SANTA FE, Nuevo México, EE.UU. (AP) — La gobernadora de Nuevo México promulgó el jueves una iniciativa sobre el derecho al aborto que anula los decretos locales dirigidos a restringir el acceso a los procedimientos y medicamentos abortivos.
Las clínicas de salud reproductiva en Nuevo México brindan procedimientos abortivos a pacientes de otros estados donde existen prohibiciones estrictas a la interrupción del embarazo, como Texas.
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La nueva ley también busca garantizar el acceso a la atención médica para la disforia de género, es decir la sensación de incomodidad que pueden sentir las personas cuya identidad de género difiere del sexo asignado al nacer.
Nuevo México tiene una de las leyes de acceso al aborto más liberales del país, pero dos condados y tres ciudades en el este de la entidad aprobaron recientemente restricciones que reflejan la enraizada oposición al procedimiento.
La iniciativa firmada por la gobernadora Michelle Lujan Grisham anula esos decretos locales.
Un proyecto de ley complementario que avanza en la legislatura de Nuevo México protegerá a los proveedores de servicios de interrupción de embarazo, así como a los pacientes ante los intentos de intromisión, enjuiciamiento y extradición de otros estados.
La legislatura estatal, de mayoría demócrata, aprobó en 2021 una medida para derogar una ley inactiva de 1969 que prohibía los abortos en la mayoría de los casos, a fin de garantizar el acceso a la interrupción del embarazo después de que la Corte Suprema federal anulara el año pasado la resolución Roe vs. Wade.
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Los decretos antiaborto, aprobados en los últimos meses por autoridades en las ciudades de Hobbs, Clovis y Eunice, así como en los condados Lea y Roosevelt, citan una oscura ley federal contra la obscenidad que prohíbe enviar medicamentos u otros materiales que sirvan para la interrupción del embarazo.
Por otra parte, el secretario de Justicia del estado, el demócrata Raúl Torrez, solicitó la intervención de la Corte Suprema estatal para intervenir en contra de los decretos locales antiaborto que, asegura, infringen las garantías constitucionales estatales de protección igualitaria y el debido proceso.
Los gobernadores demócratas en 20 estados pusieron en marcha este año una red para fortalecer el acceso al aborto ante la decisión de la Corte Suprema federal de negar el derecho constitucional de la mujer a interrumpir un embarazo.
La decisión turna la autoridad regulatoria sobre los procedimientos a los gobiernos estatales.
Muchos estados también decretaron y contemplaron restricciones o prohibiciones totales a los tratamientos médicos para las personas transgénero. En este aspecto, legisladores federales conservadores se dijeron preocupados de que gente joven se arrepienta después de someterse a un tratamiento que altera de manera irreversible su cuerpo.
