Las sobredosis letales de fentanilo en las cárceles de Puerto Rico pudieran estar asociadas al uso de esta droga como arma dentro de los centros correccionales, así lo aseguró hoy el doctor Hernán Plaza, director del departamento clínico de Teen Challenge Puerto Rico durante su deposición en las vistas públicas sobre la Resolución de la Cámara 843 (RC 843) que realiza la Comisión de Bienestar Social, Personas con Discapacidad y Adultos Mayores de la Cámara de Representantes, presidida por Lisie Burgos Muñiz.
“Aprovecho para dejarle saber a la Comisión una información que llegó y me inquieta mucho”, indicó el galeno. “Cuando uno trabaja en estos medios le llega información por parte de los participantes de que probablemente algunas de estas muertes por sobredosis de fentanilo son provocadas como asesinatos en las cárceles, o sea, que se está utilizando la droga como un arma letal”.
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Plaza indicó que, al verificar las estadísticas de asesinatos en las cárceles y muertes por fentanilo, curiosamente las muertes reportadas como asesinatos han descendido mientras que las muertes por sobredosis de fentanilo han aumentado.
La presidenta de la Comisión concurrió con el doctor sobre reportes recibidos por la propia legisladora sobre esta posible tendencia.
“También uno recibe información y nos llama la atención de que confinados que nunca habían usado drogas, de momento las encuentran muertas por fentanilo y hay muchos cuestionamientos sobre eso entre la población penal. Ese ángulo a mí no me parece nada fantasioso”, aseguró Burgos Muñiz.
La RC 843 ordena realizar una investigación exhaustiva respecto a las causas de las muertes reportadas en los últimos tres (3) meses en las instituciones correccionales de Puerto Rico, incluyendo instituciones juveniles e instalaciones médico-hospitalarias del Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR).
La legisladora explicó que durante la deposición de la secretaria del DCR, Ana Escobar Pabón, esta aseguró que existen protocolos establecidos para atender la salud física y mental de la población penal, así como controles de escrutinio para evitar el contrabando de drogas en las instituciones penales, sin embargo, las muertes por sobredosis de esta droga continúan en ascenso.
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“Resulta alarmante que la principal causa de muerte dentro de las instituciones penales es causada por sobredosis con fentanilo, un opioide que llega de manera ilegal a las cárceles del país”, dijo.
Fácil de transportar
Uno de los aspectos más preocupantes del fentanilo esbozado por los deponentes fue que, debido a su composición química, resulta sumamente fácil transportarlo y contrabandearlo dentro de las instituciones carcelarias.
Durante las vistas se identificaron al menos cuatro áreas por donde el fentanilo puede estar siendo introducido, a través del área de la cocina, donde los confinados interactúan con personal civil; las visitas de familiares, a través del mismo personal correccional e incluso a través de la utilización de tecnología como la de drones para introducir la sustancia.
“El fentanilo es de 50 a 100 veces más potente que la heroína o la morfina, así que con menos cantidad se obtiene mucha más potencia. Eso pudiera ser un agravante en el proceso de poder distribuirla, porque se puede trabajar en pastillas o simplemente se puede untar en un papel y transportarla en forma de aceite”, señaló por su parte el doctor Israel Figueroa, director de finanzas y administración de Hogar CREA Inc.
“Según los datos anecdóticos que tenemos de los participantes del programa, el problema es en el corte, porque no es homogéneo, cuando lo cortan, como la potencia es tal, una partícula pequeña pudiera ser de contenido mayor y por ende puede producir la intoxicación”, añadió.
Según explicó Figueroa, las estadísticas más recientes del DCR indica que existen al menos 5,000 confinados que ingresaron a las cárceles mostrando ya trastornos de uso de sustancias mientras que 629 adquirieron el problema una vez fueron encarcelados.
Para 2021 se reportaron 80 muertes de confinados, 30 dentro de la institución, ocho en áreas médicas de la institución, siete en el Centro Médico Correccional, 30 en hospitales externos y cinco de los que no se tiene información.
Lentitud del DCR
Los deponentes criticaron también la presunta lentitud con que el DCR implementa programas de atención para adictos a drogas dentro de las cárceles del país.
“En Puerto Rico hay un proyecto de ley que se aprobó para poder autorizar a Salud y a la Oficina de Calidad de la Administración de Servicios de Salud y Contra la Adicción (ASSMCA) a poder repartir Narcan y pruebas de fentanilo en las calles, pero como siempre pasa en Puerto Rico, una cosa es la legislación y otra es ponerla en práctica”, lamentó Figueroa.
La naloxona, que también se distribuye bajo la marca Narcan, es un medicamento que se utiliza para revertir o reducir los efectos de los opioides y se usa comúnmente para contrarrestar la disminución de la respiración en una sobredosis de fentanilo.
“Por ejemplo, nosotros solicitamos Narcan al Departamento de Salud, teniendo nosotros una población de 1,500 participantes, y nos envían seis, siete u ocho días de suplido, y eso simplemente no responde a la necesidad”, dijo.
Por su parte, el reverendo José Martínez, presidente de Teen Challenge, organización internacional sin fines de lucro que ayuda a jóvenes y adultos a salir de las adicciones, lamentó también la falta de comunicación entre las agencias gubernamentales para expeditar el proceso de los confinados para recibir tratamiento ambulatorio fuera de las instituciones penales.
“Yo creo que es un aspecto interno de comunicación que tienen que atender. Tanto el DCR como la Junta de Libertad Bajo Palabra tienen que facilitarse la información mutuamente. Yo creo que esa es básicamente la razón de la lentitud”, aseguró Martínez.
“Entiendo que se está afinando ese proceso, pero en lo que se logra esa comunicación, hay personas que pierden la posibilidad de llegar hasta nosotros para poder tratarles su adicción y llevarlos a la libre comunidad”, añadió.
Los deponentes recomendaron que se aumente el tratamiento de adicción en prisión y se promueva el que las personas con penas altas puedan participar. También que se aumente el suministro de Narcan en las áreas comunes y en los empleados qua atienden a esta población.
Asimismo, recomendaron que se continúen utilizando las vías de desvío para confinados y que sea un proceso ágil para que reciban el tratamiento.
