En la continuación de las vistas públicas que realiza la Comisión de Turismo y Cooperativismo de la Cámara de Representantes para evaluar la creación de la Ley para Regular el Arrendamiento a Corto Plazo en Puerto Rico, Airbnb, principal empresa digital de alojamientos a corto plazo, tronó en contra de la disposición de la medida que propone prohibir este tipo de alquileres en más del 30 por ciento de las viviendas en zonas residenciales si no obtienen un permiso de uso comercial.
En la Sección 5, inciso C, del Proyecto de la Cámara 1557 (PC 1557), se indica que “todo anfitrión que opere una alojamiento a corto plazo en una zona residencial, solo podrá utilizar el 30 por ciento de la unidad para esos fines”. Para poder utilizar más de ese espacio, el anfitrión deberá obtener de la Oficina de Gerencia de Permisos (OGPe) una variación de uso de residencial a una comercial.
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No obstante, Carlos Muñoz, director de políticas públicas de Airbnb para el Caribe y Centro América, aseguró durante su deposición ante la Cámara baja que dicha medida podría tener un efecto devastador en los espacios arrendados a corto plazo que contribuyen a la economía local.
“El PC 1557 es un buen punto de partida para crear reglamentación justa, pero lamentablemente incluye algunas provisiones que pudieran tener un impacto devastador sobre el sector turístico de la isla y que pudiera eliminar una fuente generadora de visitantes, entradas económicas para miles de ciudadanos y millones de dólares en ingresos públicos de los cuales dependen entidades como la Compañía de Turismo y el ‘Destination Marketing Organization’ (DMO)”, aseguró Muñoz durante su ponencia.
El portavoz de la empresa recordó que Airbnb ha recaudado para la Compañía de Turismo de Puerto Rico más de $60 millones por concepto del impuesto por el canon de ocupación de habitación desde 2017 y que el 92 por ciento de la comunidad de anfitriones de Airbnb son residentes de la isla. De estos, el 43 por ciento son mujeres y uno de cada cinco anfitriones son personas de la tercera edad.
“Según una encuesta realizada por Airbnb en 2022″, indicó Muñoz, “los anfitriones de Puerto Rico han decidido compartir su espacio a través de la plataforma para cumplir con varias obligaciones personales. Alrededor del 35 por ciento de estos ofrecen sus espacios para ganar dinero para llegar a fin de mes, un 48 por ciento comparte su espacio para ganar dinero extra para gastos y más del 50 por ciento afirma que los ingresos que recibe por parte de su espacio le han ayudado a seguir viviendo en sus casas”.
“Mas del 60 por ciento afirma que utiliza el dinero que gana para cubrir necesidades como comida y otros castos que se han encarecido”, dijo.
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Muñoz aseguró además que estos anfitriones han sido un factor decisivo en la recuperación del sector turístico de Puerto Rico luego del impacto de huracanes y la pandemia del Covid-19.
“En Puerto Rico, los alojamientos suplementarios a corto plazo han contribuido al desarrollo económico de una manera impresionante”, añadió.
Muñoz mencionó que un estudio realizado por Oxford Economics, empresa líder en pronósticos económicos globales y análisis econométrico, indica que durante 2021 el gasto de visitantes que reservaron a través de Airbnb en diversos sectores como restaurantes, transporte y entretenimiento fue de $1,700 millones a nivel global, sin incluir el gasto de alojamiento. Según el portavoz de la empresa, Oxford Economics proyecta que este gasto superará los $8,000 para 2025.
“Recomendamos que el proyecto defina claramente el porcentaje del canon de ocupación que le corresponderá a los municipios cualificados y el método de distribución de los fondos. Consideramos importante que, para promover la participación de los municipios la transparencia y estabilidad fiscal a largo plazo, es importante que el tema fiscal quede definido en la legislación y no en los procesos regulatorios de las agencias estatales”, aseguró Muñoz durante su ponencia.
“En caso de que ese artículo se mantenga, podría afectar a miles de boricuas que al día de hoy dependen de la renta de sus hogares para obtener ingresos extras. La segmentación y limitación en zonas residenciales generará complejidad en la operación tanto para las autoridades como para los anfitriones y para las mismas urbanizaciones. En una zona residencial los puertorriqueños que dependen de los ingresos que generan con el alquiler a corto plazo se les hará imposible lograr una variación para obtener un permiso de uso comercial, eliminándolos de la oferta turística de la cual tanto dependen”, añadió mientras aseguró que esta limitación atenta contra la libertad de los dueños de propiedades de hacer uso de las mismas para obtener ingresos adicionales.
Según datos ofrecidos por Airbnb, en promedio, entre enero y septiembre de 2022 una propiedad completa en Puerto Rico se rentó aproximadamente 80 noches, mientras que los cuartos privados se rentaron un promedio de 27 noches.
Muñoz argumentó que esta limitación no solo afectaría la capacidad de los dueños de propiedades de generar un ingreso adicional, sino que también reduciría el inventario de alojamientos a corto plazo y por consiguiente los recaudos de otros sectores como restaurantes, transporte y entretenimiento, entre otros.