CIUDAD DE MÉXICO (AP) — El presidente de México afirmó el jueves que su país no fabrica ni consume fentanilo, a pesar de las pruebas de lo contrario, y sugirió que la epidemia de opioides sintéticos es, en gran medida, un problema estadounidense que debería ser atendido en ese país.
“Aquí nosotros no producimos fentanilo y nosotros no tenemos consumo de fentanilo. Y lamentamos mucho lo que está pasando en Estados Unidos”, dijo Andrés Manuel López Obrador. “¿Por qué ellos no combaten la distribución del fentanilo en Estados Unidos? .... ¿Por qué no atienden a sus jóvenes?”
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El mandatario hizo estas declaraciones durante su conferencia matutina justo antes de reunirse con Liz Sherwood-Randall, asesora de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, que está de visita en México precisamente para hablar de la crisis generada por esta droga.
El pronunciamiento también coincide con los llamamientos de los republicanos estadounidenses a utilizar el ejército de Estados Unidos para atacar los laboratorios de drogas en México.
El gobierno mexicano ha reconocido en el pasado que el fentanilo se produce en laboratorios de México con precursores químicos importados de China. De hecho, entre las autoridades estadounidenses e incluso mexicanas apenas se discute que casi todo el fentanilo que se consume en Estados Unidos se procesa en México.
En febrero, el ejército mexicano anunció que se había incautado de más de medio millón de pastillas de fentanilo en lo que denominó el mayor laboratorio de drogas sintéticas descubierto hasta esa fecha. El ejército dijo que el laboratorio al aire libre fue descubierto en Culiacán, la capital del estado de Sinaloa.
En la misma ciudad, en 2021, el ejército allanó un laboratorio que, según sus estimaciones, fabricaba unos 70 millones de pastillas de fentanilo al mes para el cartel de Sinaloa.
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Al fentanilo se le atribuyen unas 70.000 muertes anuales por opiáceos en Estados Unidos e instituciones oficiales mexicanas también hablan de un incipiente consumo en las ciudades mexicanas de la frontera.
López Obrador insistió en que parte de la culpa de la crisis que vive Estados Unidos con el fentanilo es por la falta de políticas para atender a los consumidores, las familias monoparentales o el “problema grave de descomposición social”.
Las palabras del presidente contrastaron con las del embajador estadounidense en México, Ken Salazar, en Twitter donde dijo que la reunión entre Sherwood-Randall y el fiscal general mexicano tenía como objetivo “mejorar la cooperación en seguridad y luchar contra el flagelo del #fentanilo para proteger mejor a nuestras dos naciones”.
Para el analista de seguridad mexicano David Saucedo, está claro que “el presidente miente” con las afirmaciones del jueves.
“Los cárteles mexicanos, sobre todo el CJNG (Cártel Jalisco Nueva Generación) y el Cártel de Sinaloa aprendieron a fabricarlo", explicó. "Ellos mismos compran los precursores químicos, instalaron laboratorios, fabrican el fentanilo, lo llevan a ciudades de Estados Unidos y lo venden”, aseguró.
“Poco a poco han comenzado a crear un monopolio del fentanilo, pues los narcos mexicanos están presentes en toda la cadena de producción y comercialización”, agregó Saucedo.
Si bien es cierto que el consumo de esta droga sigue bajo en México y en gran parte confinado a las zonas fronterizas del norte, eso puede deberse a que el gobierno mexicano no es capaz de detectarlo. Un estudio de 2019 en la ciudad fronteriza de Tijuana mostró que el 93% de las muestras de metanfetaminas y heroína allí contenían algo de fentanilo.
Saucedo indicó que las exportaciones de fentanilo eran tan lucrativas para los cárteles mexicanos que en el pasado no habían visto mucha necesidad de desarrollar un mercado interno aunque ya empezaron a venderlo en algunas ciudades como la capital, León (en el estado de Guanajuato, en el centro del país) o Monterrey, en el norte.
Al margen de estos datos, el presidente insiste en que el tema se utiliza con fines propagandísticos.
El senador estadounidense Lindsey Graham dijo el miércoles en conferencia de prensa que había que dar a los militares la autoridad para ir contra los cárteles, estén donde estén. “No para invadir México, no para derribar aviones mexicanos, sino para destruir laboratorios de drogas que están envenenando a estadounidenses”, subrayó.
López Obrador celebró que esa no sea la postura del gobierno de Joe Biden pero, aún así, afirmó que no aceptaría tales amenazas, un insulto a México y su soberanía. De hecho, dijo que estaría dispuesto a lanzar una campaña en Estados Unidos para pedir a los mexicanos e hispanos que viven allí que no voten por los republicanos.
El analista de seguridad Alejandro Hope consideró que López Obrador está atrapado entre su propia estrategia de “abrazos, no balazos” y la creciente presión de Estados Unidos, especialmente de los republicanos, y parece no darse cuenta de hasta qué punto el tema de declarar a los cárteles organizaciones terroristas podría convertirse en todo un tema electoral de cara a las presidenciales de 2024, como en 2016 lo fue la contrucción del muro fronterizo.
“El problema es que a la administración de Biden la pones en un dilema terrible... Entre la intransigencia de los republicanos y la intransigencia de López Obrador", indicó Hope.
El secretario de Exteriores, Marcelo Ebrard, calificó propuestas como la de Graham como “catastróficas para la cooperación anti drogas binacional”. “Saben que la pandemia del fentanilo no se origina en México sino en EU”, escribió el jueves en su cuenta de Twitter. “Saben que se está trabajando como nunca antes contra el fentanilo. No prosperarán”.
Los mexicanos, tanto en el gobierno como fuera de él, temen claramente que el consumo de fentanilo aumente como demuestra una campaña de mensajes pintados en muros con el lema “Mxsinfentanilo” -- México sin fentanilo—lanzada por un colectivo social o la campaña de anuncios televisivos organizada por el gobierno.
En esa iniciativa, el gobierno mexicano utilizó vídeos de personas sin hogar y consumidores de drogas para tratar de asustar a los jóvenes y alejarlos de las drogas pero las grabaciones fueron realizadas en el conflictivo barrio de Kensington, en Filadelfia, dando a entender que el problema estaba al norte de la frontera.
