Cuando la turba asaltó los principales edificios del gobierno en enero para objetar el resultado de la elección presidencial brasileña, muchos soldados se limitaban a mirar mientras los manifestantes rompían ventanas, defecaban en las oficinas y destrozaban obras de arte.
Las imágenes de la jornada en Brasilia siguen acosando al gobierno izquierdista del presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Desde entonces se ha esforzado por garantizar que los jefes de las fuerzas armadas defiendan la democracia más grande de Latinoamérica y permanezcan al margen de la política.
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La amenaza no es puramente hipotética. Brasil ha pasado por cuatro golpes de Estado, el más reciente de los cuales, en 1964, dio lugar a dos décadas de dictadura brutal.
La tarea de Lula está llena de tensión. Los partidarios del expresidente Jair Bolsonaro abundan en las filas militares y el papel de las fuerzas armadas en el nuevo gobierno disminuye día a día.
Lula ha designado a más de 100 civiles a puestos clave ocupados por militares durante el gobierno de Bolsonaro y ha entregado la supervisión de la agencia de inteligencia a su jefatura de gabinete, entre otros cambios.
“Lula tenía que manejar su relación con los militares para poder gobernar y seguirá haciéndolo”, opina Carlos Melo, profesor de Ciencias Políticas en la Universidad Insper de Sao Paulo.
Melo cree que los militares brasileños están convencidos de que ejercen “una especie de tutela sobre el proceso político del país” y Bolsonaro alentó esa creencia.
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Bolsonaro, un capitán retirado del ejército, designó a más de 6.000 militares a puestos en su gobierno y revivió una conmemoración anual del golpe de 1964 para alimentar la nostalgia por la época del régimen militar.
A pesar de los abusos a los derechos humanos y la pérdida de las libertades cívicas, Bolsonaro y muchos de sus seguidores tienen un grato recuerdo de esa época como un tiempo de nacionalismo fuerte, crecimiento económico y valores de la derecha. Consideran que los esfuerzos de Lula para domar a los militares son excesivos y equivocados.
“Deja de mirar por el espejo retrovisor y gobierna para todos los brasileños”, afirma el exvicepresidente de Bolsonaro y actual senador, general Hamilton Mourão, en una entrevista.
La medida más significativa de Lula hasta el momento ha sido el nombramiento del general Tomás Paiva como jefe del ejército.
Paiva, de 62 años, ha prometido mantener a los soldados fuera de la política y respetar los resultados de la elección de octubre, que Lula ganó por una diferencia mínima.
Pero Paiva también ha reconocido que la mayoría de los jefes militares votaron por Bolsonaro y deploró la victoria de Lula ante sus subordinados. Tres días después, Lula le ofreció el ascenso y Paiva dijo que lo habían malinterpretado.
Lula ha tomado diversas medidas para vacunar a Brasil del riesgo de una nueva insurrección, con el apoyo al menos tácito de algunos militares:
— Bloqueó el nombramiento de un hombre leal a Bolsonaro como comandante del batallón Goiania, asentado a escasos 200 kilómetros (124 millas) de la capital.
— Colocó la agencia de inteligencia, antes supervisada por los militares, bajo el mando de la jefatura de gabinete, dirigida por civiles.
— Realizó un viaje simbólicamente importante a Estados Unidos, que antes de la elección había advertido a los jefes militares que se mantuvieran alejados de la política si querían comprar armas y tener la cooperación de las fuerzas armadas estadounidenses.
Por ahora no hay indicios de una nueva insurrección en ciernes ni que los jefes militares cuestionen las órdenes de Lula, de acuerdo con un oficial de alta graduación y un estrecho colaborador del ministro de Defensa, que hablaron bajo la condición de anonimato por no estar autorizados a hacerlo públicamente.
Lula buscó la cooperación de los militares dos veces en febrero: como parte de una operación para expulsar alrededor de 20.000 mineros ilegales de la zona indígena Yanomani en la Amazonía brasileña y para ayudar a rescatar personas tras unos deslaves en Sao Paulo.
Estas fueron las primeras pruebas de la relación entre el presidente y las fuerzas armadas y los resultados fueron muy positivos, manifiesta el consultor político Thomas Traumann. Con todo, no hay garantías de estabilidad a largo plazo, acota.
Queda por verse si los militares retirados y en actividad que participaron en los disturbios del 8 de enero o cerraron los ojos ante ellos serán sancionados. Algunos analistas creen que sería importante para disuadir actos futuros.
En un video del 8 de enero, policías en el palacio presidencial aparecen dando órdenes a los soldados: “¡Conduzcan sus tropas!” grita un agente a oficiales de la guardia presidencial, que forma parte del ejército.
En otro video, decenas de insurrectos están rodeados por la policía en el palacio y un general intenta liberarlos. “¿Estás loco?”, le grita un agente. “¡Están presos!”.
Cientos de civiles que participaron de la insurrección están presos y decenas están acusados, pero hasta ahora no se ha tocado a los militares. La fiscalía militar y la principal corte marcial han iniciado 17 investigaciones, pero sin la menor transparencia.
El jefe designado del Superior Tribunal Militar, Joseli Camilo, afirma que se sintió complacido cuando el ejército canceló el plan de conmemorar el próximo aniversario del golpe militar de 1964, una tradición de la era dictatorial revivida por Bolsonaro.
“Esta es una demostración más de que el comandante está alineado con todos los poderes hacia nuestro reto común, que es pacificar Brasil y reforzar definitivamente la democracia en nuestro país”, agrega Camelo.
Mourão, el exvicepresidente de Bolsonaro, dice que las fuerzas armadas no deben perdonar a sus efectivos que resulten culpables de participar en la insurrección. “Las fuerzas armadas están formadas para ser rigurosas en la investigación de errores disciplinarios y crímenes militares”, asegura.
Ya antes de asumir en enero, Lula, que fue presidente de 2003 a 2010, comprendía que era esencial estrechar lazos con las fuerzas armadas, de tendencia derechista.
Algunos comandantes militares prestigiosos se habían burlado públicamente de él antes de la elección y algunos incluso hicieron campaña por la reelección de Bolsonaro. Durante meses, el ejército permitió que manifestantes anti-Lula y partidarios de un golpe militar en su contra acamparan frente a sus cuarteles.
Durante sus dos primeros períodos presidenciales, la relación de Lula con los militares se caracterizó por la conciliación más que por el enfrentamiento, comenta el periodista Fabio Victor, autor de un reciente éxito editorial sobre las fuerzas armadas brasileñas y la política, pero el 8 de enero parece haber alterado los cálculos.
A diferencia de lo que sucedía bajo el gobierno de Bolsonaro, pocos militares trabajan en el palacio presidencial, agrega Victor. De cara al futuro, los aliados de Lula en el Congreso impulsan cambios en la constitución para definir más claramente los poderes y límites de las fuerzas armadas y sus ministros estudian reformas a la educación militar.
“Hoy Lula es muy suspicaz con respecto a los militares”, añade Victor.
