La decisión de ayer de la magistrada Laura Taylor Swaine de darle el visto bueno a la Declaración Informativa del Plan de Ajuste (PDA) de la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) de ninguna manera supone que concluye el proceso de quiebra sino que representa solo una etapa procesal dentro de la quiebra de Puerto Rico, así lo explicó a Metro Rolando Emmanuelli, experto en la Ley PROMESA y abogado de la Unión de Trabajadores de la Industria Eléctrica y Riega (UTIER).
Emmanuelli indicó que la vista de ayer pretendía resolver el asunto de si existe suficiente información disponible para que los acreedores puedan ejercer su voto eventualmente sobre si apoyan o no el PAD. No obstante, la jueza no resolvió ninguna de las objeciones sustantivas presentadas, posponiendo esa resolución para la vista de confirmación pautada para julio próximo.
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“La jueza le pidió a la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) que hiciera algunos cambios en los documentos sometidos, incluyendo el ‘disclosure statement’, y en cuanto la JSF someta eso, ella va a dictar una orden con un procedimiento en donde va a haber una etapa de descubrimiento de prueba, una etapa para objeciones y finalmente, en la vista, que es un juicio, todas las partes van a poder presentar evidencia de por qué el plan es confirmable o no es confirmable”, indicó el experto.
El letrado explicó que hasta el momento las objeciones al PAD son sustanciales en términos del número de objeciones y los fundamentos planteados.
Algunas de estas objeciones afirman que el plan no es viable porque viola el Código de Quiebras al haberse hecho una oferta a los acreedores de bonos por encima del fideicomisario cuando se supone que sea este quien represente la negociación.
Otras de las objeciones mencionadas en la vista fueron que el plan no explica cómo se va a sostener el PAD con una imposición tan alta de un cargo fijo y volumétrico, las clasificaciones y el por qué los prestamistas de línea de combustible o “fuel line lenders” obtendrían mayor compensación si representan para la AEE un gasto ordinario mientras que se liquidaría el Sistema de Retiro de la corporación pública, o por qué al Comité de Acreedores No Asegurados, entre otras.
“Hay muchísimas controversias que van a ser objeto de la atención de la jueza en la vista de confirmación en julio. Por eso es que, aunque el trámite de ayer era importante, es de naturaleza procesal y no decide si ese plan es confirmable o no es confirmable”, explicó.
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Estrategia de la jueza
Emmanuelli opinó que la posposición de la resolución de las objeciones por parte de la jueza Taylor Swain es una estrategia jurídica para obligar a las partes a sentarse en la mesa de negociación.
“La jueza entendió que no se podía resolver eso a menos que se desarrollara el récord del caso mediante prueba, testigos, expertos, etc. Al posponer todo en lo que se puede celebrar un juicio completo, la jueza básicamente lo que hizo fue patear la lata para que en su momento se puedan atender. Ella exhortó a las partes a seguir negociando para mantener esa expectativa y obligar a las partes a negociar”, indicó.
“Eso, desafortunadamente, va a obligar a que se inviertan una infinidad de recursos económicos en el proceso de confirmación sin tener una guía clara de si el plan realmente va a poder ser confirmado o no”, lamentó el abogado quien participó del proceso.
¿Por encima de la realidad social?
Durante la vista, la propia Taylor Swain aclaró que de ninguna manera la decisión de autorizar la Declaración Informativa significaba que el plan de pagos que ha propuesto la JSF pueda ser finalmente confirmado. La decisión que tome la jueza federal decidirá el futuro económico y social de Puerto Rico, y deberá sopesar con su postura el dilema que expone la sociología del derecho sobre si la ley está por encima de la realidad social o viceversa.
Eva Prados, abogada y portavoz del Frente Amplio para la Auditoría de la Deuda, aseguró, sin embargo, que sería muy prematuro especular sobre qué ocurrirá en julio durante la vista de confirmación, aunque recordó que la jueza ha mostrado empatía anteriormente con la situación de Puerto Rico.
“Se necesita que se evalúen con detenimiento todas las implicaciones de lo que se está proponiendo. Yo creo que es importante recordar que la jueza en su momento ha dicho que un plan de ajuste que impacte negativamente el desarrollo económico de Puerto Rico no debería ser confirmable”, indicó la letrada.
“Yo creo que ese es un ángulo del que poco se habla porque muchas veces se menciona que, si los bonistas están de acuerdo o no, pero, al final, el criterio que la jueza tiene que evaluar es si es sostenible este nuevo plan de pago. Porque al final no queremos caer en otra quiebra y es el tribunal quien se supone que resuelva para evitar otra quiebra”, añadió.
Prados argumentó que se debe aprobar un plan que verdaderamente pueda ser pagado y comentó que existen serias preocupaciones al respecto ya que el PAD no solo afectaría el bolsillo de los consumidores sino que no es el momento propicio para imponer otro aumento a la factura de electricidad.
“Si estuviéramos en un momento donde Puerto Rico estuviera bien económicamente, o que estemos pagando poco de energía eléctrica, un pequeño aumento para atender los problemas de liquidez o de recaudo que tenga la AEE es algo razonable. Pero en momentos en que estamos pagando la electricidad más cara y cuando el país esta pasando por una crisis económica muy seria, me parece que no sería justo, y buscamos justicia, pero justicia en términos de lo que verdaderamente se va a poder cumplir”, dijo.
