DE continúa en el uso y disfrute de las propiedades de LARS sin pago alguno por más de un año, lo que constituye una apropiación sin la debida compensación en violación a principios básicos establecidos por la constitución de los Estados Unidos, así como la de Puerto Rico, a pesar de tener los fondos obligados para el pago de los arrendamientos, como resultado de la posición de la Junta de Control Fiscal, quien se niega a autorizar el mismo”, apuntó.
Dijo que el actual secretario del DE, Eliezer Ramos Parés, ha sostenido que la agencia no ocupa las propiedades de LARS, cuando supuestamente “en enero de 2023, admitió públicamente que el DE las ocupa sin el pago de renta”.
“El incumplimiento del DE con las obligaciones que le pueda imponer la Junta de Control Fiscal no dirigidas a LARS no pueden ser excusa para el no pago a un tercero que de buena fe contrató con el DE respecto a propiedades indispensables para la operación del DE en beneficio del pueblo de Puerto Rico, cuyo desalojo forzado ocasionaría un caos en nuestro sistema educativo, el pilar de nuestra sociedad”, apuntó el ingeniero, quien comenzó su relación con la agencia en el 1969, cuando se conocía como Departamento de Instrucción Pública.
Según se desprende del Informe de Investigación Preliminar realizado por la División de Integridad Pública y Asuntos del Contralor (DIPAC), del Departamento de Justicia, la Junta de Control Fiscal a través de su asesor legal, Lcdo. Jaime A. El Koury, remitió al secretario de Justicia los hallazgos de varios contratos de Educación.
El reclamo de la Junta expone que Educación desembolsó ilegalmente una cantidad considerable de fondos públicos ascendentes a cientos de miles de dólares, para el pago por arrendamiento de propiedades cuyos contratos estaban vencidos.
La investigación, realizada por el personal de la DIPAC y agentes del Negociado de Investigaciones Especiales, reveló que de junio de 2019 a enero de 2021, el Departamento de Educación efectuó pagos ascendentes a $4,754,014.81 a favor de Rivera Siaca, a pesar de que había vencido el contrato de arrendamiento de las propiedades la Vieja Sede y el Anexo.
Además del exsecretario de Educación, se investigará al exsubsecretario de Administración, Osvaldo Guzmán; Carlos M. Malavé Irizarry, secretario auxiliar de la Oficina de Servicios Auxiliares y Evelyn Rodríguez Cardé, directora de Finanzas del Departamento de Educación.
Metro solicitó una reacción al Departamento de Educación, pero al cierre de esta edición aún no se había recibido.
