Del CPI.
Hace casi dos años, el Municipio de Orocovis propuso construir un mirador en la PR-155, uno de los principales conectores viales del pueblo. Para sorpresa de Samuel A. Rodríguez González, auxiliar administrativo del ayuntamiento, el Programa Revitalización de la Ciudad (PRC) del Departamento de la Vivienda (DV) rechazó la propuesta porque no se construiría en la parte urbana del municipio, algo que la empresa consultora Horne no le advirtió.
En Loíza, los proyectos de mejoras a carreteras y a parques bajo este programa se han atrasado porque han tenido que rehacer las propuestas ya elaboradas por indicaciones contradictorias de la empresa Plexos, explicó Yeidy Escobar Del Valle, directora de la Oficina de Planificación, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Económico.
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Mientras en Mayagüez, el gerente de Vivienda Municipal y Programas Federales, Javier Román Ruiz, aseguró que el Municipio tuvo que retirar un proyecto de educación preescolar ya aprobado, porque no fue avisado a tiempo por la empresa Tetra Tech de cuándo debía someter los documentos de la revisión ambiental requerida por el PRC.
Las asesorías deficientes de las empresas contratadas, combinadas con cambios de plataformas web de trabajo y enmiendas del Gobierno a las guías del programa, son las principales razones del retraso en los proyectos del PRC, a juicio de funcionarios de 10 municipios entrevistados por el Centro de Periodismo Investigativo (CPI).
Desde el 2018, Horne ha cobrado $251 millones en contratos en Vivienda. Desde el 2019, su función principal es gestionar y supervisar las millonarias subvenciones (grant manager) de los fondos federales para la recuperación de desastres, conocidos como CDBG-DR, asignadas a Puerto Rico.
Por su parte, las compañías ICF Incorporated, Tetra Tech y Plexos Group fueron contratadas a partir de agosto del 2021 por Vivienda como manejadoras del Programa Revitalización de la Ciudad y de otros programas de infraestructura. Sus contratos totalizan $66 millones para asistir a los municipios a formular informes y análisis, supervisar sus construcciones y someter los documentos de progreso en las plataformas de gestión del programa, según Vivienda. Estas compañías fueron escogidas a través de un proceso competitivo.
Estatus de los proyectos del Programa Revitalización de la Ciudad
La rehabilitación de los centros urbanos ocupaba el tope de la lista de los proyectos prioritarios del plan de Gobierno de Pedro Pierluisi, según documentó el Concilio de Reconstrucción en 2021.
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Si para el 2025 los proyectos no se han completado, se tendrá que devolver el dinero federal asignado, dijo el secretario de la Vivienda, William Rodríguez Rodríguez en entrevista con el CPI el 29 de noviembre del 2022. Al día siguiente Vivienda solicitó una extensión de fondos CDBG-DR al Departamento de Vivienda federal (HUD) hasta el 2028.
Este programa, iniciado hace tres años y que busca revitalizar los centros urbanos y sus principales conectores tras el huracán María en 2017, cuenta con casi $1,300 millones de fondos CDBG-DR.
“Nosotros tenemos que imponer un calendario de ejecución a nosotros y a nuestros subrecipientes para al final del día hacer proyectos que cumplan con el programa y que lo hagamos en el término correspondiente porque se sabe que estos fondos, si tú no terminas el 100% de la obra, se devuelve el 100% de la asignación”, advirtió Rodríguez Rodríguez.
“No podemos estar ejecutando pensando en que nos van a dar extensiones que no sabemos”, agregó sobre la prerrogativa de HUD, que aún no ha contestado la petición de Vivienda de extender el tiempo para usar estos fondos.
“Nosotros lo que queremos es que [los municipios] se muevan a hacer las subastas”, acotó. “Que se muevan a hacer los trabajos”, dijo el Secretario de la Vivienda.
Vivienda lanzó el programa sin estructura
El 30 de septiembre del 2022 fue la fecha que el gobernador Pedro Pierluisi dijo que culminarían las reparaciones de la plaza pública de Aibonito, tras los daños sustanciales a la iluminación y mobiliario provocados por el huracán María. Pierluisi lo anunció en noviembre del 2021 cuando oficializó el primer proyecto de reconstrucción del Programa Revitalización de la Ciudad.
Al día de hoy, la plaza Segundo Ruiz Belvis de Aibonito todavía se encuentra en construcción. En este municipio, la plaza pública es el único de los cuatro proyectos aprobados por $9.6 millones que se encuentra en construcción.
Aunque ha habido problemas como mucha lluvia y cambios en el diseño de la plaza, la directora de la Oficina de Programas Federales de Aibonito, Angélica M. Camacho González, entiende que el atraso de los proyectos del municipio se debe, en parte, a la falta de organización del Departamento de Vivienda. Tras firmar el acuerdo con Vivienda, hace dos años y cinco meses, la funcionaria se dio cuenta de que esa agencia en un principio no tenía una estructura educativa, evaluativa y financiera para el PRC, explicó al CPI.
No fue hasta un año después de haber firmado el acuerdo que la agencia asignó a la firma ICF Incorporated como manejador del programa en Aibonito.
Municipios con más proyectos de revitalización aprobados
Orocovis presentó el proyecto del mirador el 21 de junio del 2021 con la asistencia de la compañía Horne, explicó el funcionario Rodríguez González. No obstante, esta empresa, que se supone debía conocer los alcances del proyecto, no advirtió al municipio que el mirador podría ser rechazado.
El Secretario de la Vivienda dijo que, además de por no estar en la zona urbana, el proyecto se denegó porque no cumplía con el requisito de estar asociado con las necesidades creadas tras los huracanes Irma y María.
El alcalde de Orocovis, Jesús Colón Berlingeri, reiteró al CPI que el mirador fue rechazado por no estar en una zona urbana. Al cierre de esta edición, ni Vivienda ni el municipio de Orocovis proveyeron a este medio la carta que especifica las razones de la denegación del proyecto.
El funcionario municipal Rodríguez González dijo que Vivienda nunca le informó cómo se determina que un proyecto está ubicado en un centro urbano o en un conector vial comunitario.
“Nosotros propusimos un proyecto [el mirador] que está prácticamente [en] la entrada de Orocovis”, explicó Rodríguez González. “Para nosotros esa es la entrada del pueblo; la entrada para recibir a los que vienen a chinchorrear, a turistear”.
Los municipios de Loíza, Aibonito y Toa Baja tampoco tienen claras esas delimitaciones, confirmaron por separado al CPI los funcionarios municipales Escobar Del Valle, Camacho González y Alexis Ramos.
Las cuatro guías del programa no definen qué es un casco urbano o un corredor (conector vial), ni especifica qué mapas deben utilizarse para delimitar estos conceptos. Dos de las guías solo indican que que “todos los proyectos deben estar ubicados dentro de los límites municipales y dentro de un centro urbano o un corredor principal de crecimiento definido por el gobierno municipal o identificado por otras entidades elegibles”.
A preguntas del CPI, el secretario de Vivienda dijo que su agencia usa la definición de casco urbano de la Junta de Planificación. En cuanto a lo que es un corredor, añadió que “somos muy abiertos en la interpretación, de manera que podamos beneficiar a los municipios”. Sin embargo, admitió que ninguna de las definiciones están consignadas en las guías.
Los corredores urbanos son “áreas urbanizadas dentro o aledañas al casco urbano donde existen viviendas, comercio, facilidades públicas o privadas que proveen algún tipo de servicio a los residentes del municipio. También puede incluir áreas con una designación de tipo urbana por la Junta de Planificación”, dijo Rafael J. Vega González, oficial de prensa de Vivienda. Esta definición, sin embargo, no consta en las guías.
El presidente de la Sociedad Puertorriqueña de Planificación, Tomás J. Torres Placa, explicó que las definiciones de centro urbano, corredores urbanos y comunitarios varían de acuerdo con el Plan de Ordenamiento Territorial (POT) de cada municipio. La Junta de Planificación dijo al CPI que 63 municipios tienen su POT aprobado.
El municipio de Salinas sometió un proyecto de un parque pasivo a consideración para el PRC. Pese a que el proyecto no se construiría en el centro urbano, sino en la PR-1, Horne le recomendó al municipio someterlo porque de todos modos cumpliría con las guías del programa al ser construido en un corredor urbano, según directora de Programas Federales de Salinas, Yarida Oppenheimer. Sin embargo, después del esfuerzo invertido, la obra no fue aprobada porque se encuentra en una zona rural y no cumplía con el requisito de estar asociado con las necesidades creadas tras los huracanes, según consta en un documento emitido por Vivienda.
“Al ser uno de los corredores principales del casco urbano, pretendíamos combatir la erosión de la zona costera con la reforestación. Al ser un parque pasivo, se pretendía atraer visitantes y turistas para contribuir a la revitalización del casco urbano”, explicó Oppenheimer.
Aunque el Secretario de la Vivienda dijo que la razón medular para rechazarlo fue que estaba en una zona inundable, la guía principal del programa indica que, aún si están en zona inundable, los proyectos pueden construirse si cumplen con los requisitos de elevación y de protección contra inundaciones establecidos por la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, por sus siglas en inglés).
El Secretario de la Vivienda dijo que les corresponde a los municipios someter sus proyectos a consideración de la agencia porque a los manejadores de programa les corresponde orientar. Sin embargo, reconoció al CPI que ha habido cambios en el personal que atiende los casos por su pobre desempeño. Aceptó que ha habido problemas en el flujo de comunicación, además de discrepancias en las interpretaciones de los requisitos o elegibilidad de los proyectos.
“Todo incumplimiento puede desembocar en una cancelación de un contrato. Y no se descarta [sacar a] ninguno de los tres contratistas”, añadió en referencia a ICF Incorporated, Tetra Tech y Plexos Group.
Glorimary Arregui, supervisora de Relaciones Externas y de Comunicaciones de Horne en Puerto Rico, dijo que la empresa no se expresaría en torno a las quejas de los municipios sobre su gestión.
De Plexos Group, su directora de Mercadeo – a quien también se le identifica como enlace con los medios –, Christine Armstrong, indicó que no podía emitir expresiones.
Por su parte, Charlie MacPherson, a cargo de los medios y relaciones públicas de Tetra Tech, no respondió llamadas, mensajes de texto ni un correo electrónico.
Decisiones que atrasan los proyectos
La planificadora Escobar Del Valle explicó que, cuando elaboraba las propuestas de Loíza, la compañía Plexos Group le aseguró al municipio que Vivienda no necesitaba que las descripciones de sus proyectos entraran en detalles técnicos, como estimados de costo y esquemas de proyecto. Sin embargo, eso resultó no ser cierto. Para Escobar Del Valle, esa situación refleja una mala comunicación entre la agencia y la compañía. El proceso se ha atrasado porque, según dijo, incluir esa información toma más de un mes.
Escobar Del Valle destacó que debido a la experiencia que tiene el municipio de Loíza en el manejo de fondos y propuestas federales ha tenido que orientar a Plexos sobre cómo proceder con distintos asuntos relacionados al PRC, a pesar de que a la firma se le paga para auxiliar a Loíza en el proceso de aprobación de los proyectos.
“Entiendo que estos programas requieren estos recursos intermediarios entre Vivienda y el municipio”, opinó Escobar Del Valle. “Sin embargo, los criterios de evaluación e interpretación de estos intermediarios cambian según el evaluador”, expresó en referencia a Plexos y Vivienda, lo que ha retrasado la construcción de los proyectos aprobados a Loíza.
Para que un proyecto bajo el PRC comience a construirse, es necesario que se cumplan 12 pasos en los que participan los municipios, así como Horne, Vivienda y los manejadores de programa: ICF Incorporated, Tetra Tech y Plexos Group.
“Los proyectos aprobados no se han construido porque es necesario llevar a cabo todo un proceso previo antes de llegar a esa etapa”, explicó Brenda Mangual Vázquez, ayudante especial del alcalde de Toa Baja, Bernardo “Betito” Márquez.
Cuando el municipio de Mayagüez sometió un proyecto de educación preescolar, que combinaría fondos del programa Head Start y de Revitalización de la Ciudad, pensó que el proceso se agilizaría porque la estructura ya estaba diseñada. Igualmente, presentaron al PRC las revisiones ambientales requeridas por Head Start y el gobierno de Puerto Rico.
Además, el gerente de Vivienda Municipal y Programas Federales de Mayagüez, Javier Román Ruiz, explicó al CPI que Tetra Tech, la compañía asignada al municipio por Vivienda, les indicó que los proyectos que usaban los fondos del PRC como pareo eran los que preferían porque eran más rápidos de adelantar que los proyectos nuevos.
Tetra Tech llegó a decirle incluso que con este proyecto podría ser uno de los primeros municipios a los que se les desembolsaran los fondos, según Román Ruiz. Sin embargo, la compañía no les orientó a tiempo sobre el orden de los procesos. Pasaron de tres a cuatro meses cuando Tetra Tech le preguntó al municipio si se había hecho una demolición en el lugar. En ese momento, en efecto, ya se había comenzado con la demolición.
La compañía Tetra Tech le comunicó, entonces, al ayuntamiento que no debió demoler si no había completado primero los documentos ambientales. Paralelamente a la demolición, el municipio había comenzado a trabajar con los documentos de la revisión ambiental requeridos por PRC, pero no había finalizado ese paso. Mayagüez optó por retirar el proyecto porque podían perder los fondos asignados por Head Start.
“Perdimos tres meses de ese proyecto”, dijo Román Ruiz. “Ellos [Tetra Tech] tuvieron desde el día uno todos los documentos a la mano”.
La administradora municipal de Aguada, Marisol Rosa Acevedo, denunció que ha sido lenta la aprobación de los formularios de la revisión ambiental. Mientras, Sandra E. Rosas Vélez, directora de Programas Federales de Hormigueros, destacó lo complicado que ha sido completar documentos requeridos por HUD.
Cambia y cambia de guías y de plataformas
Otra de las causas de los retrasos con el PRC fue el cambio de plataformas de trabajo en internet, dijo la funcionaria municipal de Hormigueros. Rosas Vélez mencionó que, de febrero a agosto de 2021, el municipio utilizó la plataforma Subrecipient Agreement Performance Report Portal para someter los informes mensuales de progreso del programa. No obstante, en septiembre del mismo año, Vivienda y Horne migraron a otra plataforma: Grant Compliance Portal. Su equipo de trabajo tuvo que aprender a utilizar la nueva plataforma en la marcha, lo que significó un atraso.
Vivienda dijo que por medio del Grant Compliance Portal los municipios presentan sus informes mensuales de progreso, envían sus avisos de subasta y presentan solicitudes de información al área programática.
Cuando el CPI le preguntó si cambiar de plataforma fue una decisión de Horne o de Vivienda, el Secretario dijo que la agencia toma ese tipo de determinaciones.
“El grant manager [Horne] puede recomendar, igual que los program managers, pero las determinaciones son de nosotros [del Departamento de la Vivienda]”, expresó. “Nosotros somos los que hacemos las adquisiciones. Nosotros somos los que hacemos los procesos competitivos”, agregó en referencia a la compra de las plataformas del programa.
Las guías del programa también han cambiado, lo que ha retrasado la construcción de proyectos en Yauco, Loíza, Mayagüez y Hormigueros, según los funcionarios municipales entrevistados.
De acuerdo con el Secretario de la Vivienda, estas guías son enmendadas cuando así lo decide la agencia. La guía general del PRC ya tiene una tercera versión. “En cada una de las [nuevas] guías, por lo regular, se establecían nuevos requisitos
para la aprobación de los proyectos”, explicó el director de Fondos Federales e Infraestructura del municipio de Yauco, Martínez Pueyo.
Además de la guía general, el PRC cuenta con otras para proyectos de desarrollo económico, intersectoriales y de vivienda asequible.
Los diez municipios con más fondos aprobados bajo el Programa Revitalización de la Ciudad
La oficial de prensa de Aguadilla, Jossie I. Vega Santiago, indicó que el municipio no había encontrado – al momento de esta entrevista – un diseñador para tres de sus proyectos aprobados debido a la escasez de ingenieros interesados en competir en los procesos de subastas o de requerimiento de propuestas (RFP).
“El proceso más largo ha sido el de procurement [contratación] debido a la baja participación de los ingenieros y arquitectos”, expresó Vega Santiago. Luego de dicha fase, pasa al diseño del proyecto y a la gestión de permisos para dar comienzo a la construcción.
La alcaldesa de Gurabo, Rosachely Rivera, también mencionó que, ante la poca asistencia de licitantes a las subastas municipales por falta de empleados y la inflación, no está del todo segura cuándo terminará la construcción de sus proyectos de revitalización.
El alcalde de San Sebastián, Javier Jiménez Pérez, no quiso opinar sobre la extensión de la fecha de cierre del programa. Solo comentó que sus proyectos tienen que terminarse a tiempo para no tener que devolver los fondos del programa federal.
Para contratar a las compañías para el diseño de sus proyectos, Jiménez Pérez dijo que fue necesario realizar dos subastas porque los precios de los proponentes en la primera ronda eran “ridículamente altos”.
¿En contra del reloj?
El gobernador Pierluisi dijo en enero, durante una conferencia de prensa en Orocovis, que los proyectos de construcción bajo programas como Revitalización de la Ciudad toman “una gran cantidad de tiempo”.
Mencionó que parte de la responsabilidad de que los proyectos de programas como el PRC no estén construidos se debe a las cortapisas impuestas por la administración del expresidente estadounidense, Donald J. Trump.
“Antes teníamos unas trabas aquí, antes de que empezara mi administración y la del presidente [Joe] Biden, en estos programas, tanto en CDBG como en FEMA”, dijo el Gobernador.
Pasaron dos años desde el 2018, cuando HUD anunció la subvención de CDBG-DR a Puerto Rico, antes de que el Departamento de la Vivienda pudiera utilizar los fondos federales. El cierre del gobierno federal por un mes y la dilación del entonces secretario de HUD, Ben Carson, en aprobar el Plan de Acción de Vivienda local y firmar el acuerdo final fueron algunos de los asuntos que retrasaron el acceso a esos fondos.
Aunque el Secretario de la Vivienda hizo énfasis al CPI que su agencia ha impuesto a los municipios el año 2025 para concluir los proyectos de este programa, dado que la fecha de cierre de la subvención principal es en el 2026, está en espera de que HUD le conteste este mes su petición de extender el uso de estos fondos hasta el 2028.
El huracán Fiona de septiembre de 2022 le ofrece “un buen caso” para que HUD extienda el período, dijo.
