Las autoridades federales arrestaron otro individuo por distribución y recio de pornografía en infantil.
Según anunció el agente especial a cargos de la Oficina de San Juan del Negociado Federal de Investigación (FBI, en inglés) Joseph González, anunció el arresto de Víctor J. Pizarro Santiago.
PUBLICIDAD
Pizarro Santiago fue acusado mediante querella por violaciones al Título 18, Código de los Estados Unidos, Secciones 2252A(a)(2) – distribución/recibo de pornografía infantil y 2252A(a)(5)(B) – posesión de pornografía infantil – por eventos que ocurrieron San Juan, Puerto Rico.
Pizarro-Santiago fue arrestado por Agentes Especiales del FBI, el 27 de febrero de 2023 y actualmente espera su vista inicial.
El enjuiciamiento de este caso está a cargo de la Fiscal Federal Especial Jenifer Hernández, y está siendo investigado por Agentes de la Escuadra de Crímenes Contra Menores de la Oficina de San Juan del FBI.
Federales acusan líder religioso por intentar seducir a dos jovencitos de 15 años
Un líder religioso de Cayey figura entre los arrestados por agentes especiales de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) con el apoyo del Negociado de la Policía de Puerto Rico, tras ser acusados de transporte de pornografía infantil, posesión de pornografía infantil, producción de pornografía infantil y Coacción y seducción de menores, en dos casos separados y no relacionados.
PUBLICIDAD
Según documentos judiciales, desde diciembre de 2020 hasta enero de 2021, Nathan Gallarza Chaparro, de 22 años, de Aguadilla, transportó a sabiendas una o más fotografías y videos que contenían imágenes de pornografía infantil. Asimismo, Gallarza Chaparro fue imputado por posesión de pornografía infantil. La fiscal federal adjunta Ginette Milanes, de la Unidad de Inmigración y Explotación Infantil, está a cargo del caso.
En otro caso, agentes especiales de HSI arrestaron a Eduardo Luis Marrero Casanova, de 52 años, líder religioso en Cayey. Según la acusación formal, en o alrededor de diciembre de 2022, hasta el 25 de enero de 2023 o alrededor de esa fecha, el acusado usó un teléfono celular, así como servicios de mensajería instantánea de Internet, para persuadir, inducir, atraer y coaccionar a sabiendas a dos jóvenes de quince años. menores de edad varones para participar en actividades sexuales por las cuales cualquier persona puede ser acusada de un delito penal, que incluye la producción de pornografía infantil como se define en el Título 18, Código de los Estados Unidos (U.S.C.). Además, Marrero Casanova empleó, usó, persuadió, indujo, sedujo y coaccionó a sabiendas a un menor, e intentó participar en una conducta sexualmente explícita con el fin de producir una representación visual de dicha conducta.
Marrero-Casanova enfrenta dos cargos de coerción y tentación de un menor en violación de 18 U.S.C. § 2422(b), y dos (2) cargos de producción de pornografía infantil en violación de 18 U.S.C. § 2251 (a). La fiscal federal adjunta Daynelle Álvarez-Lora, de la Unidad de Inmigración y Explotación Infantil, está procesando el caso.
“La Oficina del Fiscal de los Estados Unidos y las agencias del orden público federales y locales en Puerto Rico se mantienen firmes en nuestro compromiso de proteger a nuestros niños de los depredadores sexuales”, dijo W. Stephen Muldrow, Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico. “Recordamos y alentamos al público a denunciar todo comportamiento inapropiado con niños a las autoridades locales y, juntas, las agencias policiales locales y federales buscarán justicia para las víctimas de estos delitos”.
El viernes, los acusados tuvieron sus audiencias iniciales ante la jueza federal Giselle López-Soler. Los imputados fueron trasladados al Centro de Detención Metropolitano de Guaynabo a la espera de un nuevo proceso judicial.
Si es declarado culpable, Nathan Gallarza Chaparro enfrenta una sentencia mínima legal de 5 años hasta 20 años de prisión seguida de un período de libertad supervisada de 5 años hasta cadena perpetua por posesión de pornografía infantil. Eduardo Luis Marrero Casanova enfrenta una pena mínima obligatoria de prisión de 10 años y una máxima de cadena perpetua por cada cargo de coerción y seducción; y una pena de prisión mínima de 15 años y máxima de 30 años por cada cargo de producción de pornografía infantil. Un juez de la corte federal de distrito determinará cualquier sentencia
