Ivelisse Rivera-Padilla y Carla Carrillo-Torres, junto a la empresa VIP Healthcare Solutions, Inc. fueron acusadas formalmente por un Gran Jurado federal por quiebra fraudulenta, esquema de lavado de dinero, fraude al Programa de Protección de Cheques de Pago (PPP) y fraude bancario, anunció W. Stephen Muldrow, fiscal federal para el Distrito de Puerto Rico.
Ivelisse Rivera-Padilla, presidenta de VIP Healthcare, fue acusada en un esquema de fraude de quiebra por hacer representaciones materialmente falsas desde marzo de 2017 hasta mayo de 2022 para defraudar durante su procedimiento de quiebra. Además, está acusada de 10 cargos por ocultar activos durante su proceso de quiebra y tres cargos de hacer declaraciones falsas en relación con dichos procedimientos de quiebra.
PUBLICIDAD
La acusación formal alega que durante el procedimiento de quiebra, Rivera-Padilla ocultó bienes e ingresos y no reveló al síndico encargado del control de la propiedad del deudor y a los acreedores y al Síndico de los Estados Unidos todo el patrimonio de la quiebra durante el curso de su procedimientos de quiebra, incluidos, entre otros, la creación, operación, propiedad y control de VIP Healthcare.
Se alega que el o alrededor del 23 de junio de 2017, Rivera-Padilla incorporó VIP Healthcare, y el o alrededor del 30 de junio de 2017, firmó un contrato entre VIP Healthcare y el Municipio de Cataño para administrar el Centro de Diagnóstico y Tratamiento “Job Andujar”. El contrato otorgó a VIP Healthcare $1,134,000 pagados en cuotas mensuales de $189,000.00. Entre 2017 y 2022 se ejecutaron contratos adicionales entre VIP Healthcare y el Municipio de Cataño por un monto superior a $9,000,000. Rivera-Padilla accedió, controló y usó más de $1,000,000 de estos ingresos de las cuentas bancarias de VIP Healthcare para su uso y beneficio personal sin revelar dichos ingresos durante su proceso de bancarrota.
La acusación formal alega además que Rivera-Padilla ocultó la compra de un apartamento ubicado en el condominio Golf & Playa en Cabo Rojo por $270,000.00, y un terreno de 2,159.5152 metros cuadrados ubicado en Rainforest and Sea View Resort en Luquillo, por $275,000. Rivera-Padilla también ocultó la creación y participación en otra entidad corporativa conocida como Farmacia Libertad, así como los ingresos de un negocio de alquiler de propiedades a través de AirBnB.
Los demandados Rivera-Padilla, Carrillo-Torres y VIP Healthcare enfrentan 28 cargos de lavado de dinero basados en transacciones individuales realizadas con fondos ocultos durante el proceso de quiebra. Estas transacciones se realizaron para comprar múltiples propiedades e inmuebles para Rivera-Padilla y Carrillo-Torres.
Además, Carrillo-Torres y VIP Healthcare están acusados de hacer declaraciones falsas en relación con un préstamo del Programa de Protección de Cheques de Pago (PPP) de $249,755.35.
PUBLICIDAD
Si es declarada culpable, Carla Carrillo-Torres puede ser sentenciada a una pena máxima de prisión de 30 años y una multa de $1,000,000. Por cada cargo de lavado de dinero Rivera-Padilla y Carrillo-Torres enfrentan hasta 10 años de prisión. Además, Rivera-Padilla también enfrenta hasta 5 años de prisión por cada cargo de fraude de bancarrota. VIP Healthcare enfrenta multas monetarias, entre otras sanciones, por cada cargo de condena.
“Los demandados utilizaron los procedimientos de quiebra para defraudar al Programa de Fideicomisarios de los Estados Unidos y a los acreedores. También usaron ilegalmente los fondos de ayuda de COVID para beneficiarse a sí mismos”, dijo el fiscal federal Muldrow. “La Oficina del Fiscal de los EE. UU. se mantiene alerta en el esfuerzo por hacer cumplir las leyes de bancarrota y castigar a quienes desviaron y usaron ilegalmente fondos críticos de COVID para su propio beneficio personal”.
“Junto con el fiscal federal Muldrow y nuestros socios encargados de hacer cumplir la ley, continuaremos persiguiendo el fraude y el abuso en los casos de bancarrota”, declaró Mary Ida Townson, fideicomisaria de los EE. UU. para Georgia, Florida, Puerto Rico y las Islas Vírgenes (Región 21).
Reacciona el alcalde de Cataño
El alcalde de Cataño, Julio Alicea Vasallo, indicó, en declaraciones escritas, que terminó con los servicios de la corporación VIP Healthcare Solutions en la administración del CDT.
“Desde que asumí el cargo, hace 14 meses, he sido consistente en que todos los contratos del Municipio de Cataño han estado y están bajo evaluación continua, siempre velando porque los servicios esenciales no se vean interrumpidos De igual forma, tenemos una responsabilidad suprema de administrar los fondos del erario de forma correcta y honesta. Sopesando esos principios fundamentales, hemos decidido terminar los servicios de la corporación VIP Healthcare Solutions en la administración del CDT de nuestro pueblo, garantizando una transición ordenada de forma tal que no se afecten los servicios que allí reciben nuestros conciudadanos. Hoy firmé la carta dirigida a esos fines Los tiempos nos exigen eliminar todo cuestionamiento que pueda tener cualquier contratación con fondos públicos. Se continuará con el proceso para seleccionar la entidad que se encargará de la administración de nuestro CDT en un proceso competitivo y transparente. A nuestros pacientes les dejamos saber que los servicios no se verán afectados. Continuaremos teniendo como norte una mejor calidad en los servicios de salud para nuestro pueblo.”, leen las expresiones.
