Las agencias del gobierno de Puerto Rico así como las corporaciones públicas mantienen una deuda millonaria con la Autoridad de Edificios Públicos (AEP).
El total de la deuda sobrepasa los $259 millones. Específicamente, $259,613,583.78.
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Así trascendió en una audiencia pública que realizó el martes la Comisión de Innovación, Telecomunicaciones, Urbanismo e Infraestructura del Senado, que atendió la Resolución del Senado 235 que pretende investigar las deudas que mantienen las agencias del Gobierno la AEP.
Yamil J. Ayala Cruz, director ejecutivo de la AEP, expresó en la vista que “el total del balance adeudado (al 13 de febrero de 2023) de las agencias y corporaciones públicas asciende a un total de $259,613,583.78, siendo la Administración de Tribunales y el Departamento de Educación, dos de los mayores deudores”.
Durante la vista pública salió a relucir que la AEP tiene un déficit en caja, para este año, de sobre $28 millones.
Ayala Cruz también enfatizó que “los cánones de arrendamiento actuales no se atemperan a los costos reales que implica el mantenimiento de estas estructuras públicas. Por lo tanto, resulta imperativo que los mismos sean revisados, de forma tal que la AEP cuente con los recursos económicos recurrentes para proveer el mantenimiento y las mejoras capitales permanentes que estas requieren”.
El funcionario hizo un llamado a que se atienda el asunto de las deudas pendientes viejas por concepto de rentas y que “el presupuesto del próximo año fiscal de la Autoridad de Edificios Públicos debe atenderse de forma minuciosa y con mucha seriedad para que podamos contar con los recursos para poder operar”.
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Por su parte, Roberto Rivera, asesor legislativo de la Oficina de Gerencia y Presupuesto, expresó que “desde nuestra área de pericia señalamos que el Presupuesto certificado del Gobierno de Puerto Rico contiene asignaciones específicas para el pago de los arrendamientos corrientes que puedan tener las agencias del Gobierno de Puerto Rico con la AEP. De esta manera, se pueden evitar situaciones del pasado que promuevan incumplimientos con la corporación pública que puedan evitar la prestación de sus servicios. Asimismo, siempre nos hemos puesto, para atender por la vía administrativa y presupuestaria, requerimientos de recursos adicionales de las agencias”.
Mientras tanto, Jeirca Medina Pagán, special advisor de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal, dijo que “estamos convencidos de que la determinación del Tribunal en cuanto al plan de reestructuración de la AEP, además de atender las obligaciones previamente asumidas por dicha agencia, permitirá tanto a la AEP como a las agencias que arriendan sus inmuebles, el negociar contratos de arrendamiento que resulten convenientes para ambas partes. A su vez, la renegociación de los referidos contratos de arrendamiento permitirá establecer pautas que promuevan y adelanten la solvencia de la AEP, así como condiciones que garanticen el cabal cumplimiento de aquellos deberes y responsabilidades que le fueron delegados por ley a dicha agencia”.
