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Continúa análisis para crear nueva ley para regular licenciamiento de establecimientos de cuidado para adultos mayores

Asociaciones de personas mayores comentan que se debe reformular el proyecto presentado para evitar que ocurran enmiendas constantes similar a la Ley actual

Rosamar Trujillo Plumey

La Comisión de Bienestar Social y Asuntos de la Vejez continuó con las vistas públicas para atender el Proyecto del Senado 1063 que busca crear la Ley para Regular el Licenciamiento y Supervisión de los Establecimientos de Cuidado para Adultos Mayores y Adultos con Condición de Fragilidad y derogar la Ley 94 conocida como Ley de Establecimientos para personas de Edad Avanzada.

Esta medida pretende atender no tan solo a los adultos mayores, sino también a los que tienen condiciones de fragilidad que aún no alcanzan los 60 años. Según lee la medida, los cuidados que necesita esta población comprenden diferentes niveles, y son un punto de partida para licenciar los centros que ofrecen servicios de cuidado con el fin de que estén reglamentados por el Departamento de la Familia y el Departamento de Salud.

“La pieza no es perfecta, pero está encaminada para buscar la mejor alternativa porque la Ley 94 no aguanta más enmiendas. Sé que hay grandes retos de recursos humanos y económicos, pero esta ley tenía que comenzar a moverse. La población de adultos mayores no aguanta más, y ellos son mi prioridad en esta legislación”, destacó la presidenta de la comisión, Rosamar Trujillo Plumey.

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Por un lado, la presidenta de la Federación de Instituciones de Cuido Prolongado (FICPRO), Tamara Pérez, expresó su oposición a la medida, puesto que “un cambio como el propuesto requiere una unión de esfuerzos, conocimientos y experiencia que resultan vitales para alcanzar un estatuto legal”.

Asimismo, FICPRO, en su ponencia, destacó que la unión de los esfuerzos comentados ayudará a que el estatuto legal que sugieren esté atemperado con la realidad de la industria de cuidado asistencial y a las necesidades de los adultos mayores, enfocado no solo desde una perspectiva regulatoria, sino también social. Pese a su oposición, la presidenta dijo que están dispuestos a participar de un grupo de trabajo dirigido a crear una legislación que apoye a la población de adultos mayores.

Por otro lado, el director estatal de la Asociación Americana de Personas Retiradas (AARP), José Acarón Rodríguez, comentó que, pese a que no está en contra de realizar una nueva legislación, le recomendó a la comisión que ajuste el proyecto de modo que se atempere a la nueva realidad del envejecimiento en Puerto Rico.

“También, hay que recalcar que debido al tope de Medicaid para Puerto Rico, el programa de cuido prolongado es uno de los tres programas que no aplica para fondos en el país y nunca ha estado en la negociación de fondos a nivel del Congreso Federal por ningún comisionado residente ni por el mismo Gobierno de Puerto Rico”, destacó Acarón Rodríguez.

Del mismo modo, la asesora legal de la FICPRO, Agnes Martínez, comentó que el problema que tiene la Ley actual es que “arrastra” un modelo obsoleto que ve el cuidado asistido de un adulto mayor de una forma salubrista, mientras que en Puerto Rico se debe establecer un modelo de cuidado social.

“Nosotros reconocemos el trabajo y esfuerzo de los establecimientos, pero de igual forma reconocemos que la Ley actual necesita reformarse. Esto que está presentado (P.S. 1063) no está escrito en piedra. Acogemos todas las recomendaciones, por lo que les solicitamos nos presenten sus propuestas y enmiendas específicas al proyecto para poder tomarlas en consideración. Lo mismo hicimos con otras agencias que ya acudieron a deponer en la vista pasada”, destacó la también senadora por el distrito de Humacao, Trujillo Plumey.

Luego de recibir las enmiendas puntuales de cada agencia y de otras organizaciones, la comisión realizará las evaluaciones meritorias para enmendar la medida.

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