La delegación del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC) en ambos cuerpos presentó esfuerzos para defender la validez de la Ley 41-2022 y hacer valer la misma ante el Tribunal Federal. Mientras que delegación de PPD radicó nuevamente la ley declarada nula.
La Ley ampliaba los derechos que los trabajadores habían perdido luego de la aprobación de la Ley 4 en el 2017, mejor conocida como la Ley de Transformación y Flexibilidad Laboral. Entre ellos, vuelve a bajar el periodo probatorio, lo que plantearía que muchas personas que alcanzaron sus permanencias ahora estarían nuevamente en probatorio, trabajadores que recibieron bono de navidad podrían tener que devolver ese dinero a sus patronos, se reducen nuevamente las licencias de vacaciones y enfermedad y se cambian nuevamente las reglas para el pago de horas extras en detrimento de los y las trabajadoras, entre otros. La decisión de la jueza federal afecta al sector privado.
PUBLICIDAD
En este Tik Tok de Metro puedes entender los cambios que implica la determinación:
La senadora Ana I. Rivera Lassen aseguró que, “La decisión de la Jueza pone de manifiesto una vez más la crisis constitucional que representa la Ley PROMESA y la Junta de Control Fiscal que, además de ser antidemocrática y dictatorial, es una amenaza al bienestar general del país y los derechos de todas las personas. La Ley 41-2022 aplica a la clase trabajadora del sector privado y nada tiene que ver con fondos públicos, por lo que impugnarla es una clara extralimitación a los poderes que se le atribuyen, y que la Jueza Swain les ha validado. Esto lo que reitera es que la Junta interviene en todo lo que le parece, intentando siempre imponer su mirada de que el desarrollo económico se logra con pésimas condiciones de trabajo. Una pena que estemos enfrentando esto a 150 años de la abolición de la esclavitud”
Por su parte, el senador por el Movimiento Victoria Ciudadana Rafael Bernabé expuso que los derechos de los trabajadores y las trabajadoras que existieron hasta el año 2017 no son un obstáculo para el desarrollo económico. “Esos derechos que existían hasta el 2017 existieron por décadas. Los trabajadores acumulaban 12 días de enfermedad, un período probatorio de 90 días, compensaciones por despido injustificado por décadas, en los periodos en que Puerto Rico tuvo más desarrollo económico existía esa legislación laboral”, explicó.
La representante Mariana Nogales Molinelli concluyó diciendo que “una vez más la Junta se ha extralimitado en su quehacer de velar por la responsabilidad fiscal y ha sido hipócrita cuando levanta el impacto fiscal para algunas cosas nada más. El impacto fiscal no fue importante cuando se levantaron $750 millones para montar la empresa de LUMA, tampoco cuando los proyectos de privatización le quitan dinero al presupuesto de Puerto Rico y aumentan los servicios a la gente; pero una ley laboral, que apenas revierte 12 de 72 disposiciones de la Ley 4-2017, esa sí es irresponsable fiscalmente.”
La licenciada Rosa Seguí, informó en entrevista Metro al Mediodía, que hay que analizar la relación contractual entre la persona trabajadora y su patrono. “Los contratos no son nulos, los contratos permiten que las personas lleguen a unas condiciones y términos de empleo que van a superar las leyes establecidas. Por el hecho de una ley quedar anulada, esos contratos ni son nulos ni quedan anulados”, comentó.
Seguí aseguró que “Aún si nos fuéramos a la mal llamada reforma laboral de 2017, los contratos verbales son completamente válidos, aun aplicando esa ley del 2017 los acuerdos a los que se llegaron entre trabajadores y patronos son válidos.”
PUBLICIDAD
“No veo como un gobernador puede firmar una ley y luego no defenderla, hay que hacer un llamado al ejecutivo a que haga valer las leyes de Puerto Rico y no aceptar una relación colonial con la Junta de Control Fiscal”, concluyó.
Vuelven a radicar el proyecto
Por otra parte, el presidente de la cámara de representantes, Rafael ‘Tatito’ Hernández dijo en conferencia de prensa que, “Se pudo evidenciar con los datos económicos oficiales que todas las políticas anti obreras que ha impulsado el gobierno desde el comienzo de la crisis fiscal no han logrado revertir el estancamiento económico. En contraste, estas políticas aceleraron la migración y provocaron una pérdida poblacional de más de un 20 por ciento en Puerto Rico”.
En la misma, la delegación del Partido Popular Democrático (PPD) en la Cámara de Representantes radicó la ley declarada nula desde su inicio, a pesar de que la jueza Swain prohibiera la promulgación de la implantación de la Ley 41-2022.
Según Hernández Montañez, “el extenso documento evidencia cómo las múltiples versiones del Plan Fiscal de la Junta de Control Fiscal (JCF) han fallado en proveer estimados que guarden relación con la realidad económica que reflejan los datos oficiales. Asimismo, demuestra que el impacto de la Ley 41-2022 no es negativo para la economía y que, por el contrario, esta legislación es idónea para un momento histórico en que la isla se está beneficiando de la inyección de más de 120 mil millones de dólares en fondos federales”.
El presidente cameral sostuvo que próximamente estará visitando la capital federal para cabildear ante el Congreso una enmienda que incluya a la Asamblea Legislativa en la sección 204 de Promesa, que actualmente sólo faculta al Ejecutivo a rendir el informe de impacto fiscal.
“El gobernador les ha dado la espalda a los trabajadores una y otra vez, por eso exigiremos ante el Congreso que faculte a la Legislatura de Puerto Rico a rendir ese reporte económico, ya que ahora contamos con una entidad independiente, la OPAL, que se dedica, precisamente, a determinar el impacto fiscal de las medidas”, concluyó.
No se deberían recobrar bonos de Navidad
Por otro lado, en entrevista para Metro Puerto Rico el ex secretario del Trabajo, Carlos Saavedra, argumentó no creer que los patronos deban cobrar los bonos concedidos bajo la Ley 41. “Eso es un pleito bien antipático, un patrono tendría que demandar individualmente a sus empleados lo que crea una situación complicada en una empresa”.
Saavedra afirmó que luego de la reforma laboral de 2017 hasta el 2022 la tasa del desempleo había bajado en un 6%, la tasa de participación había aumentado cerca de un 3% y había cerca de 110,000 empleados adicionales en la economía.
