“Guiados por datos, impulsados por la gente” es el lema del Instituto del Desarrollo de la Juventud (IDJ), que desde hace casi diez años trabaja para fortalecer la seguridad económica de las familias con niños y jóvenes. El organismo —que se dedica a promover investigación y políticas públicas con el objetivo de reducir la pobreza infantil en el archipiélago— es dirigido actualmente por mujeres.
El autodenominado Think and do tank cuenta con la doctora María E. Enchautegui Román como su directora de Investigación y Política Pública, Carmen Isaura Rodríguez como directora de Abogacía, Estela M. Reyes Rodríguez como gerente de Movilización y Abogacía Comunitaria, Caridad A. Arroyo Quijano como gerente de Estadísticas y Sarah Vázquez Pérez como gerente de Comunicaciones.
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Para este grupo de mujeres profesionales de distintas disciplinas, la cruzada contra la pobreza no les es distante, pues en Puerto Rico las familias con madres solteras son las más afectadas por la desigualdad. En el 2019, el 70.4 % de las familias monoparentales lideradas por mujeres con menores de 18 años estaban bajo el nivel de pobreza, con una mediana de ingresos de $6,338 anuales.
Según estadísticas presentadas por el IDJ, la pobreza infantil tiene un costo de $4,400 millones anuales, lo que representa el 4.3 % del producto interno bruto de Puerto Rico. Además, sus estudios concluyeron que el 50 % del costo del crimen puede atribuirse a la pobreza infantil.
“El Instituto tiene la receta perfecta y cada uno de los ingredientes que está aquí aportan a que esa receta perfecta cree un mejor país, un mejor futuro para nuestros jóvenes y para nuestros niños”, comentó Sarah Vázquez sobre la filosofía de su equipo de trabajo.
El año pasado, los miembros del IDJ lideraron la campaña del Crédito por menor dependiente (CTC, por sus siglas en inglés) para alcanzar la mayor cantidad de familias bajo niveles de pobreza en Puerto Rico. Esta campaña iba atada al proceso de llenar una planilla federal. Trabajaron con encuestas a jefes de hogar con menores de 18 años, realizaron grupos focales y simularon efectos sobre la tasa de pobreza infantil para conocer el posible impacto que tendría el CTC en sus vidas.
“Recorrimos el archipiélago completo; comenzamos en Hormigueros y terminamos en Vieques. Esto no fue algo que solo se haya concentrado en el área metropolitana”, afirmó la gerente de movilización, Estela Reyes Rodríguez. También comentó que muchas familias viajaban a diferentes pueblos para recibir orientación y servicios de parte del Instituto. “En Maricao llegamos a recibir gente de Carolina”, contó.
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En el 2021, la mayoría de las familias en Puerto Rico pasaron a ser elegibles para el CTC por primera vez. Los cambios incluyeron hacer que el crédito por menor dependiente esté permanentemente disponible para las familias en Puerto Rico que tenían al menos un menor a cargo y, para el año fiscal 2021, ir aumentando su valor, haciéndolo completamente reembolsable y disponible para niños de 0 a 17 años.
Los resultados de encuestas muestran que el crédito por menor dependiente ayudó a las familias elegibles a realizar inversiones que fomentaron su movilidad económica, posibilitando satisfacer las necesidades de comida y nutrición y, por consiguiente, promoviendo el sano desarrollo de los niños. Además, esto redujo el número de familias con menores que viven en pobreza. En el 2019 había un 55 % de familias bajo el nivel de pobreza y 35 % bajo pobreza extrema. Según un informe de esta organización, tras la implementación del crédito por menor dependiente, los números bajaron a 39 % y 14 % respectivamente.
“Nosotros no estamos para resolverle los problemas a la gente, estamos para eliminar los obstáculos que tiene la gente para poder prosperar”, afirmó Carmen Isaura Rodríguez.
Sin embargo, para este año fiscal 2022 se limitará el impacto del CTC, ya que habrá una reducción del beneficio y las familias necesitan ingresos del empleo para cualificar. La cantidad máxima de crédito que se podía reclamar con un dependiente calificado era de $3,733 y se reducirá a $1,400.
Además, las familias en Puerto Rico necesitan ganar al menos $18,300 para recibir el beneficio máximo por al menos un menor, a diferencia de $12,500 si residen en los Estados Unidos. El 66 % de las familias elegibles en Puerto Rico recibirán el beneficio máximo en el 2022.
La directora de abogacía confesó que es un trabajo que no ha terminado, pues aún persisten ciertas inequidades y problemas de implementación, por lo que continúan su cruzada.
Entre sus temas de investigaciones más recientes se encuentran los efectos del huracán María en la niñez en Puerto Rico, el costo de la pobreza infantil y el sistema de protección social de Puerto Rico, así como la movilidad económica de las familias.
“Hacemos esto porque queremos que los niños y jóvenes sientan que aquí se pueden quedar, que puedan ver oportunidad, que no tengan que migrar hacia otro país”, afirmó la gerente de comunicaciones.
Las políticas públicas que busca impulsar el IDJ incluyen las tributarias, como la de mantener el crédito por ingreso devengado en sus niveles actuales y crear un crédito tributario de oportunidad de trabajo. Pero van más allá. También buscan promover la expansión de los empleos subsidiados por el gobierno dirigido a jóvenes, madres y padres, y crear un programa universal de transferencias directas para las familias con niños.
Por otra parte, buscan asegurar acceso a programas de desarrollo temprano a los niños de 0 a 5 años, expandir los programas de horario extendido a los niños en las escuelas públicas e implementar modelos de dos generaciones para todas las familias en sistema público de enseñanza como parte de su misión de eliminar las barreras de empleo.
Para expandir el capital humano, también buscan desarrollar un programa de adiestramiento laboral sectorial y revitalizar programas para completar la escuela superior y grados asociados.
“Hay que ser intencional. La pobreza infantil no se va a reducir porque haya crecimiento económico. Nosotros vivimos para ver que ese indicador de pobreza infantil se reduzca; mientras menos pobres, mejor, aunque nosotros dejemos de existir”, expresó la doctora María Enchautegui Román.
Próximamente continuarán cabildeando por la equidad en el crédito por menor dependiente. También trabajan en un cuestionario para conocer sobre las barreras hacia el empleo y las necesidades que tienen las familias, y buscan aumentar su base de datos, ya que Puerto Rico tiene una gran carencia de datos.
“Estas no son herramientas para que se queden aquí, son herramientas para que se utilicen, para que sean efectivas y que tengan un impacto en la comunidad”, concluyó la directora de abogacía.
El IDJ celebrará un simposio en abril sobre los modelos de dos generaciones, enfocados en impactar tanto a los menores como a sus encargados, para educar a los centros de gobierno. También se preparan de cara a las elecciones, cuando buscarán garantizar que candidatos de todos los partidos se comprometan con la erradicación de la pobreza de jóvenes y niños.
