MONTEREY PARK, California, EE.UU. (AP) — El dolor sigue siendo sofocante, la ira sigue siendo visceral, dijo el presidente Joe Biden el martes en esta comunidad suburbana de Los Ángeles donde un hombre armado irrumpió en un salón de baile y mató a 11 personas en enero.
El mandatario anunció nuevas medidas federales para frenar la violencia con armas de fuego, pero declaró emocionado que debe haber más.
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“Hay que hacer algo. Algo grande”, imploró.
“Estoy decidido a prohibir las armas de asalto y los cargadores de alta capacidad”, les dijo Biden a las familias de algunas de las víctimas que estaban presentes para su discurso, junto con el joven de 26 años que forcejeó con el agresor para quitarle la pistola semiautomática.
La retórica de Biden sobre las armas se ha hecho cada vez más firme —suele pedir la prohibición de las armas de asalto— al impulsar una plataforma de control de armas aún más estricta que durante el gobierno del expresidente Barack Obama, cuando Biden era vicepresidente. Se ha sentido alentado por los resultados de las elecciones de mitad de mandato, en las que su discurso habitual sobre el control de armas no se tradujo en grandes pérdidas para los demócratas, y se prevé que continúe abogando por fuertes cambios en un momento en que posiblemente se postule a la reelección en 2024, dicen sus asesores.
“Hoy recordamos y estamos de luto”, dijo Biden en Monterey Park. “Pero hoy estoy aquí con ustedes para hacer algo al respecto”.
El presidente dijo a la multitud que había firmado una orden ejecutiva destinada a endurecer los controles de antecedentes para la compra de armas, promover un almacenamiento más seguro de las armas de fuego y garantizar que las agencias policiales obtengan más a partir de una ley bipartidista de control de armas promulgada el verano pasado.
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Pero Biden sólo tiene un poder limitado para ir más allá de esa ley que se aprobó tras la matanza de 10 clientes en una tienda de comestibles de Buffalo, Nueva York, y de 19 estudiantes y dos profesoras en una escuela primaria de Uvalde, Texas.
Su medida del martes no cambia la política del gobierno. Más bien, instruye a las agencias federales que garanticen el cumplimiento de las leyes y procedimientos existentes, una característica típica de las órdenes ejecutivas emitidas por los presidentes cuando se enfrentan a los límites de su propio poder para actuar sin la cooperación del Congreso.
“Seamos claros, nada de esto exime al Congreso de la responsabilidad de actuar para aprobar la comprobación universal de antecedentes, para eliminar la inmunidad de los fabricantes de armas a la rendición de cuentas”, dijo Biden.
Recurriendo a las emociones para presionar al Congreso con el fin de que actúe, detalló las vidas de las víctimas de Monterey Park: El director de un salón de baile que acompañaba a los clientes a sus coches después de las clases. Un aventurero listo para su próximo viaje al extranjero. Un abuelo abnegado.
Biden, cuya propia familiaridad con el duelo es bien conocida —su hija pequeña y su esposa murieron en un accidente automovilístico en la década de 1970, y más tarde su hijo adulto falleció de cáncer_, se refirió a las cosas cotidianas que, según él, duelen tanto una vez pasado el impacto inicial: la forma en que un armario sigue oliendo a un ser querido, el sonido de una risa, la curva de una sonrisa.
Las víctimas de Monterey Park, donde 20 fueron baleadas luego de las celebraciones por el Año Nuevo Lunar, eran asiático-estadounidenses de edad avanzada, la mayoría de ellas entre 60 y poco más de 70 años. Biden dijo que representaban una visión poderosa de Estados Unidos: “Nuestra diversidad es la fortaleza de esta nación”.
Su orden del martes instruye al gabinete a completar un plan para estructurar mejor el gobierno con el fin de apoyar a las comunidades que sufren violencia con armas de fuego. Si la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias puede responder a las catástrofes naturales prestando ayuda sobre el terreno, el gobierno debería poder hacer lo mismo en caso de un tiroteo masivo, afirmó. Más apoyo de salud mental para el duelo y el trauma, ayuda financiera para las víctimas y para los negocios obligados a cerrar durante largas investigaciones policiales.
Ha dado instrucciones al procurador general Merrick Garland para que refuerce las normas que regulan la actividad de los vendedores de armas con licencia federal, de modo que sepan que la licencia con que cuentan los obliga a a revisar los posibles antecedentes penales de los clientes.
Exigió también una mejor comunicación de datos balísticos por parte de las fuerzas del orden público federales a un centro de intercambio de información que permita a la policía federal, estatal y local cotejar los casquillos y las armas. Pero los departamentos de policía locales y estatales no están obligados a comunicar los datos balísticos, y muchos no lo hacen, lo que resta eficacia al centro de intercambio de información.
Además, el presidente le ha pedido a la Comisión Federal de Comercio que publique un informe en el que se analice cómo promueven los fabricantes de armas sus productos ente los menores y cómo utilizan imágenes militares para dirigirse al público en general.
“La orden ejecutiva del presidente Biden de hoy es un jonrón para la seguridad pública”, dijo John Feinblatt, presidente de Everytown for Gun Safety, un organismo activista sin fines de lucro. “Este es el ejemplo más reciente del liderazgo del presidente Biden en materia de seguridad de las armas, y estamos orgullosos de estar a su lado mientras toma medidas enérgicas para ayudar a cerrar el resquicio jurídico de los vendedores de armas, lo que ampliará significativamente los controles de antecedentes en la venta de armas, mantendrá las armas fuera del alcance de personas peligrosas y salvará vidas”.
Los grupos a favor de las armas señalaron que la orden presidencial no serviría de mucho para frenar la creciente violencia con armas de fuego.
“La realidad es que nada en la orden ejecutiva del presidente hoy habría hecho nada para evitar los recientes tiroteos masivos en California, Michigan o cualquier otro lugar”, dijo Katie Pointer Baney, directora administrativa de asuntos gubernamentales de la Asociación de Portación Oculta de Armas de Estados Unidos. “Es hora de que el presidente y los líderes políticos de todo el país tengan una conversación honesta con el pueblo estadounidense y reconozcan que no hay ningún arreglo legislativo que resuelva permanentemente el problema de la violencia con armas de fuego”.
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Long informó en Washington. La periodista de The Associated Press Lindsay Whitehurst contribuyó a este despacho.
