A casi una semana de que la magistrada Laura Taylor Swain declarara como nula la Reforma Laboral aprobada por el gobierno de Puerto Rico, que entró en vigor en julio del año pasado y que buscaba recuperar derechos de los trabajadores que se perdieron con la implantada en 2017, aún el secretario de Estado y director ejecutivo de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico (AAFAF), Omar Merrero, se mantiene ausente del país.
Según trascendió, la jueza federal basó su decisión en que el gobierno nunca entregó un análisis de impacto económico que tendría dicha reforma como exige la Ley de Estabilidad Económica, Administración y Supervisión de Puerto Rico (PROMESA, por sus siglas en inglés).
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Ni Marrero ni ningún otro portavoz del gabinete de Pedro Pierluisi, ni de la Asamblea Legislativa ha explicado por qué se sometió la ley sin cumplir con lo estipulado por la Ley PROMESA de entregar el análisis de impacto económico.
Sin embargo, el secretario de Estado envió un comunicado de prensa a los medios expresándose sobre la decisión de Taylor Swain.
“El Gobierno de Puerto Rico no está de acuerdo con la determinación del Tribunal Federal de que la Junta de Supervisión Fiscal no tiene la responsabilidad de dar razones explicando el por qué invalidó una ley y por ende persiste el hecho de que no existe evidencia que apoye la decisión de la Junta”, lee la misiva.
“De por sí, (la ley) PROMESA es problemática porque permite que una junta no electa anule el trabajo de representantes electos del pueblo de Puerto Rico. Es peor aun cuando la Junta ejerce tal poder sin tan siquiera mostrar las razones de por qué lo está haciendo. Es un ejemplo de mala gobernanza que en este caso ha resultado en una política desacertada”, añade.
En el comunicado, el secretario de Estado admite que la opinión del tribunal no cuestiona que la Ley 41 sea buena para los mercados laborales de Puerto Rico.
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“Tal como sometió el gobierno al tribunal, y certificó el Departamento de Hacienda, es indiscutible que la Reforma Laboral no tiene impacto directo alguno sobre los recaudos del Fondo General. La Ley 41 era una buena ley y el pueblo de Puerto Rico se verá afectado por su anulación”, indicó.
Marrero afirmó, además, que, a casi nueve meses de aprobada la Ley 41, la tasa de desempleo, la tasa de participación laboral, la economía de Puerto Rico y los recaudos del Gobierno Central continúan creciendo, lo que, según aseguró, pondría fin a cualquier duda sobre el impacto real de la Reforma Laboral sobre los recaudos del Fondo General.
“Mientras estamos en desacuerdo con la conclusión del tribunal sobre la suficiencia de las certificaciones de Sección 204 provistas por el gobierno, hacemos un llamado a la Legislatura para que previo a la aprobación de legislación, se trabaje y realice un nivel de análisis más extenso y profundo para asegurar el cumplimiento con el marco legal establecido en PROMESA”, indicó Marrero.
“Nuestro gobierno apelará esta decisión, pero al igual continuará persiguiendo otras maneras de estimular el mercado laboral para continuar atrayendo más y mejores empleos a la economía de Puerto Rico”, concluye.
No puede explicarlo
Durante un debate televisivo anoche en el programa de análisis noticioso Directo y Sin Filtro, a preguntas de los periodistas, el senador del Partido Nuevo Progresista (PNP), Carmelo Ríos, no pudo explicar por qué se omitió la inclusión del análisis de viabilidad económica exigido por la Ley PROMESA antes de aprobar la Ley 41 y se limitó a elogiarla.
“La reforma (laboral) de ahora mejora las condiciones (de trabajo) en la empresa privada, la del 2017 no voló porque vino (el huracán) María, vino (el huracán) Fiona y las leyes son ágiles. Ahora se presentó una donde nosotros votamos a favor, el gobernador la firma, entonces la Junta entra, entra la jueza (Taylor) Swain, quiere un estudio porque quiere que no haya un impacto fiscal. De esta manera ahora la jueza dice no hay evidencia suficiente que muestre que esto no afecte el ajuste del plan fiscal”, señaló Ríos, quien también funge como secretario general del PNP.
No obstante, el senador aseguró que el gobernador volverá a firmar la ley y que la defenderá.
Asimismo, Ríos aseguró que tuvo una conversación con Marrero “y él me dijo que iba a hablar públicamente porque lo que están diciendo no es correcto. Yo le dije a Omar (Marrero) que hay que decir la verdad”, mientras negó rotundamente que el secretario de Estado se encontrara vacacionando en México.
Por su parte, el secretario general del Partido Popular Democrático (PPD), Luis Vega Ramos, criticó la postura del gobernador Pierluisi ante la decisión de la jueza.
“Mientras la jueza Taylor Swain le daba un golpe severo a los trabajadores del sector privado en Puerto Rico, Pedro Pierluisi era el que agarraba a los trabajadores puertorriqueños para que le dieran”, dijo Vega Ramos.
“(Pierluisi) No hizo nada, fue un aguaje de camino. Llevó el caso de la peor manera porque la Ley PROMESA dice que tenían que producir una documentación y unos informes económicos, y no los produjeron porque él quería que la JSF ganara, él quería que la Reforma Laboral de los trabajadores privados se cayera e hizo todo lo posible para ayudarlos”, añadió.
Metro intentó contactar a Marrero pero su oficial de prensa indicó que se encontraba fuera del país, tampoco el senador Ríos estuvo disponible para reaccionar.
