Durante la presentación de los hallazgos recogidos luego del análisis realizado a la Alianza Público-Privada (APP) de Operación y Mantenimiento entre la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) y la empresa Genera PR, el Centro para una Nueva Economía (CNE) compartió una minuciosa radiografía del controvertible contrato.
El director de Política Pública del CNE, Sergio Marxuach, señaló varias “banderas rojas” en el acuerdo contractual que dibujan un cuadro contrario al expuesto por la administración del gobernador Pedro Pieluisi. Sin embargo, por otro lado, elogió varios aspectos del contrato por entender que se aplicaron lecciones aprendidas con otras APP en el pasado.
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“El contrato tiene más garras que el contrato con LUMA Energy. Yo creo que hay que darle crédito al gobierno por eso. Podemos debatir si van a ser efectivas o no, porque todo depende de la implementación y la ejecución, pero, por lo menos en papel, el gobierno aprendió ciertas cosas”, aseguró el experto en transformación energética.
“El contrato tiene una serie de penalidades e incentivos bastante bien desarrollados. Tiene unas métricas medibles, establecidas de ante mano, que no son sujetas a negociación futura – como pasó con LUMA”, añadió.
No obstante, Marxuach levantó bandera sobre varios aspectos del acuerdo que resultan contradictorios, como por ejemplo la insistencia de Genera PR, una subdivisión de New Fortress Energy, empresa que se especializa en gas natural, en utilizar este combustible, que, aunque con un menor impacto ambiental, sigue siendo un combustible fósil.
Según el director de Política Pública del CNE, ello contradice directamente las metas del gobierno de emigrar a energías renovables para 2050, e incluso choca con el plan energético del presidente Joe Biden.
“La definición de iniciativas para ahorros de combustible que se utiliza en el contrato crea unos problemas. Una de estas iniciativas es suplementar plantas de generación con equipos de generación, supuestamente más eficientes, y que esos generadores podrían utilizar gas natural o hidrógeno”, explicó.
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“Sí, está bien, genera unos ahorros porque están utilizando gas natural en vez de petróleo, pero el objetivo grande es salir de la utilización de combustibles fósiles completamente”, añadió.
En cuanto a los ahorros previstos, Marxuach catalogó el análisis como “claramente deficiente”.
“El gobierno de Puerto Rico afirma que espera que este acuerdo genere ahorros significativos. Sin embargo, a corto plazo, los ahorros estimados por Genera PR serán insuficientes para ofrecer cualquier ahorro a los consumidores, aun partiendo de la premisa que la deuda de la AEE se reduce aproximadamente en un 50 por ciento, a $5,000 millones, y paga un 6 por ciento de interés anual, lo que significa que los consumidores tendrán que pagar $300 millones anuales para costear el servicio de la deuda reestructurada”, indicó.
Conflicto de interés
El director de Política Pública del CNE indicó que Genera PR insiste en señalar el ahorro potencial que se obtendría de la conversión de las centrales que queman petróleo a instalaciones que quemen gas natural. Según indica el contrato, tales conversiones generarían aproximadamente el 50 por ciento del ahorro total previsto del acuerdo.
Sin embargo, al ser Genera PR una filial, propiedad de New Fortress Energy, compañía productora y suministradora gas natural, surge un claro conflicto de intereses.
“Es paradójico que el acuerdo incluya una política abarcadora para abordar los conflictos de intereses”, señaló Marxuach. “Queda por ver hasta qué punto se hará cumplir y se aplicará esa política. El acuerdo tampoco identifica quién pagaría los gastos de capital necesarios para tales conversiones ni explica cómo se verán afectados los ahorros previstos una vez que se tome en cuenta el costo del capital”.
Otro señalamiento del reporte del CNE arroja dudas sobre la contratación de una firma privada para analizar los ahorros que Genera PR asegura logrará durante el periodo de 10 años de vida del contrato.
Según explicó Marxuach, el gobierno contrató a la firma FTI Consulting para realizar un análisis de los ahorros estimados por Genera PR. Sin embargo, en el reporte de FTI se citan constantemente datos obtenidos directamente de Genera PR, dando a entender que FTI no cuenta con datos propios para comparar con la información obtenida de la empresa, filial de New Fortress Energy.
“El reporte de FTI descansa en representaciones que hizo Genera PR y hasta donde yo pude leer, no hay ningún indicador de que FTI hizo un análisis o una evaluación independiente para validar esta información. Eso, a mi entender, derrota todo el propósito de contratar a un ente independiente para que realice un estudio. Si hicieron el ejercicio de confirmar los datos que Genera PR, entonces no lo han hecho público”, señaló Marxuach.
“Yo trabajé como abogado corporativo por varios años en Nueva York y he visto muchísimos documentos del gobierno de Puerto Rico, pero en los 19 años que llevo haciendo esto nunca había visto algo tan mediocre como esto”, añadió en referencia a la metodología utilizada por FTI Consulting para analizar los datos de Genera PR.
Muy bajo punto de comparación
Marxuach señaló que el contrato tampoco indica si la Autoridad para las Alianzas Público-Privadas (AAPP) – entidad gubernamental que administra el contrato – dispone de los recursos necesarios para realizar una supervisión efectiva y exigir el cumplimiento del acuerdo; cómo FTI calculó el ahorro previsto o si el gobierno tiene la capacidad para supervisar eficazmente el complicado proceso de desmantelamiento de plantas generatrices, entre otros puntos.
El análisis concluye que, en relación con el estado actual de la red eléctrica en Puerto Rico, es muy probable que la isla se beneficie de esta APP, pero, aseguró, que se está utilizando un punto de comparación demasiado bajo.
“Si ponemos un punto de comparación más alto, si nos preguntamos si esta transacción ayudará realmente a Puerto Rico a alcanzar sus objetivos de generar electricidad a un costo asequible, más limpia y confiable, entonces la respuesta no está tan clara, porque lo bueno está, de hecho, mezclado con lo malo”, señaló el director de Política Pública del CNE.
“El hecho es que hay mucha incertidumbre en torno a esta transacción y es difícil evitar la inquietante sensación de que se nos está presentando un hecho consumado sobre una base de tómalo o déjalo. Mantener el statu quo, sin embargo, no es una opción. La verdadera cuestión es si existe una alternativa mejor a un acuerdo negociado en este caso. La respuesta, teniendo en cuenta todas las circunstancias, parece ser no”, concluyó.
