La fiscalía federal solicitó al tribunal que mantenga la mordaza que se estableció en el juicio contra el productor Sixto George Díaz Colón y ordene a la defensa la devolución o destrucción de la evidencia que le fue entregada.
La orden de mordaza en el caso del productor convicto a principios de febrero se estableció el pasado 29 de enero y la defensa del productor había solicitado que se revoque la orden una vez culminado el juicio.
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Fiscalía argumentó que dicha orden no restringió el derecho de la prensa a “informar, opinar e informar” sobre el caso”, al establecer que el acusado y el abogado defensor hablaron con los medios de comunicación en más de una ocasión.
No obstante, aseguraron que si se deja sin efecto la orden de mordaza, la orden de protección que rige la divulgación de materiales de descubrimiento sería violentada por entender que procederían a divulgar información a periodistas.
“En su moción para Anular la Orden de 29 de enero de 2021, el demandado alega que para ejecutar dicha orden Violaría “Libertad de expresión” y derecho de prensa a la información sobre figuras públicas de la anterior administración del gobernador Ricardo Rosselló y otras figuras públicas de los medios de comunicación. Dada la naturaleza de la pruebas presentadas en el juicio, que ya están disponibles públicamente, la intención del acusado para difundir los Materiales de Descubrimiento o la sustancia que incluyen parece evidente”, expresaron.
“Lo que la moción actual del acusado parece buscar es el permiso de la corte para que él, sus representantes, familiares o asociados sean permitido divulgar o discutir el contenido de los materiales proporcionados, la mayoría de las cuales ni siquiera se ofrecieron, y mucho menos admitido, como prueba en el juicio”, apuntaron.
Señalaron que la prensa tenía acceso a las pruebas presentadas en el juicio, que fue ampliamente cubierto por los medios de comunicación en Puerto Rico.
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Recalcaron que la orden dispone que el equipo de defensa, incluido el acusado y su abogado, no puede “revelar, directa o indirectamente, material de descubrimiento o la sustancia del mismo a cualquier persona, incluidos los medios de comunicación”.
El ministerio público indicó qie el material proporcionado al demandado incluía transcripciones del Gran Jurado y informes de entrevistas de varias personas, incluidas personas con el gobierno y aseguraron que “gran parte de ese material no es público ni debería serlo”.
“A la fiscalía federal les preocupa que la solicitud del demandado de anular la Orden del 29 de enero de 2021 sea un subterfugio para que el demandado comience a revelar los materiales de descubrimiento de prueba que no fueron presentados en el juicio por ninguna de las partes. Al acusado se le concedió su derecho constitucional a presentar pruebas en el juicio, un derecho que a sabiendas y voluntariamente se negó a hacer ejercicio. Lo que no tiene derecho a hacer es violar la Orden de Protección del 12 de febrero de 2021″, apuntaron.
En tanto, solicitaron al Tribunal que el acusado y la defensa siga la Orden de Protección del 12 de febrero de 2021, y se abstenga, “de revelar directamente o indirectamente material de descubrimiento a cualquier persona, incluido los medios”.
