El portavoz del Partido Nuevo Progresista (PNP) en la Cámara de Representantes, Carlos “Johnny” Méndez Núñez, se distanció de sus compañeros legisladores que radicaron una legislación que impondría una pena de un máximo de 25 años de cárcel a toda mujer que se someta a un aborto luego de las 10 semanas de gestación y afirmó que no hay ambiente para la medida dentro de su delegación.
A su vez, el funcionario sostuvo que los tres propulsores iniciales del Proyecto de la Cámara 1644, Yazzer Morales Díaz, José “Memo” González Mercado y Wilson Román López, deberán aclarar cómo es que la documentación “se traspaleló”, como infirió Morales Díaz durante una entrevista esta mañana con la emisora Radio Isla 1320.
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“Ese proyecto no cuenta con mi favor y no lo apoyaré si finalmente se da a votación, que dudo mucho que se lleve”, sostuvo Méndez Núñez durante una intervención con la prensa a su salida de una vista pública en el Capitolio.
“A mí me llevaron el proyecto. Lo evalué, lo vi y dije que no iba a firmar esa medida y que recomendé que no se radicara”, agregó.
El también expresidente de la Cámara aprovechó para aclarar que toda medida que tocaba el tema del aborto y que esperaba por la consideración de la Comisión de los Jurídico fue eliminada por el actual presidente de ese cuerpo legislativo, Rafael “Tatito” Hernández Montañez, y que ve poco probable que el PC 1644 vea un futuro diferente.
De igual forma, el funcionario detalló que aunque en la jurisprudencia federal se eliminó el derecho al aborto luego de que así lo determinó el Tribunal Supremo, en Puerto Rico sigue siendo completamente legal y así lo reafirmó en su tiempo el secretario de Justicia, Domingo Emanuelli Hernández, y el gobernador Pedro Pierluisi Urrutia.
Según la medida, esta fue radicada el 28 de febrero del año en curso, pero no fue hasta ayer, miércoles, que generó atención dentro del contexto del Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Según esboza el proyecto, “toda persona que permita, indique, aconseje, induzca o practique un aborto” sería sancionado con pena de reclusión por un término de tres años hasta 25 años.
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No obstante, ante el furor de reacciones que esto provocó, tanto Morales Díaz como González Mercado se distanciaron del proyecto y ordenaron que sus respectivas firmas sean removidas de la medida.
Tal mal entendimiento, a los ojos del representante por el Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), Denis Márquez Lebrón, fue una falta de rigurosidad legislativa tanto por el contenido de la medida como por el hecho de que, presuntamente, sus coautores no la leyeron bien.
“A mí nada de eso me sorprende aquí, porque no leyeron las ponencias y el récord legislativo de una discusión intensa”, expresó.
“A mí me da vergüenza, pero me alegra de que no tengo nada que ver con eso”, aclaró.
De manera similar se expresó el representante por el Partido Popular Democrático (PPD) Ángel Matos García, quien anticipó que la medida sería retirada.
“De mi parte, ese proyecto, como portavoz de la mayoría, si me llega a la Comisión, pues será debidamente abortado”, sostuvo, por su parte.
