Ante la demanda presentada por un grupo de productores y compañías expendedoras de boletos de eventos, los directivos de las empresas encargadas de administrar el Coliseo de Puerto Rico, José Miguel Agrelot, el Centro de Convenciones y el Distrito de Convenciones reaccionaron a la denuncia sobre alegado monopolio con el contrato de expendio de Ticketera.
La directora ejecutiva de la Autoridad del Distrito de Convenciones, la licenciada Mariela Vallines Fernández, aseguró que los demandantes interpretaron incorrectamente la ley y que la selección de Ticketera se llevó a cabo en un proceso competitivo en el cual participaron.
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“A los demandantes no les asiste la razón y su interpretación de la ley es incorrecta. Hubo un proceso competitivo en el que se evaluaron a todas las compañías que participaron y que terminó con la adjudicación del contrato a Ticketera. Fue un proceso transparente y que estuvo abierto a todos los que quisieron participar. Nuestra interpretación de la ley es distinta a la expresada en la demanda y es al tribunal a quien corresponde resolver la controversia”, expresó.
“Estamos conscientes de esta acción legal del Colegio de Productores, la cual está ante la consideración del Tribunal, y esperamos por la determinación del foro judicial sobre este asunto. Tenemos una relación de trabajo en equipo, amistad y aprecio genuino con todos los productores de espectáculos, con quienes colaboramos estrechamente para ofrecer al pueblo de Puerto Rico experiencias únicas de conciertos, recreación sana y eventos especiales. Continuaremos trabajando para servir con excelencia y dedicación a nuestros clientes, visitantes y fans”, expresó Pérez, CVE, gerente regional de ASM Global, empresa que administra las propiedades de la Autoridad del Distrito de Convenciones de Puerto Rico.
El recurso legal fue radicado por el Colegio de Productores de Espectáculo de Puerto Rico (CoPEP), cuatro compañías expendedoras de boletos y los productores Rafael “Rafo” Muñiz García de la Noceda, Josantonio Mellado González, Antonio “Tony” Mojena Zapico, Antonio Muñíz García de la Noceda, Oro Entertainment, Edwin Vázquez Ortega, César Sainz Rodríguez, Rosalis Torres Flores, Omar Moreno Taylor, Ender Vega Correa, Nelson Castro Morales, Josantonio Mellado Romero, Yolanda Díaz Sanabria, Rolando Santa Baez, Peter Cruz Pizarro y Michelle Negrón.
Además, las compañías expendedoras Ticket Center, Ticket Plus, Fastender y Buy a Tix firman la demanda incoada contra el Estado (dueño del inmueble) y AEG Management LLC.
En el documento se exige que se cumpla con las disposiciones de ley que únicamente facultan al promotor de espectáculos a seleccionar el método de ventas de boletos que incluye pero no limita, a las compañías expendedoras, y detener la práctica de obligar a los productores a utilizar la compañía expendedora escogida por dicho “venue”.
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AEG Management PR, LLC mediante contrato de administración y mantenimiento otorgado por la Autoridad del Distrito del Centro de Convenciones y titular de las instalaciones, le otorgó exclusividad como expendedora de boletos a la empresa Ticketera.
“Esta práctica confisca la capacidad del productor de utilizar su propia compañía expendedora, de negociar con cualquier otra de las sobre 13 compañías registradas en el Departamento de Hacienda y seleccionar la que mejor represente sus intereses para la venta de boletos. Entre estos cargos de la venta de boletos se encuentran los cargos de servicio al consumidor”, denunció el Lcdo. Roberto Sueiro, presidente del CoPEP.
Ticketera tiene exclusividad con las tres salas más importantes de la zona metropolitana: el Coliseo José Miguel Agrelot, el Centro de Convenciones y el Coca Cola Music Hall, las tres propiedades del Estado, mediante un contrato que ha creado supremacía en la venta de boletos para eventos cuya cabida oscila entre los dos mil a quince mil asientos. Estas instalaciones son más modernas y aptas para los eventos, por lo tanto, los promotores que tienen un evento para dicha cabida se ven obligados a utilizar los servicios de Ticketera.
Los demandantes entienden que, según dispone la Ley 182, supra, una vez Hacienda emite su refrendo y el productor escoge la compañía expendedora, la instalación pública del Estado manejada por AEG está obligada a acatar la elección del productor.
“Llevamos años llamando la atención sobre este asunto, a los administradores de las instalaciones y a las compañías expendedores porque hemos visto cómo se han incrementado los cargos por servicios a los consumidores por parte de estas expendedoras que al tener un contrato de exclusividad establecen unilateralmente el precio. Es decir, el productor no tiene voz ni voto sobre este precio. En adición, vemos cómo se imponen en el boleto otros cargos o impuestos como lo son el “Facility fee”, “Order fee” y el “Internet fee”, esta es una práctica sin precedentes”, denunció por su parte el director ejecutivo del CoPEP, Juan Carlos Zapata. “Estos cargos o impuestos no son autorizados por el productor, son por imposición, y cuando se trata de un boleto, el consumidor aún con molestia, lo paga, porque no tiene otra opción, pero cuando se trata de un grupo o familia, la totalidad de los cargos impuestos pudiera representar la decisión de asistir o no asistir al evento. Cada vez más recibimos llamadas de quejas de la ciudadanía sobre este tema”, añadió Zapata.
La Autoridad del Distrito del Centro de Convenciones de Puerto Rico es una corporación pública creada bajo la Ley número 142 del 2001 que administra importantes obras de infraestructura del gobierno y establecimientos creados para la industria del entretenimiento. La Autoridad del Distrito de Convenciones contrató con AEG Management PR, LLC para la administración y mantenimiento de las instalaciones del Centro de Convenciones, el Coliseo José Miguel Agrelot, el Coca-Cola Music Hall y el Antiguo Casino entre otros.
“Desde su creación la Autoridad para el Distrito de Convenciones o los entes contratados para manejar y administrar sus facilidades, le han otorgado carácter de exclusividad a compañías expendedoras de boletos, obligando a los promotores a incurrir en contrataciones compulsoria para producir eventos en todas las salas de entretenimiento administradas por el distrito”, reza la demanda.
“Conforme a la ley 113 de 2005, el promotor de un espectáculo es la única persona o ente facultado a escoger su expendedora de Boletos. El promotor no sólo recibe por ley la responsabilidad de la creación, contratación y venta de boletos, sino que también recae en la obligación de informar adecuadamente las cancelaciones o cambios y reembolsar el dinero en caso de una suspensión”, agregó Juan Carlos Zapata, director ejecutivo del Colegio.
