El gobernador, Pedro Pierluisi, restó importancia hoy la preocupación que han mostrado varios sectores del país en cuando a la anulación por parte del Tribunal Supremo de Puerto Rico del Reglamento Conjunto 2020 el pasado martes.
La decisión del tribunal propulsó el miércoles la abrupta renuncia de María Cintrón, ahora exsecretaria auxiliar de la Oficina de Gerencia de Permisos (OGPe) y generó criticas y preocupación entre sectores como el de la industria y los pequeños y medianos negocios.
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“Ese tipo de decisión judicial es prospectiva, nunca hemos tenido una decisión retroactiva afectando el desarrollo de todo tipo en Puerto Rico”, aseguró Pierluisi en un aparte con la prensa durante el anuncio de la entrega de generadores portátiles para la AEE por parte de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, en inglés) y el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los Estados Unidos.
“Esas decisiones no afectan permisos ya otorgados. Son decisiones prospectivas, o sea, que lo que tienen que hacer básicamente es que todos los que necesiten solicitar permisos, lo pueden seguir haciendo, no hay nada en riesgo y la garantía que da el gobierno es que siempre vamos a tener un reglamento en vigor, sea el que sea. Ahora mismo es el 2020, si tuviera que ser el de 2019 en su momento pues será ese”, añadió.
El gobernador se hizo eco de las afirmaciones de ayer del secretario del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC), Manuel Cidre, de que los permisos se continuarán ofreciendo los tramites para obtener permisos como de costumbre.
“Estamos manteniendo el sistema en operación, sin interrupción, utilizando el reglamento más actualizado que tenemos. Las alegadas fallas que ha detectado el Tribunal en cuanto a los reglamentos conjuntos 2020 y 2019, tienen que ver con el proceso de notificación y no con los méritos de estos reglamentos”, explicó el primer ejecutivo.
“A nadie le debe perturbar esta situación porque, nuevamente, lo importante es que el sistema está operando, se siguen otorgando permisos y en ningún caso de esos lo que está en juego son permisos que se hayan otorgado en el pasado”, añadió a la vez que sostuvo que la decisión del Tribunal Supremo no es una “final y firme”.
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Esta semana, el Tribunal Supremo de Puerto Rico declaró un «no ha lugar» a la segunda solicitud de reconsideración de la Junta de Planificación (JP) en torno a la sentencia de nulidad del Reglamento Conjunto 2020, emitida por el Tribunal de Apelaciones.
La sala de despacho que tomó la determinación está integrada por la jueza presidenta del Tribunal Supremo, Maite Oronoz Rodríguez, la jueza asociada, Mildred Pabón Charneco, y los jueces asociados Edgardo Rivera García y Luis Estrella Martínez.
