Durante su intervención en la Cumbre de Salud 2023 realizada ayer por la Asociación de Industriales de Puerto Rico (AIPR), la comisionada resiente, Jenniffer González Colón, aseguró que las medidas congresionales que ha ayudado a impulsar en Washington han sido efectivas en la reducción de la tasa de personas que viven bajo los niveles de pobreza en Puerto Rico.
Sin embargo, indicó que, en el aspecto de la salud, aún falta mucho camino por recorren en cuanto a lograr la paridad de beneficios con respecto a los demás estados de la nación y sus territorios. Por tal razón, la comisionada residente anunció varias medidas sometidas en el Congreso que buscan atender la situación.
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“Puerto Rico recibe menos dinero que las Islas Vírgenes estadounidenses y eso constituye un acto de discrimen contra la salud de todos los que vivimos aquí”, denunció González Colón.
En el evento, donde se abordaron temas como las prioridades de salud de Puerto Rico en el Congreso de los Estados Unidos, las prioridades de la atención médica en Puerto Rico y la evolución del Modelo de Salud Mental del Plan Vital, entre otros, la comisionada residente destacó que el esfuerzo del grupo de trabajo que organizó logró que Salud federal concediera un paquete de fondos para el Medicaid por los próximos cinco años de $3,275 millones en 2023 y que ascenderá hasta llegar al tope de $3,825 millones para el 2027.
“Estos son números que nunca antes Puerto Rico había tenido en el renglón de la salud”, aseguró González Colón aunque señaló que ahora toca trabajar para disminuir las abismales disparidades existentes en los programas federales que incluyen al archipiélago.
“Ahora tenemos que montarnos sobre esto para conseguir romper las disparidades en otros programas que en Puerto Rico lamentablemente no tenemos porque los fondos no dan. Como lo son la transportación de emergencia, el cuidado prolongado entre otras cosas que, porque los recursos no dan, Puerto Rico no los puede ofrecer”, añadió.
La comisionada residente también lamentó que el tope impuesto por la Sección 1108 del programa federal establezca un FMAP de 55 por ciento para la isla, mientras otros estados pueden recibir hasta un 83 por ciento estipulado por ley.
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“Si lo comparamos con los estados en la nación, ellos no se tienen que preocupar por nada de esto con el Medicaid porque ellos lo tienen automático, un pareo entre 50 a 83 por ciento que reciben por ley. En el caso de Puerto Rico la ley estipula que sea de un 55 por ciento, aunque ya logramos que por los próximos cinco años tengamos esta aportación a nivel federal”, señaló mientras aseguró que es crucial atender esa disparidad en un territorio donde la mitad de la población está bajo ese programa.
“Esa es la partida que más nos duele porque significa que no podemos crecer, que no podemos dar servicios adicionales porque hay que buscar todo el tiempo no perder lo que ya tenemos”, dijo.
Diferencia abismal
Durante su intervención, la comisionada residente presentó números estadísticos que muestran la diferencia abismal que existe entre los términos de elegibilidad para programas de salud en los 50 estados y otros territorios, en comparación con Puerto Rico.
“La elegibilidad por nivel de pobreza de Puerto Rico es de $14,424, o un 85 por ciento, versus $36,000 que fue la media del estado de Mississippi – el más pobre de la Unión – o sea, en ese estado un maestro un policía o una enfermera pueden cualificar para Medicaid, pero en Puerto Rico, como no tenemos fondos suficientes, el gobierno ha tenido que poner un tope para proteger a los más vulnerables”, explicó González Colón.
“Estas son las disparidades que hacen que la gente tenga que decidir entre si se toma su medicamento o si come ese día”, lamentó.
La comisionada residente recalcó que se gastan aproximadamente $8,436 anuales un beneficiario en Medicaid en cualquiera de los 50 estados, mientras que, en el estado más pobre, la cifra desciende a $5,582. Sin embargo, subrayó la funcionaria, en el caso de Puerto Rico, donde se ha tenido la misma necesidad, solamente se gastan $2,142 por paciente de Medicaid.
“No hay manera de comparar, por eso es que estamos teniendo una merma poblacional, por eso es que la gente se monta en un avión y se va. Esta es una de las razones y no hay manera de competir cuando estamos tres y cuatro veces por debajo de lo que se invierte en la media nacional para atender condiciones de salud.”, dijo.
Varias medidas congresionales
González Colón aseguró que ya se han radicado varias medidas en Washington de las cuales algunas han sido aprobadas y otras se encuentran en proceso, pero se mostró confiada en que el esfuerzo bipartita logrado en diciembre pasado para aprobar los fondos de Medicaid, se replicará nuevamente.
“Hemos radicado varias medidas a nivel congresional, hemos aprobado algunas. Estos son otros proyectos que vamos a buscar cómo insertarlos como enmiendas en proyectos que se deben aprobar o de manera individual”, explicó.
La comisionada residente mencionó que uno de los proyectos busca eliminar el tope que tienen los territorios para el FMAP, medida que pudiera representar, según dijo, un impacto adicional de $6,000 millones al año para los territorios.
“La otra (medida) es quitarle el FMAP de 55 por ciento para Puerto Rico, que sigue estando en la ley, y que se nos permita utilizar lo mismo que el resto de los estados, asunto que nos llevaría a un 83 por ciento de FMAP por ley”, indicó.
“También lo que tiene que ver con la parte de prescripción, la parte D de Medicare, que nos permitiría que más de 500,000 beneficiarios en Puerto Rico, que tienen un ingreso por debajo del nivel de pobreza nacional, se puedan beneficiar del nuevo subsidio por ingresos. Esto pudiera representar hasta $2,500 millones en beneficios adicionales para la salud”, añadió.
Otro de los proyectos mencionados es el de la Parte B del Medicare, para evitar que los 39,000 beneficiarios de este programa dejen de pagar penalidades de por vida al no inscribirse en el programa luego de los 65 años.
“A nivel de Estados Unidos es al revés, es un ‘opt out’. O sea, usted esta automáticamente inscrito y usted es quien decide salirse. Aquí no, aquí si quiere estar en el programa es un ‘opt in’, o sea, usted tiene que pedirlo y si lo pidió fuera de tiempo tendrá penalidades de por vida y en Puerto Rico son aproximadamente $20 millones al año que esas 39,000 personas están pagando por penalidades por haberse inscrito tarde en la Parte B de Medicaid. Este proyecto busca eliminar eso de varias maneras”, indicó.
