El gobernador de Puerto Rico, Pedro Pierluisi, responsabilizó hoy a la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) y a la magistrada Laura Taylor Swain, por la decisión de revertir las enmiendas aprobadas por su administración y la Asamblea Legislativa a la Reforma Laboral de 2017.
En un aparte con la prensa, el primer ejecutivo dijo categóricamente que todos los informes que, tanto la JSF como la jueza federal han requerido, han sido entregados.
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“Aquí se sometió la certificación exigida en PROMESA bajo la Sección 204 de esa ley”, indicó Pierluisi. “Una certificación en la que el ejecutivo dice que ese proyecto de enmiendas a la Reforma Laboral no era significativamente inconsistente con el Plan Fiscal certificado por la Junta”.
“Además, dos entidades del gobierno certificaron que la medida no tenía impacto fiscal significativo, es decir, el Departamento de Hacienda y la Oficina de Gerencia y Presupuesto. También, se sometió un estudio sobre el impacto macroeconómico de la medida”, añadió.
Pierluisi indicó, sin embargo, que su administración se apresta a retar la decisión de la jueza Taylor Swain argumentando que la medida no tiene nada que ver con los gastos ni los ingresos del gobierno, sino que se trata de una dirigida exclusivamente al sector privado de la economía.
El gobernador también subrayó enérgicamente que la JSF no ha justificado su decisión de apoyar la derogación de las enmiendas a la Ley 41 de 2022.
“La Junta en ningún momento, ni tan siquiera hizo el esfuerzo de justificar su decisión en este caso, nunca. Nunca ha dicho que (la medida) tiene un impacto negativo en la economía y lo que ha pasado hasta el día de hoy es que se ha confirmado el juicio de la Asamblea Legislativa y de este servidor”, señaló.
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“Cuando miramos lo que ha pasado en los nueve meses en que la medida se aprobó, vemos que el empleo ha crecido sustancialmente, vemos que los recaudos de Hacienda han crecido sustancialmente y vemos que la economía ha crecido sostenidamente, o sea, que los hechos comprueban que teníamos y todavía tenemos la razón”, sostuvo.
Pierluisi aseguró que el pleito culminará con una solicitud de revisión al Tribunal Supremo de los Estados Unidos.
“Nosotros vamos a seguir en pie de lucha porque esa medida es una medida justa y razonable y, si acaso, a lo que propende es a lo que ha pasado, más empleos, más desarrollo económico y más recaudos para el gobierno de Puerto Rico”, dijo.
Inconforme la JSF
El gobernador mencionó con tono de molestia que la JSF en reiteradas ocasiones ha mostrado inconformidad con los reportes rendidos por la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico (AAFAF), haciendo cuesta arriba el trabajo de su administración de mantenerse al día con los requerimientos del organismo federal.
“Constantemente nuestra agencia fiscal (AAFAF) está sometiendo informes. Hay veces que la JSF recibe un informe y no es de su agrado y pide otro. Se pasan pidiendo informes y nosotros hacemos el esfuerzo de cumplir con sus requerimientos, pero llega el momento en que uno dice ¡ya! Entonces uno toma una decisión y de igual manera que yo puedo respetar las decisiones de la Junta, incluyendo con las que difiero, pues también reclamo un respeto a la gestión de AAFAF, que ha hecho una labor encomiable durante toda mi administración”, sostuvo, aunque más adelante aclaró que en otras ocasiones los informes son recibidos y atendidos.
A preguntas de Metro sobre qué ocurrirá durante el proceso de impugnación en el Tribunal Supremo con los empleados del sector privado que ya están viéndose afectados por el cambio en la ley, que incluso permitiría a las empresas recuperar retroactivamente beneficios ya pagados a los empleados, el primer ejecutivo se limitó a advertir a los patronos de no incurrir en esas prácticas.
“La ley estaba en pleno vigor y ahora vamos a la apelación así que esa es la situación desde el punto de vista legal. Yo pienso que es una insensibilidad total el que haya patronos que después que le concedieron unos beneficios a su personal que ahora vengan a recobrarlos”, indicó.
“Le recomiendo a los patronos que no hagan eso, seguro que no. Al revés, lo que queremos es una fuerza trabajadora motivada y productiva y eso es lo que esta ley está haciendo”, concluyó.
