En el tercer día del juicio contra Ángel Pérez Otero, la Fiscalía federal sentó como testigo al empresario y abogado colombiano Oscar Santamaría, quien testificó sobre cómo comenzó a sobornar a alcaldes a cambio de contratos y los intercambios que tuvo con el exalcalde de Guaynabo.
Santamaría, quien comenzó a cooperar con las autoridades federales a partir del 3 de mayo de 2021, detalló que comenzó a pagar sobornos cuando los dueños de JR Asphalt, Raymond Rodríguez y Mario Villegas, le presentaron al entonces alcalde de Agua Buenas, Luis Arroyo Chiqués, para entablar un acuerdo y proveerle servicios de recogido de basura a través de su compañía, Waste Collection.
Posteriormente, según Santamaría, Arroyo Chiqués le solicitó que le devolviera una cantidad de dinero por cada casa que hacían el recogido y así se le otorgaría el contrato, lo que Santamaría aceptó.
De ahí, a partir de ese intercambio, pasó a sobornar a los alcaldes de Cataño, Trujillo Alto y Humacao.
Durante su interrogatorio, además, el fiscal federal Nicholas Warren Cannon le increpó sobre su relación con el convicto exalcalde de Cataño, Félix “El Cano” Delgado. De acuerdo a Santamaría, ambos tenían una estrecha amistad desde que los dos trabajaban en el Capitolio a principios de la década de 2000. No obstante, cuando Delgado Montalvo le dijo al testigo su intención de ser alcalde, Santamaría comenzó a enseñarle cómo adentrarse en la política.
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“Dijo que quería ser alcalde y esa fue la primera vez que quería estar involucrado en la política. No era maduro. Quería ser esta persona ‘cool’ y guiar Lexus. Le dije que no tenía la edad o la madurez para ser político y que tenía que espera a terminar la universidad”, expresó Santamaría a preguntas del fiscal federal.
Luego, cuando su amigo fue electo como alcalde de Cataño en el 2016, Santamaría contó que notó que estaba siendo ignorado y que Delgado Montalvo no contestaba llamadas.
“Para el 2018, Félix comenzó a ignorarme. Comenzó a ignorarme en reuniones y no contestar el teléfono y me reuní con él. Comenzó a llorar y me dijo que no podía vivir con el dinero que generaba en el municipio y me dijo que necesitaba dinero adicional para pagar el tratamiento de una condición de su esposa y otra de su hijo…. En ese momento le dije que cuánto necesitaba y me contestó que necesitaba $2 mil por semana y para establecer la comunicación, acepté hacer los sobornos”, narró.
Con ese esquema establecido, y luego de que Delgado Montalvo ofreció su información a las autoridades federales, Santamaría fue contactado en el 2021 por la abogada María Domínguez y cuando llegó su oficina, se topó con dos agentes del Negociado Federal de Investigaciones (FBI) y a partir de ahí comenzó a colaborar.
Ese mismo mes, el 19 de mayo, es cuando acudió alambrado a un encuentro con Pérez Otero en un restaurante, algo que hizo dos veces más en julio y agosto.
En su interrogatorio, Santamaría dijo que en cada encuentro le entregaba un sobre con $5 mil a cambio de contratos y conexiones con el municipio de Guaynabo.
La Fiscalía federal también utilizó como evidencia imágenes que muestran a Santamaría entregar un sobre a Pérez Otero y grabaciones de llamadas que ambos sostuvieron.
Durante el contrainterrogatorio que realizó la defensa y que encabezó el abogado Osvaldo Carlo Linares, se intentó entrelazar las contribuciones políticas que realizaba Santamaría a otros candidatos ligados al Partido Nuevo Progresista (PNP) con los contratos que recibió mientras laboró en la Legislatura.
En específico, Carlo Linares intentó establecer que, similar a los sobornos que le entregó a alcaldes, Santamaría consiguió contrataciones dado a que emitió pagos a las campañas políticas. No obstante, el testigo mantuvo que no tenía un récord exacto de los candidatos a los que donaba, pero expresó que sí le donó a las campañas del alcalde de Toa Baja, Bernardo “Betito” Márquez, y al exalcalde de Cidra Javier Carrasquillo. En estos dos ayuntamientos tenía contratos para el recogido de basura.
“Cuando trabajas con contratos en municipios, te piden si has donado a la campaña… He donado tanto a Carrasquillo como he donado a ‘Betito’ Márquez”, expresó a preguntas de Carlo Linares.
Previo a este intercambio, Santamaría había aclarado que los contratos que había obtenido en estos municipios los consiguió de manera legal y sin el pago sobornos.
Una vez culminó el testimonio de Santamaría, el Ministerio Público presentó su sexto testigo. En este caso fue Sarah Rodríguez De Jesús, una asesora legal de la Oficina del Contralor Electoral.