La alcaldesa de Morovis y tesorera de la junta de la Asociación de Alcaldes de Puerto Rico, Carmen Maldonado González, envió una carta a la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) exigiéndole la aprobación de medidas fiscales para la continuidad de las operaciones de los municipios de Puerto Rico.
“Es un asunto de vital importancia que finalmente la JSF apruebe las medidas fiscales que los municipios necesitan. Esperar a que la crisis agrave para tomar acción no le hace bien a ninguna de las partes, pero a quien más daño se hace es a la ciudadanía más necesitada en todo Puerto Rico”, señaló en una carta enviada a David Skeel, presidente de la entidad.
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Maldonado González indicó en la carta que existen varias medidas que se les han presentado previamente a la Junta y que aún no han sido aprobadas. En el escrito, la alcaldesa detalló algunas de ellas y presentó otras adicionales que a su entener deben ser aprobadas por la Junta de manera urgente.
Sostuvo que previamente se había solicitado establecer una moratoria varios años en la eliminación gradual de la Transferencia del ELA al Fondo de Equiparación, conforme a los Planes Fiscales del Estado Libre Asociado de Puerto Rico y del Centro de Recaudación de Ingresos Municipales (CRIM).
De igual manera, los ejecutivos municipales pidieron “establecer un nuevo Fondo de Reestructuración Municipal que otorgue financiamientos específicos para asistir con los esfuerzos de reestructuración de los municipios más afectados por la reducción del Fondo de Equiparación”.
Relacionado a la aportación al Plan de Salud Vital (de la Administración de Seguros de Salud de Puerto Rico (ASES), sostuvo que “es necesario eliminar el requisito establecido en la Sección 9(d) de la ‘Ley de la Administración de Seguros de Salud de Puerto Rico’ Ley Núm. 72 de 7 de septiembre de 1993, según enmendada, en lo que respecta a que los municipios aporten al financiamiento del Plan de Salud Vital establecido en tal Ley”.
“Ello debería ser cubierto por el Gobierno de Puerto Rico”, dijo.
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Entre otras medidas indicó que la Legislatura de Puerto Rico y el Gobernador aprueben una Ley que establezca que los Municipios reciban algún por ciento específico del impuesto de ocupación (room tax) que generen las plataformas digitales que se utilizan como mercado común de publicación, publicidad y reservas para alojamiento de forma económicas a través del internet (las del tipo de alquiler a corto plazo).
“Ello podría hacerse mediante enmiendas a la Ley del Impuesto sobre el Canon por Ocupación de Habitación del Estado Libre Asociado de Puerto Rico’, Ley Núm. 272 de 9 de septiembre de 2003, según enmendada, al ‘Código Municipal de Puerto Rico’, Ley Núm. 107 de 14 de agosto de 2020, según enmendada, u otras aplicables”, dijo.
Solicitó además que se inicie un proceso legal para reestructurar las deudas de los municipios de Puerto Rico y que se le otorgue facultad legal a los Municipios para intervenir, opinar y votar en decisiones sobre decretos o exenciones contributivas que pueda otorgar el Gobierno de Puerto Rico y que pueda afectar adversamente los ingresos y finanzas en general de los Municipios.
También exigió que promuevan que el Gobierno de Puerto Rico desembolse, inmediatamente, el millón de dólares para cada uno de los municipios de Puerto Rico según fuera aprobada la Resolución Conjunta de la Cámara 387, firmada por el Gobernador de Puerto Rico desde el 5 de enero de 2023, con el propósito de financiar la fase inicial de la respuesta gubernamental ante el paso del huracán Fiona, así como enmendar el Fondo de Consolidación de Servicios Municipales, de manera que se flexibilice el uso y los procesos conducentes al uso de tales fondos.
Surge de la propia Resolución Conjunta, que se asignaría al Fondo de Asistencia de Emergencia Municipal, creado al amparo de la Ley 96-2018 y administrado por el Departamento de Hacienda, la cantidad de setenta y ocho millones de dólares ($78,000,000.00), provenientes del “Fondo de Emergencia”, para ser distribuidos a los setenta y ocho (78) municipios de Puerto Rico, a razón de un millón de dólares ($1,000,000) por cada municipio, con el propósito de financiar la fase inicial de la respuesta gubernamental ante el paso del huracán Fiona, en un término no mayor de quince (15) días laborables luego de aprobada. A pesar de que ese término ya venció, al día de hoy aún no han sido distribuidos.
Copia de la carta fue enviada a Robert Mujica, el nuevo director ejecutivo de la Junta. Previo al reclamo hecho a la Junta por la alcaldesa Maldonado González, tanto la Asociación de Alcaldes como la Federación de Alcaldes habían hecho señalamientos similares.
“Es de aceptación y reconocimiento general que los municipios son la entidad que mayor cercanía tiene con la ciudadanía y quienes mejor y con mayor efectividad otorga los servicios necesarios y de manera adecuada a la ciudadanía, no solo en momentos de huracanes, terremotos y pandemias, sino en la vida diaria. Ante esa realidad, esperamos que la JSF tome acción”, finalizó.
